Considero que el problema causante de la debacle política nacional se sitúa en la forma en que se financian los partidos políticos. Como indicó para elPeriódico (17/julio/2015) el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señor Iván Velásquez, el 75 por ciento del financiamiento que reciben los partidos políticos viene de la corrupción; concretamente indicó que un estimado del 50 por ciento lo aportan los “constructores” de obra pública y proveedores del Estado (casi siempre ligados a políticos en el poder), y un 25 por ciento el crimen organizado. El restante 25 por ciento (para alcanzar el cien por ciento) proviene de elites empresariales y financistas individuales.

El problema derivado del financiamiento ilícito, de que un 75 por ciento de los fondos vengan de la corrupción, resulta en que los políticos que llegan al poder se obligan a “retribuir” a sus financistas con prebendas y beneficios totalmente dañinos para el erario nacional y para la población en general. El comisionado Velásquez ejemplificó con casos paradigmáticos como el del señor Gustavo Alejos (y su familia) durante el régimen del expresidente Álvaro Colom, entre otros.

Como sabemos, la democracia de un país se construye mediante y sobre la existencia de partidos políticos, los que para su sostenimiento deben contar con recursos financieros que les permita subsistir y cumplir su función, tanto en periodos ordinarios como en los periodos de campaña proselitista. Esos recursos pueden venir de dos fuentes: públicas o privadas. Ambas opciones deben ser transparentes, con techos definidos e informados a la población.

La ventaja del financiamiento público es que equipara el apoyo a las diversas expresiones políticas sin importar su dimensión y capacidades económicas de sus miembros, con lo que lo hace coincidente con el principio democrático de la igualdad de oportunidades; pero como contrapartida hace que los partidos políticos se vuelvan conformistas, al garantizarse los recursos, fortaleciendo con ello el paternalismo de Estado.

Por su parte, la ventaja del financiamiento privado es que apoya a la autonomía de los partidos frente al Estado, y que se asume que los fondos vienen de la sociedad civil, con lo que se crea un vínculo entre los donantes y los partidos. La desventaja se da en el hecho de que cuando una empresa o persona particular aporta recursos a un partido político, espera de este un beneficio posterior al llegar al poder, sea este municipal o nacional. En los Estados Unidos se discute el hecho de que los partidos políticos responden más a los intereses de las grandes empresas que les financiaron, que a los ciudadanos.

No hay a la fecha en el mundo democrático un modelo único de financiamiento a los partidos políticos. La fórmula que en la mayoría de países ha demostrado ser más adecuada es la de una mezcla que equilibre los aportes públicos y privados; eso sí, con restricciones en cuanto al monto de cada sector.

Más importante aún es fortalecer los órganos de control que hagan cumplir las disposiciones sobre el financiamiento de los partidos políticos. Dichos órganos deben integrarse por funcionarios de la autoridad electoral, como es el caso de Gran Bretaña y Canadá; y para Guatemala el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que dicho sea, debe ser Supremo en sus decisiones colegiadas. No se vale, por tanto, que el sistema Judicial intente “corregirle la plana” cambiando las disposiciones al TSE. Es también importante que las sanciones sean severas en cuanto a multas y responsabilidad penal, llegando incluso a la inhabilitación de cargos y de partidos políticos. La Fiscal General por su parte ha indicado recientemente que investigará a financistas denunciados por la CICIG; buen precedente para frenar este asunto que está afectando la democracia en nuestro país.

En síntesis, se trata de poner techo a los aportes; transparentarlos mediante información pública; establecer multas y sanciones estrictas y contabilizar detalladamente los anuncios y medios de promoción política de cada partido.

Urge que el Congreso apruebe la normativa que ponga coto al financiamiento espurio que ha permitido que accedan al poder personajes financiados por corruptos y narcotraficantes.