Con el fin de analizar las posibles implicaciones del Decreto 4-2020, que reforma la Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo y el Código Civil, ASIES llevó a cabo, el 6 de julio de 2021, el foro virtual “Perspectivas de la nueva regulación de ONG”.

De acuerdo con María Isabel Carrascosa, asesora jurídica de la Fundación 2020, el Decreto 4-2020 parece buscar controlar a las ONG, pero de forma que preocupa porque permite al Estado actuar con un amplio margen de discrecionalidad y arbitrariedad. Dicho decreto “incorpora conceptos indeterminados que hacen que el derecho de asociación pueda ser violentado, y nos pone en riesgo de un Estado autoritario en cuanto al control de estas organizaciones”, señaló.

“En esta reforma, el concepto de ONG es ambiguo e incluye obligaciones, no solo para las organizaciones que manejan fondos públicos”, coincidió Lorena Escobar, coordinadora del Departamento de Análisis Jurídico de ASIES. Además, expresó  preocupación porque “el cotejo, para ver qué ONG están cumpliendo las obligaciones, sea selectivo, debido a la discrecionalidad que queda en la reforma”.

Edgar Ortiz, director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, recordó que la reforma a la Ley de ONG se dio en un momento convulso en el que se veía a estas organizaciones como un enemigo, y por esto es que su texto no ofrece ninguna ventaja, y no respeta principios internacionales.

“Pareciera que la reforma se enfoca en la cancelación de organizaciones, sin dejar claro cuáles son las que deben cumplir con esta normativa, ni qué información deben actualizar”, afirmó Carlos Cerezo, director de Fundaeco.

Maynor Alvarado, director del área jurídica del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), opinó que “parece ilógico que sea el propio gobierno, que recibe la mayor parte de cooperación internacional, quien quiera entrar en problema con los cooperantes”.

 

 

 

 

ASIES

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