ANÁLISIS MENSUAL

Junio 2000

ASUNTOS ECONÓMICOS

La nueva legislación tributaria en Guatemala en el marco del Pacto Fiscal

Luego del Pacto Fiscal suscrito en mayo, la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, como seguimiento al proceso, conformó dos instancias: una, la Comisión de Seguimiento del Pacto Fiscal y la Comisión Ad Hoc. La primera con el objetivo de velar por que se de cumplimiento a la serie de Principios y Compromisos acordados en el Pacto, mientras que la segunda, instalada con temporalidad definida, debía discutir las medidas de carácter meramente tributario. Esto último en atención del Compromiso ‘Estabilidad y Certeza’ contemplado en el Pacto Fiscal, el cual dicta que "Para cumplir con el compromiso de incrementar la carga tributaria en el año 2002 al 12% del PIB, se realizará una sola reforma tributaria en el transcurso del año 2000 para el período 2000-2004, la cual se enmarcará en los principios y compromisos del presente Pacto. Dicha reforma se acompañará con medidas encaminadas a ampliar la base tributaria. Las medidas adicionales de orden no tributario que aseguren la reforma fiscal integral contenida en el presente Pacto se implementarán a lo largo del período 2000-2003".

En su primera etapa, la discusión de la Comisión Ad Hoc involucró a representantes del sector privado empresarial, organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación, participando la Comisión de Acompañamiento como facilitadora. Inicialmente se tuvo previsto que los resultados de esta comisión fueran presentados al Organismo Ejecutivo para que éste los trasladara como proyectos de ley al Organismo Legislativo, para su discusión y posterior aprobación. No obstante y dada la premura del tiempo, el Ministerio de Finanzas Públicas, como instancia del Organismo Ejecutivo, envió una propuesta no consensuada por los participantes del Pacto Fiscal al Congreso de la República. Esta entrega aceleró las negociaciones en la Comisión Ad Hoc y por tanto un día después se entrega al Congreso de la República el ‘Acuerdo Político para el Financiamiento de la Paz, la Democracia y el Desarrollo’, alcanzado por el CACIF y las organizaciones de la sociedad civil. La entrega de este último causó confusión entre los mismos diputados al Congreso y en la ciudadanía en general, dado que aún cuando el Ministerio de Finanzas

Públicas había brindado apoyo en las negociaciones de la Comisión Ad Hoc, parecía que ahora lo retiraba.

En un inicio este Acuerdo Político no fue tomado en cuenta por el Organismo Legislativo sin embargo, tras presiones ejercidas en los diversos medios de comunicación, y con el apoyo expreso de la Presidencia de la República, se da inicio a una nueva instancia negociadora, encargada de compatibilizar ambas propuestas. De esta nueva mesa participan el gobierno, el Congreso, las organizaciones sociales y empresariales.

Si bien esta instancia debió pronunciarse sobre todos los tributos a ser modificados, el período de imposición bajo el cual se rige el impuesto sobre la renta (ISR) hizo necesario su aprobación inmediata, postergando el tratamiento de los demás temas (como el impuesto al valor agregado y el tema de privilegios fiscales).

El 30 de junio se publica en el Diario de Centroamérica, el DC 44-2000, ‘Ley de supresión de privilegios y beneficios fiscales, de ampliación de la base imponible y de regularización tributaria’, vigente a partir del 1ro de julio de este año. Las principales reformas promulgadas son:

La primera semana de julio se inicia la discusión del resto de la agenda tributaria, específicamente el tema del aumento al impuesto al valor agregado (IVA) y el tema de exenciones y exoneraciones fiscales. Sobre estas discusiones cabe hacer las siguientes reflexiones.

Existe un compromiso derivado de los Acuerdos de Paz para que la carga tributaria para el año 2002 alcance el 12% del producto interno bruto del país. De tal cuenta, todas las modificaciones ya realizadas y aquellas por realizarse, deben atender a la necesidad de incrementar los ingresos fiscales.

Partiendo de estimaciones hechas por diversas entidades, no se alcanzará la meta prevista de no ser aprobado el IVA. Como una opción al IVA el Ministerio de Finanzas en un inicio propuso la implementación de un impuesto a la compra y venta de divisas (ICVD). No obstante, un análisis breve de ambas alternativas permite concluir sobre la poca viabilidad del ICVD, ya que una imposición a las operaciones cambiarias estaría prácticamente recayendo sobre el comercio exterior, lo cual fomentaría prácticas como la subfacturación de exportaciones con el fin de evadir el impuesto sobre la venta de divisas, las cuales los exportadores están obligados a reportar. Por otra parte, de implementarse este impuesto no sería viable la eliminación del principio de concentración de divisas, ya que sería imposible para el banco central controlar las transacciones en divisas. Finalmente, el ICDV daría un nuevo impulso a los mercados paralelos de divisas, con lo cual se esperaría que el movimiento de divisas se trasladara del sistema financiero nacional a uno de informalidad.

Sería así como el IVA, en la coyuntura actual, se perfila como el único impuesto con el cual se lograría alcanzar la meta del 12%, lo que a su vez permitiría destinar los recursos necesarios para cumplir con los niveles de gasto social que requiere el país. Si bien su implementación es altamente controversial, cabe indicar que algunos estudios señalan que el impuesto al valor agregado adquiere un grado leve de progresividad al considerar el consumo de las personas de menores ingresos y los lugares donde obtienen sus bienes, los cuales en ocasiones no están afectos al pago del impuesto. Es un impuesto que afecta de forma generaliza el consumo, pero no causa mayores distorsiones en los mercados, con lo que se evitaría la asignación ineficiente de recursos en la economía.

En relación al segundo tema pendiente de discusión, las exoneraciones y exenciones contenidas en la ley de zonas francas y de fomento y desarrollo de la actividad exportadora y de maquila, se hace necesario cumplir con lo ya estipulado en el Compromiso de ‘Asignación Eficiente de Recursos’, donde se especifica "…la conformación gradual de un sistema tributario eficiente, mediante la revisión, en el año 2000, de los privilegios, exenciones y exoneraciones fiscales existentes, con el objeto de eliminarlos gradualmente." Esto implica que el tema debiera ser tratado sobre la base de fundamentos técnicos que permitan sopesar los efectos de su eliminación en términos de empleo en contraposición a sus beneficios en términos de ingresos fiscales. Una vez analizados los mismos, entonces se deberá implementar, de considerarse procedente, un proceso gradual de eliminación de incentivos fiscales.

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ASUNTOS SOCIALES

La seguridad ambiental: una necesidad urgente

El concepto de seguridad ambiental se refiere a la prevención y manejo de riesgos que el Estado y la Sociedad Civil hacen frente a posibles amenazas originadas por factores ambientales. Este concepto surgió por primera vez en 1982 en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Entre los acontecimientos relacionados con el ambiente, y que podrían amenazar la seguridad de nuestros pueblos están los llamados desastres naturales, que incluyen terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, sequías, tormentas y otros. Sin embargo el mero fenómeno natural no provocaría la cantidad de daños humanos y económicos que suceden en Guatemala, si no fuese por las condiciones de vulnerabilidad debidas a la situación de precariedad social y la debilidad institucional frente a este tipo de eventos. Procesos de degradación del ambiente y los recursos naturales, como la deforestación, erosión, desertificación y contaminación de aguas pueden magnificar un desastre natural, comprometiendo aún más la seguridad ambiental nacional. También la seguridad de los habitantes puede verse amenazada por eventos exógenos de carácter global como el cambio climático, que ubica a todos los países en condiciones de vulnerabilidad debido a los cambios atmosféricos. Otro evento ya muy común en nuestros espacios urbanos es la contaminación ambiental del aire, agua y suelos. Tanto el cambio climático como la contaminación, son procesos acumulativos cuyos efectos pueden verse a largo plazo.

El mal uso, la escasez, falta de acceso y mala distribución de los recursos naturales agrava aún más la seguridad alimentaria. Esto estaría relacionado también con condiciones económicas, como el modelo de desarrollo hacia afuera basado en la agroexportación y la desigualdad socioeconómica, que no contribuyen a consolidar el mercado interno. Es obvio el agotamiento de la riqueza de flora y fauna en los mares, océanos y ecosistemas terrestres, donde las estadísticas muestran que a nivel mundial una especie se pierde cada 20 minutos. Esto además de comprometer la estabilidad y armonía de los ecosistemas, representa la pérdida de nuestra riqueza económica y posibles ventajas comparativas en materia de desarrollo turístico y otros servicios ambientales.

Relacionado con lo anterior, la seguridad afectada por la escasez y la distribución de recursos naturales provoca, de hecho en algunas zonas la conflictividad y la violencia. Se podrían predecir estos conflictos, enfrentamientos transfronterizos o regionales, e incluso enfermedades originadas por la falta de agua y alimentos provocando con ello mayor crisis social. Un ejemplo es la mala distribución, uso y regulación del recurso agua causante de conflictos de interés entre entidades del Estado y entre sectores sociales y entidades privadas. Esto se agrava con el aumento de la población que ha de ser servida, siendo esto notable por la falta de ordenamiento territorial. Es prudente anticiparse a las migraciones poblacionales debidas a la escasez de recursos naturales, causando la aparición de refugiados ambientales -definición adoptada por Naciones Unidas-.

Se debe reconocer la importancia del ambiente y la protección del mismo, así como el vínculo que existe entre ambiente y desarrollo y por consiguiente la valorización de los recursos naturales. La inclusión de seguridad militar profesional dedicada a la protección del ambiente, deberá ser discutido en profundidad con todos los sectores sociales, especialmente en regiones que viven etapas de post-conflicto. En todo caso, si las fuerzas armadas participan en seguridad ambiental, deberán hacerlo bajo las órdenes de las autoridades civiles a cargo del sector.

En Guatemala, con la firma de la paz en 1996 el tema de la seguridad es un tema amplio "que no se limita a la protección contra las amenazas armadas externas, a cargo del Ejército, o la protección contra las amenazas del orden público y seguridad interna, a cargo de la Policía Nacional Civil. El conjunto de los Acuerdos de Paz de Guatemala plantea que la paz firme y duradera requiere del respeto a los derechos humanos, del desarrollo económico del país y debe responder al carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la Nación guatemalteca …".

Dentro de este concepto "la seguridad ciudadana y la seguridad del Estado son inseparables del pleno ejercicio por los ciudadanos de sus derechos y deberes políticos, económicos, sociales y culturales". La seguridad ambiental queda implícita en una forma transversal en la seguridad política, económica, social y cultural. Para implementar este concepto de seguridad como se enunció en los Acuerdos de Paz, la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE) ha de coordinar todas las fuerzas civiles y militares, asesorando al Presidente de la República en esta tarea de servicio de protección a la naturaleza. En este contexto debe considerarse la creación de un Consejo Asesor de Seguridad, donde tendrían que estar representados los sectores académico, social, profesional, político y cultural del país.

La vinculación de la seguridad ambiental y la seguridad alimentaria, contribuiría a democratizar y desmilitarizar el viejo concepto de seguridad nacional superado en los Acuerdos de Paz.

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ASUNTOS POLÍTICOS

Propuestas de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos

Como consecuencia de una serie de reuniones tenidas al respecto, un nuevo grupo de 17 propuestas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos fue presentada a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, por personas individuales y diversas organizaciones de la sociedad, en un intento más por contribuir a su discusión. La lectura de las mismas permite determinar importantes convergencias que requerirán del análisis profundo y exhaustivo por parte de dicha Comisión a fin de que su dictamen sobre las mismas incorpore lo valioso de esta iniciativa.

La Comisión tendrá ante sí una oportunidad que contribuye a ampliar la legitimidad de la reforma, producto del consenso alcanzado entre grupos de la sociedad guatemalteca tendiente a fortalecer el sistema político y la representatividad.

Esta iniciativa viene a sumarse a las que han presentado otras entidades y centros de estudio que plantean una reforma integral a la ley y por consiguiente al régimen electoral vigente. Una lectura de las mismas permite distinguir el planteamiento de 6 temas como sujetos de posible modificación:

1. Ciudadanía y Voto
2. Organizaciones Políticas
3. Financiamiento
4. Propaganda
5. Autoridades y Órganos Electorales
6. Proceso Electoral

De los temas en mención solamente 4 muestran puntos de intersección significativos:

Con la suscripción de los acuerdos de paz en diciembre de 1996, se hizo evidente que para lograr la democratización de Guatemala, era necesario aumentar la participación y la representatividad. Parte de este debate se desarrolló por un lado, en torno a la tarea impostergable de construir partidos de nuevo tipo, con credibilidad y auténticos instrumentos de intermediación entre la sociedad y el Estado; por otra parte, se trata de fomentar y consolidar a los comités cívicos electorales como otras opciones tendientes a lograr una mayor participación política y ciudadana. Éste último tema en particular, ha despertado una fuerte oposición partidaria por razones obvias.

Por su parte, el tema de las cuotas de participación, ha generado diversas opiniones no sólo en el contexto guatemalteco sino en todos aquellos países en que se ha planteado, habiendo algunos que han incorporado esta reforma a su ley electoral. Una reforma en este sentido debe ser analizada sobre la base de estudios que muestren además de su viabilidad y conveniencia en el sistema político guatemalteco, su constitucionalidad.

En cuanto al proceso electoral, las propuestas consideran la conveniencia de retornar a la modalidad anterior, a fin de que las elecciones de corporaciones municipales se realicen en fecha, diferente de la de los comicios generales con el fin de lograr mayor independencia en la elección de autoridades municipales y obtener mayor participación e interés local .

La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso debe determinar la conveniencia o inconveniencia de las reformas propuestas ya que, si bien varias de ellas provienen de esfuerzos individuales o de sectores determinados, otras son fruto del esfuerzo y del ejercicio analítico y democrático realizado por varias organizaciones y centros académicos que reconocen su importancia para mejorar el sistema electoral guatemalteco. Su decisión debe ser el resultado del análisis jurídico-político de cada una de ellas, que tome en cuenta el interés nacional superando los intereses partidarios.

Tomando en consideración el número de propuestas elaboradas y la variedad de su contenido, resulta conveniente la realización de alianzas estratégicas entre los diversos proponentes, buscando encontrar coincidencias viables y pertinentes a manera de dar mayor solidez al proceso y aumentar las posibilidades de incidencia en las deliberaciones al interior del Congreso de la República para obtener su aprobación. Finalmente debe tomarse en consideración que las propuestas mencionadas habrían de aumentarse con la necesaria regulación del proceso de consulta popular que requiere de normas claras y precisas, como ha propuesto ASIES, habida cuenta que existen posibilidades de requerir de una consulta popular en asuntos tales como la resolución del diferendo Guatemala-Belice, y en su caso, el diferendo Guatemala-Honduras, en vista de la decisión unilateral del Congreso de Honduras. Además deberían crearse otras figuras electorales como la incorporación del recurso de revocatoria de mandato y el establecimiento de nuevas circunscripciones electorales que sean compatibles con las disposiciones constitucionales.

La aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos determinará la creación de un modelo político más participativo e incluyente que garantice el perfeccionamiento y la sostenibilidad de la democracia guatemalteca.

Entorno político de Guatemala durante el primer semestre del 2000 se caracterizó por su signo negativo

El entorno político de Guatemala durante el primer semestre del año 2000 ha estado determinado por las naturales expectativas generadas por el inicio de todo nuevo gobierno, incrementadas en esta oportunidad por las ilusiones que en algunos sectores de la población provocaron las ofertas formuladas por el candidato presidencial triunfador en las elecciones generales celebradas a finales de 1999. Sin embargo, aunque el nuevo presidente y el partido que lo respaldó asumieron la conducción del país como resultado de un amplio respaldo de electores, los primeros seis meses de la administración Portillo-FRG se caracterizaron por la ausencia de un programa concreto de gobierno y por improvisaciones, contradicciones e incoherencias, lo que en síntesis se ha traducido en una errática conducción de los organismos Ejecutivo y Legislativo. Este desconcierto ha generado, entre los diversos sectores sociales, confusión e incertidumbre sobre la estabilidad política, económica y social del país, así como sobre la capacidad de gobernabilidad del sistema político en el mediano plazo.

El presidente Portillo, de imagen progresista y discurso populista, pero apoyado por un partido netamente conservador, da la impresión de haber adquirido diversos compromisos con los más variados grupos a cambio de su respaldo electoral. De esta suerte, el gabinete y plantel de gobierno que pudo conformar –aunque lo presentó como una manifestación de apertura y pluralismo- es sumamente heterogéneo y por lo mismo carente de una concepción estratégica compartida por todos, pues es evidente que cada grupo pugna por que prevalezca su agenda. En la práctica, más allá del reiterado discurso populista del que el Presidente hace gala en la mayoría de sus intervenciones públicas, el actual gobierno constituye una expresión más del clásico reparto patrimonialista del poder, agravado por casos de compadrazgo, nepotismo y tráfico de influencias.

La complejidad del escenario político vivido por los guatemaltecos durante este semestre se hace más patente con la incorporación de uno de los actores de mayor poder e influencia en este gobierno y en el país, el General (r) Efraín Ríos Mont, como Presidente del Congreso de la República y reelecto en el mes de mayo como Secretario General del gobernante partido FRG, cargo que ejerce desde la fundación del mismo en 1989. Debido a las diversas tendencias y agendas presentes en el gobierno de Guatemala, pero particularmente a la determinante influencia del Presidente del Congreso, algunos analistas consideran que el país es dirigido por un gobierno bicéfalo, en el que la cabeza presidencial es la que tiene menos poder real, a pesar del hábil manejo propagandístico que el Ejecutivo hace de su imagen y limitada gestión.

Para complementar esta visión general, cabe destacar que una de las fortalezas externas del gobierno, aunque al mismo tiempo es una debilidad del proceso de democratización, lo constituye la ausencia de una activa y efectiva oposición política. Por un lado, la representación parlamentaria del Partido de Avanzada Nacional (PAN) no sólo se ha sumido en contradicciones y conflictos internos que han desembocado prácticamente en la división del partido, sino que ha llegado al extremo de contradecir posiciones y planteamientos que propuso e impulsó cuando ejerció (1996-2000) el gobierno. Por el otro, la representación de la Alianza Nueva Nación, que en un principio suscitó cierta esperanza en cuanto a que ejercería una oposición más consecuente con su trayectoria histórico-programática, ha manifestado debilidad, inexperiencia y descoordinación entre los diversos componentes políticos que la integran.

En lo que se refiere a los actores sociales, en términos generales puede afirmarse que la mayoría de organizaciones sociales y populares se ha comportado con prudencia, en un aparente compás de espera, de duración no definida, en favor del presidente Portillo. Vale la pena señalar la posición propositiva del sector empresarial organizado en torno al CACIF, el que superando posiciones confrontativas que lo caracterizaron en el reciente pasado ha demostrado una insólita disposición para la negociación y la concertación. Dado que en el contexto de la sociedad guatemalteca los medios de comunicación social desempeñan una gran influencia en la formación de la opinión pública, cabe destacar que si bien el Presidente Portillo trató en un principio de ganarse la simpatía y tolerancia de la prensa, declarando su irrestricta adhesión a la libertad de expresión y anunciando una política de puertas abiertas y de comunicación permanente con los periodistas, la relación gobierno-prensa se deterioró rápidamente, como resultado de señalamientos y denuncias realizados por los medios de comunicación.

En definitiva, el país vive un clima de confusión e incertidumbre generado por la falta de claridad y de certeza en cuanto a los proyectos político y programático concretos que orientarán la gestión del nuevo gobierno, a lo largo de los tres años y medio que le restan. A estas debilidades hay que agregar algunas amenazas como la persistencia, en el ámbito internacional, de factores adversos que han afectado el desarrollo de la economía nacional, así como el notorio incremento de la delincuencia común, particularmente en las áreas urbanas, con la consiguiente difusión de un sentimiento de inseguridad pública agravado por una fuerza de policía débil e inexperta, lo que en su conjunto ha contribuido a que el entorno político del país durante el primer semestre del 2000 haya tenido un carácter mayoritariamente negativo, lo que sobre todo se ha evidenciado en un preocupante estancamiento de la economía.

Los grandes temas de debate durante el primer semestre del 2000

Cuando el nuevo gobierno asumió sus funciones encontró cantidad de diversas agendas de lo que debería hacer para proseguir el proceso de fortalecimiento del Estado de Derecho, de consolidación de la democracia, de afirmación del proceso de paz y de concreción del desarrollo humano sostenible de la sociedad guatemalteca.

Sin embargo, tanto en el discurso de toma de posesión de la presidencia como en los siguientes meses, los issues mayormente manejados por el gobernante y sus principales funcionarios han girado en torno a temas generales, sin traducirse en políticas públicas concretas, debida y ampliamente concertadas. Así, se ha reiterado que se trata de un gobierno al servicio de los pobres y no de los empresarios; que el respeto a los derechos humanos será prioritario, destacando el de la libertad de expresión; que los acuerdos de paz tienen carácter de compromisos de Estado, por lo que se respetarán y ejecutarán en su totalidad, poniendo especial énfasis en la supremacía del poder civil sobre el militar; que se dará prioridad a la educación y dentro de ésta a la alfabetización; y que se revisarán las privatizaciones que se consideren lesivas a los intereses populares, con especial referencia a la de la compañía telefónica nacional.

Estos planteamientos han sido sobre todo declarativos, caracterizados con grandes dosis de populismo, y en algunos casos con actitudes agresivas que han generado confrontación entre funcionarios del propio gobierno, entre los organismos ejecutivo y legislativo y con varios sectores. Si bien el gobierno ha propuesto, como vía de negociación y concertación entre los diversos sectores de la sociedad, la necesidad de promover un "pacto de gobernabilidad", al cual el presidente Portillo convocó formalmente a finales de enero, hasta fines de junio se desconocía el estado de avance del mismo. En parecidas condiciones se encuentra otro de los planteamientos claves del discurso presidencial, relacionado con la promoción de la descentralización administrativa del Estado.

Vigencia del Estado de Derecho. En términos generales ha estado sometida a presiones indebidas, pues se han irrespetado normas y procedimientos, imponiendo la voluntad e intereses del gobierno y del partido gobernante, incluso reformándose leyes en forma casuística y acomodaticia.

Situación de los derechos humanos y de la seguridad ciudadana. Aunque es indudable que en este campo han habido logros objetivos en los últimos años, es importante destacar que el esclarecimiento del asesinato del Obispo Gerardi no ha tenido avances significativos, a pesar que dos exmilitares han sido formalmente acusados por la fiscalía como responsables del mismo. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado indicios de limpieza social, diversas amenazas contra periodistas y activistas de derechos humanos, varios casos de desapariciones no investigadas y el cierre, poco claro, de un programa televisivo en el que se criticaban los actos del gobernante. El relator especial de derechos humanos y libertad de expresión de la OEA visitó el país en abril, en respuesta a diversas denuncias en tal sentido.

Entre las novedades en este ámbito cabe mencionar la presentación ante las Cortes Españolas, por parte de la Premio Nobel Rigoberta Menchú, de una denuncia criminal contra varios exoficiales superiores, entre los cuales se encuentra el Gral. Ríos Mont, por la comisión de violaciones a los derechos humanos en la década de los 80. Igualmente se han formalizado acusaciones contra varios militares por la conocida como "Masacre de las Dos Erres", también ocurrida a principios de tal década. En el mes de mayo la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE) denunció haber encontrado dentro de su sistema informático un archivo secreto, no descifrado, con más de 600 mil registros de personas civiles, el cual habría sido elaborado por responsables de esa entidad durante el gobierno anterior. Este archivo se entregó a la Procuraduría de Derechos Humanos, para los seguimientos pertinentes. Pocos días después, el Archivo de Seguridad Nacional, organización no gubernamental estadounidense, presentó públicamente el documento "El Ejército de Guatemala, lo que revelan los Archivos de Estados Unidos", que contiene información que podría ser utilizada para fundamentar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos eventualmente cometidas por el Ejército con motivo del enfrentamiento armado.

En lo que respecta a la seguridad ciudadana, es un hecho indiscutible, como ya se expresó, que ha habido un notorio incremento de la violencia y la delincuencia, lo que pone en evidencia la inexistencia de un plan estratégico de parte del Ministerio de Gobernación para contrarrestar esta situación que día a día se desborda. Este clima se ha agravado por las deficiencias formativas, operativas y materiales de la todavía nueva (establecida en 1997) Policía Nacional Civil (PNC), a lo que se suman diversas denuncias de corrupción. El que el presidente haya informado, a mediados de junio, que algunos de sus familiares más cercanos –incluyendo a su progenitora- salieron del país por razones de seguridad, ha agravado el difundido sentimiento de inseguridad. En este contexto, a mediados de junio el Congreso emitió un decreto que autoriza a efectivos del ejército a participar temporalmente en labores de seguridad pública, apoyando a la PNC.

A pesar de lo señalado, resulta paradójico que sea precisamente en el campo del respeto a los derechos humanos donde el gobierno esté gozando de una aparente buena imagen en el ámbito internacional. A ello ha contribuido tanto el que algunos activistas de derechos humanos hayan sido designados funcionarios públicos, como una efectiva labor de cabildeo ante centros claves de influencia en el exterior.

Situación de la política social. Ha sido más aparente que efectiva (aumento salarial de los empleados públicos y una bonificación salarial para los trabajadores privados –sin responder a un plan económica y financieramente fundamentado-, que generó un enfrentamiento del gobierno con el sector empresarial organizado en el CACIF. Se propició una reducción de veinte centavos de quetzal en el precio de la libra de azúcar, se han entregado fertilizantes subsidiados, y se han establecido tiendas de consumo popular, al estilo de las impulsadas por el PRI de México).

Situación de la política militar. El presidente inició su mandato con la inusual decisión de nombrar a dos coroneles respectivamente como Ministro de la Defensa Nacional y como Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), lo que en la práctica no sólo se tradujo en el brusco pase a retiro de 20 generales en activo, sino que generó inconformidad y malestar tanto entre algunos de los prestigiosos oficiales superiores marginados como en el propio seno de la institución militar. Asimismo, el día en el que se inauguró la nueva legislatura, varios diputados oficialistas presentaron una iniciativa de ley para reformar algunos pocos artículos de la Ley Constitutiva del Ejército, con el propósito de nombrar a un civil como Ministro de la Defensa. Dado que esta iniciativa, de aprobarse, sería contraria a la Constitución, antes de conocerla en tercera lectura y por artículos el Congreso la sometió en el mes de junio a la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad. En el mes de mayo el presidente destituyó al Jefe del EMDN, decisión aceptada bajo protesta por el afectado, quien afirmó que la medida era el resultado de intrigas de exoficiales cercanos a la presidencia.

Algunos hechos significativos y positivos ocurridos en estos seis meses. En particular, y sólo a título de ejemplo, pues su explicación y análisis sería materia de otro estudio, debe mencionarse la finalización del proceso de consulta y suscripción, en el mes de mayo, del Pacto Fiscal, acontecimiento inédito en la historia del país, así como del compromiso político derivado del mismo, suscrito por un amplio conglomerado de actores gubernamentales, políticos y sociales. Como resultado de este esfuerzo, también afectado por confusiones y contradicciones generadas por el propio gobierno y su partido, se ha comenzado a aprobar la legislación necesaria para emprender una reforma tributaria que cumpla con el pacto, y que genere los recursos imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de guatemaltecos, así como para cumplir con los compromisos económicos y sociales derivados de los acuerdos de paz.

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