Se ha escrito bastante sobre la necesidad del Estado de contar con recursos para atender la creciente demanda de servicios públicos, mejorar los indicadores sociales, recuperar la disciplina y reducir el déficit fiscal; asimismo, para moderar el endeudamiento público y, los riesgos que todo ello representa para la estabilidad macroeconómica.

Derivado de los Acuerdos de Paz, surgió el compromiso de elevar la carga tributaria y, seguidamente, de implementar el Pacto Fiscal y sus propuestas, orientadas a fortalecer la capacidad financiera del Estado, acorde con el crecimiento económico y social del país en atención a las necesidades de la población guatemalteca. La propuesta más reciente, elaborada por el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal sin éxito en 2008, fue retomada y respaldada por un grupo de profesionales denominado G-40, que introdujo una agenda para mejorar la calidad y transparencia en el gasto.

La propuesta, acogida en parte por el nuevo gobierno, planteada como Pacto Fiscal para el Cambio, se está socializando en busca de consensos para convertirlo en ley. Este ha generado opiniones en torno a: 1) que debe aprovecharse la coyuntura que representa un nuevo gobierno; 2) si será visto positivamente por la comunidad internacional, organismos multilaterales y calificadoras de riesgo país; 3) que debe ser equitativo, conforme el principio de justicia tributaria establecido para guardar el equilibrio social; 4) que capte recursos suficientes para reducir el alto déficit fiscal y compense el desgaste que genera; y 5) que incluya medidas para la transparencia y calidad del gasto.

La propuesta incluye modificaciones al ISR y al IVA; al impuesto sobre la primera matrícula de automóviles, así como incrementa el impuesto sobre circulación de vehículos. La mayor controversia se centra en el ISR por la forma en que afecta a los diferentes sectores, donde convergen principios de la tributación como lo es la equidad. También afloran enfoques de tipo socioeconómico e incluso ideológico, que redundan en calificativos que contrastan los niveles de riqueza y pobreza en el país, por lo que el Minfin debería analizarlo en busca de mayor equilibrio.

A pesar de lo difícil que resulta conciliar distintos puntos de vista en materia tributaria, lo más importante es que el nuevo gobierno se atreva a tocar un tema obviado durante muchos años, que la reforma satisfaga las necesidades de las finanzas públicas y que logre el consenso de los ciudadanos sobre la necesidad de aportar recursos, con el propósito de que el Estado atienda con solvencia las necesidades del país, sobre bases sólidas contra la corrupción con una clara orientación de un gasto transparente, del cual se rindan cuentas.