ANÁLISIS MENSUAL

Agosto 2000

ASUNTOS ECONÓMICOS

Estrategia Nacional de Turismo

La Estrategia Nacional de Turismo (ENT) fue presentada oficialmente en público el pasado mes de julio. Esta constituye el primer esfuerzo sistemático de integrar al turismo como un sector estratégico, dentro de las políticas nacionales prioritarias para el desarrollo del país. El único precedente al respecto es el documento Desarrollo Turístico Sustentable hacia el año 2000, elaborado en 1992, y posteriormente reeditado en 1995; sin embargo, éste no trascendió al no concretarse su ejecución.

La Estrategia toma en cuenta documentos del BID, la empresa española Consultora en Turismo, Hotelería y Recreación, THR; INCAE, centros nacionales de estudios e investigación, así como los aportes individuales de profesionales ligados al sector turismo. La elaboración de la ENT consideró un proceso de consulta a diferentes instancias del sector público y privado, organismos regionales e internacionales, y personas conocedoras del tema, quienes revisaron e hicieron llegar sus observaciones y comentarios para su análisis y posterior inclusión en el documento final.

La ENT presenta una visión integral, participativa, que puede orientar las acciones prioritarias para el desarrollo turístico del país en el corto, mediano y largo plazo, e incluye conceptos de desarrollo de producto, competitividad y mercadeo turístico en línea con los criterios y planteamientos más actuales en el ámbito mundial.

Para aprovechar al máximo las ventajas que presenta el país como destino turístico, a la vez que se busca abordar la problemática que presenta este sector, el documento plantea los siguientes seis puntos esenciales: Desarrollo y fortalecimiento institucional, coordinación interinstitucional, consolidación de destinos turísticos tradicionales y desarrollo de nuevos destinos, sistema de información turística, cultura y formación turística, y mercadeo.

No obstante que la Estrategia representa un sólido punto de partida del trabajo a realizar, se reconoce que la propuesta no es fácil y requiere las condiciones favorables para ejecutar las acciones recomendadas.

Se cuestiona por ejemplo, si la voluntad política del gobierno se materializará en la creación de un clima de negocios que permita al sector turístico desarrollarse plena y competitivamente, lo que incluye entre otros, los siguientes aspectos: facilitación del ingreso del turista al país y la seguridad durante el tiempo que dure su estadía; construcción y mejora de accesos; introducción de servicios básicos y facilidades turísticas en los sitios de interés turístico; protección y manejo adecuado de los atractivos turísticos; y apoyo a la pequeña y mediana empresa turística, entre otros. En vista de que han transcurrido casi dos meses desde la presentación de la ENT, es importante la creación del Comité Nacional de Turismo que tendrá precisamente dentro de sus atribuciones –según se define en la Estrategia–, incluir en el presupuesto del próximo año los programas y proyectos identificados como prioritarios por el sector turístico.

Por otra parte, para lograr una sinergia de esfuerzos y una optimización de la inversión pública, se requiere que las autoridades de turismo, en el marco de la ENT, coordinen su agenda de trabajo con aquellas instancias gubernamentales que directa o indirectamente se relacionan con el sector turístico, y se evite así la duplicidad de acciones.

También existe incertidumbre sobre el apoyo que se pueda recibir del Congreso de la República para la actualización y modificación de la Ley Orgánica del INGUAT, básicamente por el tiempo que implica el análisis y dictamen, y las modificaciones que pueda sufrir la Ley en este proceso. Esto mismo sucede con la actualización de la Ley de Fomento Turístico Nacional, también contemplada en la ENT.

La centralización de la toma de decisiones del quehacer institucional en la figura del Director, y la poca o ninguna participación de los principales involucrados en la actividad turística; para lograr una efectiva reestructuración y readecuación organizacional del INGUAT, se debe invertir el escaso margen de cambio demostrado en el pasado. Una estructura institucional eficiente y eficaz puede impulsar y facilitar desde un inicio la ejecución de las acciones contenidas en la ENT.

Es importante hacer notar que compete al Estado implementar los instrumentos para que las comunidades anfitrionas se incorporen a los beneficios del turismo, mediante el fortalecimiento y fomento a la micro, pequeña y mediana empresa turística, tal como lo considera la ENT. El Estado, en coordinación con el sector privado debe garantizar que el turismo genere procesos y productos sustentables, en armonía y respeto al entorno social, cultural y ambiental; así mismo, concienciar para que el turismo sea aceptado como una opción de negocio que contribuya a establecer usos alternativos del patrimonio natural y cultural del país en forma compatible con su conservación y valorización.

Una muestra clara del interés por hacer realidad la ENT, es la próxima realización, en el mes de septiembre, del Congreso Nacional de Turismo, organizado por la Cámara de Turismo de Guatemala, y que tendrá como tema la elaboración de un plan de acción de la Estrategia Nacional de Turismo, cuya versión preliminar será enriquecida y validada en esa oportunidad. El seguimiento correspondiente estará a cargo de los sectores público y privado turístico, y del Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía.

Sin embargo, el compromiso y entusiasmo que el sector privado turístico ha manifestado en torno a adoptar la ENT como un proyecto común, podría deteriorarse rápidamente de no producirse el cambio de rumbo marcado por la Estrategia, que permita al sector empresarial obtener resultados y beneficios concretos en el corto plazo y tener la confianza de que efectivamente se llevarán a cabo las acciones convenidas en la ENT para alcanzar el desarrollo del sector turístico en el mediano y largo plazo.

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ASUNTOS POLÍTICOS

Balance de la lV reunión cumbre del mecanismo de diálogo y concertación de Tuxtla

La IV Reunión de Presidentes del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla (proceso de cooperación iniciado en enero de 1991, por los gobiernos de México y Centro América), celebrada (25.08.00) en la Ciudad de Guatemala, concluyó con la emisión de una declaración de 31 puntos y con la aprobación de un documento de 51 puntos, que en su conjunto revelan la trascendencia, para el desarrollo humano sostenible de los pueblos del área, de la amplia y compleja red de acuerdos y compromisos que los 8 gobiernos (incluyendo al de Belize) han ido tejiendo a lo largo de estos 10 años.

Aunque los referidos documentos carecen de un carácter sistemático que permita distinguir con claridad los acuerdos y compromisos concretos, así como las acciones de seguimiento específicas y puntuales, de las declaraciones de buenas intenciones o de propósitos, los mismos evidencian que esta experiencia de diálogo y concertación constituye un acerbo que cada vez adquiere una importancia mayor para los países participantes. Por ello mismo es de lamentar que los gobiernos del Mecanismo no le den más divulgación a los acuerdos y compromisos establecidos, pues es indudable que implican una visión integrada y de largo plazo de toda la gran región mesoamericana que los 8 países integran, con indudables beneficios pero también inevitables costos para sus pueblos.

Una primera revisión en conjunto de ambos documentos constata la voluntad de los gobiernos integrantes de seguir profundizando el proceso de cooperación emprendido, tal como lo indica la adopción del Programa Mesoamericano de Cooperación 2001-02, la introducción del principio de corresponsabilidad en la ejecución de los proyectos de cooperación regional, y la exhortación dirigida a los organismos legislativos de los 4 gobiernos suscriptores del Tratado de Libre Comercio México-Centro América para que lo ratifiquen cuanto antes, de manera que pueda entrar en vigor el 1 de enero del 2001.

La temática relacionada con el libre comercio fue una de las que mayor atención mereció, siendo evidente el particular interés de la parte mexicana en la misma, ofreciendo para el efecto un Programa de Financiamiento Integral al Comercio, con el fin de incrementar el flujo comercial en ambas vías; la apertura de módulos comerciales de México en los países del área; y el establecimiento de un foro Empresarial Permanente Centro América-México, entre otras acciones inmediatas (ver mayores detalles en el cuadro adjunto).

La compleja temática energética fue otra a la que se le prestó particular atención. Junto con lamentar los efectos negativos para las economías del área del incesante incremento de los precios del petróleo, se acordó realizar distintas gestiones ante la OPEP. Simultáneamente, los gobernantes adoptaron diversas decisiones relacionadas con la búsqueda de un mejor aprovechamiento de las facilidades de aprovisionamiento del crudo y de las de naturaleza financiero-crediticia que ofrece el Pacto de San José, así como con la aceleración de la interconexión eléctrica y del proyectado gasoducto entre México y los países de Centro América.

Otros temas tratados por los gobernantes, y que revelan las prioridades de algunas políticas públicas de los Estados miembros, son los relacionados con el fomento al turismo; la búsqueda de mecanismos para lograr precios justos y retributivos para el café, cultivo que sigue siendo clave para la mayoría de economías de la región; el establecimiento en México de una oficina centroamericana de atención al migrante y de asuntos comerciales; y el impulso a políticas conjuntas para el combate al crimen organizado. (Ver mayores detalles en el cuadro adjunto).

En el campo internacional es importante subrayar que los gobiernos miembros del Mecanismo de Concertación reconocieron la voluntad política demostrada por el gobierno de Belize al adherirse al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); la importancia que para el desarrollo del Mecanismo tiene la incorporación del Congreso de México, como observador, al Parlamento Centroamericano; y el respaldo a la Cumbre Iberoamericana que se realizará en Panamá, cuyo eje central será la niñez y la adolescencia.

MECANISMO DE DIALOGO Y CONCERTACIÓN DE TUXTLA:

Principales decisiones y acciones de seguimiento en los ámbitos de la cooperación global,

energético, libre comercio, comunicaciones, migración, seguridad pública y ambiente y desarrollo, adoptadas durante la IV Cumbre de Mandatarios, celebrada en Guatemala el 25.08.00

El peligroso fenómeno de la corrupción en la administración pública.

Las noticias difundidas por los medios de comunicación social –especialmente los escritos y radiales– durante el mes de agosto hicieron especial énfasis en algunos actos no transparentes en la administración pública, tales como: la presunción de alteración a la Ley del Impuesto a la Distribución de Bebidas Alcohólicas, Destiladas, otras Bebidas Fermentadas y Bebidas Gaseosas; la negativa de los funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS– de informar sobre el destino de los depósitos que en materia de contribuciones han aportado patronos y trabajadores para el IVS; las acusaciones de mal manejo de fondos por parte de algunos funcionarios ediles que ha señalado la Contraloría General de Cuentas; y la compra de vehículos para la presidencia obviando el procedimiento establecido por la Ley de Compras y Contrataciones. La cobertura y el seguimiento dado a dichos casos confirman una vez más que la falta de transparencia es uno de los mayores problemas y retos a los que la sociedad guatemalteca, debe enfrentarse.

Adicionalmente, la Contraloría General de Cuentas de la Nación realizó un estudio sobre los actos de corrupción en el Estado. En dicho estudio se encuestó a un total de 389 trabajadores públicos, representativos de cuatro ministerios, el Instituto Nacional de Estadística y la misma Contraloría de Cuentas. Todos los participantes admitieron que en su dependencia se cometen actos de corrupción. El 62.4% de los burócratas aseguró que la corrupción es un problema grave en la administración pública, mientras que el 26.4% manifestó que estaban parcialmente de acuerdo con esa afirmación. Asimismo, el estudio en mención indica que los principales hechos de corrupción cometidos por los trabajadores públicos son la aceptación de sobornos y el nepotismo, mientras que la malversación y ausentismo de las labores ocuparon un segundo plano. El 80% de los encuestados por la CGCN dijo estar totalmente de acuerdo en que la corrupción se incrementa debido a que los altos funcionarios no tienen que dar cuenta de sus actos haciendo uso de procedimientos de dudosa transparencia. Por otro lado, el Contralor General en una reciente entrevista, indicó que se han detectado Actos de corrupción en el 84.6% de las dependencias gubernamentales.

La corrupción es uno de los factores más sensibles y decisivos de la pérdida de confianza en las instituciones públicas. El nepotismo, las exacciones ilegales, la apropiación indebida de bienes públicos, el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, el manejo abusivo de las facultades discrecionales, los tratos discriminatorios en el trámite y la resolución de los asuntos, son entre otras, las formas en que tradicionalmente se ha manifestado, durante las últimas décadas, la corrupción en la administración pública.

Las definiciones de corrupción son amplias y difieren según la ciencia o el campo desde el cual se analice el fenómeno. De esa cuenta cabe preguntarse: ¿Es corrupción solamente el delito tipificado como tal por las leyes penales de cada sistema político o hay que dar una definición más amplia, basada en una observación más realista del fenómeno? Dicho de otra manera, ¿Es preferible una definición más jurídica o una aproximación más ética o sociológica?. La aproximación estrictamente jurídica tiende a dejar a un lado los principios y los valores éticos que constituyen el origen de las disposiciones represivas. No es suficiente el concepto jurídico definido como corrupción, porque los esfuerzos de la filosofía del derecho han quedado muy atrás en la guía de los valores que aún no alcanzan una expresión jurídica. En virtud de ello puede decirse que corrupción es toda aquella conducta contraria u opuesta a los deberes de una persona derivados de su estado, oficio o especial situación, ya se trate de funcionario público o no.

Bien común y corrupción son dos conceptos totalmente contrarios. No puede darse el bien común donde se da la corrupción, porque ésta última es la negación total y absoluta de la justicia social que junto con el bien común constituyen los dos grandes temas que plantea el desarrollo integral. La Constitución Política de Guatemala en el Título 1 sobre la persona, fines y deberes del Estado, declara que éste se organiza para proteger a la persona y a la familia y se atribuye como fin supremo la realización del bien común y la constante garantía para todos los habitantes de la República, de la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Es decir que en Guatemala, en la forma que lo prescribe la Constitución, existen deberes muy claros que es necesario cumplir y hacer que se cumplan frente al bien común y la justicia social.

Derivado de lo anterior, se establece una relación entre personas y sociedad, definida en dos principios: el de subsidiariedad y el de solidaridad. Pertenecen al primero los postulados de que la sociedad debe ayudar a sus miembros, favorecer sus actividades, no oprimirlos, marginarlos, absorberlos. En cuanto al segundo, el principio de la solidaridad, supera la ética individualista, llama a todos los hombres y grupos a participar en la gestión de todas las actividades a todos los niveles sociales (Escobar, 1989).

En este sentido, existe el criterio, por desgracia muy generalizado, de que la actividad política está exenta, puede o debe estarlo, de limitaciones morales. El divorcio entre la moral y la política ha causado mucho daño a las sociedades. Si hay una acción humana que, por su trascendencia social, debe estar rigurosamente sometida a la moral, ésa es la política. Es difícil pensar que los guatemaltecos empobrecidos y golpeados por la inflación, la inseguridad y la impunidad están dispuestos a comprender y respaldar un proceso de democratización cuyas instituciones se desfiguran y en definitiva no responden a sus necesidades y aspiraciones. La obligación del Estado es actuar con la debida transparencia, esforzándose por mantener una buena comunicación de las medidas que adopta y promoviendo la participación ciudadana en el control de las instituciones. Es imperante por tanto, que éste establezca cánones de conducta formal para sus funcionarios, con la finalidad de que no puedan actuar fuera del margen de la ética. La legislación no puede ignorar la regulación ética de los funcionarios de gobierno en el desempeño de sus cargos y aún fuera de ellos.

Existe el peligro de que la democracia pierda legitimidad cuando la población percibe que la clase política antepone sus intereses particulares al bien público o evalúa como ineficaces las instituciones y sus políticas para resolver los problemas que la afectan. Es innegable que las denuncias y los casos comprobados de corrupción afectan la legitimidad de los gobiernos. De allí que el reforzamiento de los mecanismos de control y responsabilización, tanto política como administrativa de los órganos del Estado, que permitan definir y precisar situaciones de corrupción e imponer sanciones a los que incurren en ellas, debe pasar a ocupar un lugar destacado en la agenda política. Se ha de tener presente que la corrupción tiene efectos nocivos en el ámbito económico, político y social por tanto es causa y consecuencia del subdesarrollo.

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ASUNTOS SOCIALES

El Tribunal Centroamericano del Agua: escrutinio ciudadano sobre el uso de los recursos hídricos

Antecedentes:

El Primer Tribunal Internacional del Agua se instaló en 1983 en la ciudad de Rotterdam, Holanda. Fue concebido como una forma de escrutinio ciudadano sobre el uso de los recursos naturales en general, y de los recursos hídricos en particular. Sus fundamentos son el derecho a un ambiente sano y a la participación ciudadana y el deber de la sociedad de monitorear la forma en que el Estado y los particulares hacen uso de los recursos naturales que constituyen un bien público. La legislación ambiental moderna en algunos países incluye procedimientos mediante los cuales se garantiza el derecho ciudadano a establecer controles ambientales paralelos o bien complementarios a los que hacen los propios entes gubernamentales. Un ejemplo es la "Community Right to Know Act" (Ley del Derecho Comunitario a Conocer), establecida en los Estados Unidos, y que obliga a las empresas a publicar informes periódicos sobre la cantidad y tipos de emisiones peligrosas, los cuales deben ser facilitados a las comunidades vecinas para corroborarlos y darles seguimiento. El primer Tribunal del Agua presentaba similitudes bastante grandes con instituciones especializadas que investigan y resuelven casos de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este tribunal, conocido como el Tribunal de Rotterdam, juzgó la contaminación provocada por industrias químicas a varias cuencas europeas, siendo el del Río Rin, el primer caso que conoció.

El Segundo Tribunal Internacional del Agua fue instalado en 1992 en Amsterdam, Holanda. Este Tribunal presentó importantes innovaciones, pues algunos de los acusados (industrias y gobiernos municipales) concurrieron a presentar pruebas de descargo, o bien iniciaron cambios en sus políticas relativas al agua, a partir de los dictámenes emitidos (aún sin ser estos vinculantes). Otro aspecto novedoso fue que se presentaron casos de América Latina (incluyendo Brasil, Bolivia, Costa Rica y Ecuador). El caso costarricense provocó una alianza entre varios sectores de la sociedad incluyendo sindicatos de trabajadores, personal de servicios de salud, organizaciones ambientalistas e iglesias, los cuales lograron que la empresa bananera Standard Fruit Company implementara los estándares ISO 9,000 (de la Organización Internacional de Estándares) y una política de certificación (sello verde). La experiencia ganada trajo consigo la creación del Tribunal Latinoamericano del Agua en Brasil, en 1994. Posteriormente durante un taller regional realizado en 1998 en Costa Rica, con la participación de delegados de seis países del istmo, se comenzó a discutir la instalación del Tribunal Centroamericano del Agua. Todos los países, con la excepción de Guatemala, realizaron talleres nacionales para discutir ampliamente el tema del agua, identificar los casos a ser presentados al Tribunal, y escoger al delegado nacional que fungiría como jurado miembro de dicho tribunal. La única organización guatemalteca que le dio seguimiento a esta iniciativa, fue el Colectivo Madre Selva, la cual trabajó durante más de un año en preparar sus casos.

Desde un punto de vista jurídico, sin embargo, estos tribunales no tienen mandato de ningún Estado, por lo que sus resoluciones no tienen carácter vinculante, condenatorio, ni coercitivo. Constituyen más bien "tribunales de conciencia", cuyos dictámenes tienen un valor ético-moral y político, en tanto que se sigue un debido proceso de investigación, aportación de pruebas y aplicación de instrumentos internacionales, convenios, estándares y se garantiza la idoneidad y honorabilidad de los miembros del Tribunal y sus decisiones.

Primera Audiencia Pública del Tribunal Centroamericano del Agua

El Tribunal Centroamericano del Agua en su Primera Audiencia Pública, celebrada en San José, Costa Rica del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2000, conoció diez casos. Para nueve de ellos emitió resoluciones de censura y recomendaciones. Solamente el caso presentado por Honduras quedó abierto, con el objeto de recabar más pruebas in situ y fundamentar mejor el alegato. Entre los miembros del Tribunal se incluyeron tres doctores (en ciencias químicas, bioquímica y derecho), una abogada, un abogado y economista, un matemático y un médico, todos conocedores de temas ambientales o bien de aspectos legales. Participó también el Presidente del Tribunal de Aguas de Valencia, Dr. Ismael Cubells. El Tribunal fue presidido por el jurista guatemalteco Augusto Willemsen Díaz, ex-funcionario de Naciones Unidas y ex-Procurador adjunto de los Derechos Humanos de Guatemala.

Los casos presentados por Guatemala

El Colectivo Madre Selva de Guatemala, presentó dos casos para ser conocidos por el Tribunal Centroamericano del Agua. El primer caso está relacionado con el asesinato del Lic. Erwin Ochoa, abogado y asesor jurídico, y del señor Julio Vásquez, asistente administrativo, ambos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Este hecho ocurrió el 29 de febrero del presente año, sin que hasta la fecha haya sido abierto procedimiento investigativo. El Tribunal resolvió exhortar a las autoridades guatemaltecas a resolver el caso, identificar a los culpables y hacer cumplir la ley. Instó además a organizaciones de derechos humanos nacionales y regionales y medios de comunicación a cooperar en el esclarecimiento del caso. Además se hizo referencia a otros funcionarios y empleados que trabajan en el sistema de áreas protegidas, que se encuentran amenazados, y a quienes el Estado debe proveer seguridad en el ejercicio de sus deberes públicos.

El segundo caso, está relacionado con la contaminación provocada por las actividades petroleras que se realizan en el Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT). Los acusados fueron las empresas Anadarko Petroleum Company y Basic Resources, así como el Gobierno de Guatemala representado por las instituciones gubernamentales involucradas. El Tribunal resolvió exigir el cese inmediato de las actividades petroleras en el PNLT, así como condenar a las empresas acusadas al pago de los daños socioambientales provocados. Esta condena no tiene un carácter vinculatorio y coercitivo, pero se considera que así como otros países lo han hecho, se adopte por la legislación guatemalteca el principio del derecho ambiental que reza: "El que contamina paga". Dicho principio quedó establecido incluso en la Agenda 21, instrumento internacional signado durante la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, Brasil. En Guatemala, hasta la fecha, la contaminación es vista por muchas empresas como "externalidad" que no debe ser asumida en los costos de producción. El resarcimiento indicado por el Tribunal, debería incluir además los costos de reubicación de la población que ha colonizado ilegalmente el PNLT, tomando en cuenta y de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Tribunal también resolvió censurar al Gobierno de Guatemala por el daño causado al PNLT, así como recomendarle tomar medidas urgentes para resolver esta situación.

Reacciones a las resoluciones

Mientras los casos eran conocidos en Costa Rica, un articulista del diario Siglo XXI, aludía al "ficticio tribunal acuático" cuyos veredictos "abusivamente pretenden tener un valor ético". Igualmente la empresa Basic Resources publicaba sendos anuncios en varios diarios, en los cuales se hacía hincapié en los beneficios que aporta la actividad petrolera a juicio de la propia empresa. Posteriormente el semanario Crónica, publicó una entrevista hecha al gerente de Basic Resources, en la cual nuevamente se deslegitimaba lo actuado por el Tribunal, calificándolo de "burda propaganda" y "fuero especial". Más allá de las reacciones primarias, que pretenden deslegitimar lo actuado por el Tribunal Centroamericano del Agua, sus resoluciones pueden constituir un instrumento ético-moral y político que podría servir para mover la opinión y participación ciudadana frente a estos casos particulares, y frente a otros casos relacionados con el derecho ambiental, que a pesar de su gravedad no mueven a reaccionar a las autoridades competentes.

El dictamen del Tribunal Centroamericano de Agua en el caso del PNLT, se une de cualquier manera a una resolución emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en febrero del presente año; a la solicitud hecha el mismo mes por el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Presidencia de la República y el entonces Comisionado Presidencial del Medio Ambiente; y finalmente al dictamen de la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentado hace más de un mes. En todos estos instrumentos se ha solicitado o recomendado la cancelación del Contrato 1-92 suscrito entre la empresa Basic Resources y el Estado de Guatemala, el cual concede a la empresa los derechos de exploración y explotación petrolera en 192,233 hectáreas del PNLT. Sin embargo, dicho contrato debió celebrarse tomando en cuenta los decretos legislativos 4-89 y 5-90, Ley de Areas protegidas, que crea la Reserva de Biosfera Maya (RBM) y zonifica el PNLT, respectivamente.

Sin embargo, y a pesar de tales avances jurídicos, el caso aún continúa sin ser resuelto. Incluso se planean acciones que subvertirían el Estado de derecho, como una posible reforma a la Ley de Areas Protegidas, Decreto 4-89 a efecto de dejar fuera del área de conservación el polígono que la empresa Basic Resources tiene en concesión. Se ha planeado también enjuiciar al Colectivo Madre Selva y al Tribunal del Agua por sus acciones consideradas ilícitas en contra del Estado guatemalteco. En un análisis anterior señalábamos que el caso del PNLT constituiría una prueba para el sistema jurídico guatemalteco. El tiempo nos ha dado la razón. Tal parece que la prueba le queda grande al ordenamiento jurídico institucional vigente en materia de protección y uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente. Por lo mismo es interesante que un Tribunal promovido por actores de la sociedad civil, actuando casi de manera supletoria, arribe a las resoluciones que se esperaría fueran las del propio Estado guatemalteco a través de sus instituciones competentes.

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