“El financiamiento personalizado hace que la función local de un partido sea frágil"

Las campañas electorales de los comicios celebrados en 2003, 2007 y 2011 movieron cantidades millonarias de dinero, que bien se podrían haber usado en la compra de insumos para el funcionamiento de los hospitales y centros de salud, construir escuelas o dotar a las existentes de mobiliario.

De acuerdo con el estudio de Acción Ciudadana (AC) “¿Cuánto costó la campaña electoral?”, publicado en febrero de 2012, al sumar las tres campañas demuestra que se invirtieron Q1 mil 537.3 millones, monto que supera la asignación del presupuesto asignado para 2015 en el renglón de secretarías y otras dependencias, que suma Q1 mil 385.6 millones.

Este estudio, que forma parte del Monitoreo de gastos de los partidos políticos, lo consiguió AC a través de dos empresas especializadas en medición de pauta comercial, y pone en evidencia los datos de las inversiones publicitarias por parte de los partidos en los medios de comunicación escritos, de televisión y radio.

Cuando Óscar Berger ganó la Presidencia en 2003, el gasto de campaña de todas las agrupaciones se estimó en Q488.8 millones, monto que bajó a Q469.1 millones en la contienda que ganó Álvaro Colom cuatro años después, hasta llegar a la que hoy es la cifra récord de Q579.2 millones, cuando triunfó en 2011 Otto Pérez Molina.

UN TECHO DE PAJA
El artículo 21, inciso e) de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que el límite máximo de gastos de la campaña electoral será a razón del equivalente en quetzales de un dólar de los Estados Unidos de América, por ciudadano empadronado hasta el treinta y uno de diciembre del año anterior a las elecciones (sic).

Este techo ha sido rebasado en más de una ocasión sin mayores consecuencias, porque ya en la campaña, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no puede más que multar a los partidos, con cantidades que no superan los $125.

“Es un tope de gasto ridículo, porque fácilmente gastan unas cinco veces más”, afirmó Manfredo Marroquín, presidente de AC. Y es que, según dicho estudio, en 2011 cuando el techo no debía superar Q48 millones, los partidos Patriota (PP) con Q153.5 millones; Libertad Democrática Renovada (Líder), con Q101 millones, y la coalición UNE-Gana con Q59.8 millones, la sobrepasaron solo en los gastos efectuados entre el 2 de mayo y el 6 de noviembre.

“El problema es que nadie hace caso; faltan mecanismos básicos que permitan y doten al TSE de herramientas que obliguen a respetar las normas, porque siempre declaran sumas ridículas”, expresó el politólogo Carlos Martínez.

Al sumar todos los gastos, de primera y segunda vuelta, así como las campañas anticipadas, incluidas las que salen a través de otras agrupaciones que utilizan los colores del partido con el que se identifican, los montos que una agrupación hace son hasta 10 veces más que lo establecido en el techo del TSE. (Lea El valor de una campaña electoral).

Para este año, de acuerdo con el número de empadronados hasta el 31 de diciembre de 2014, con siete millones 506 mil 963 ciudadanos, implica un techo de $7.5 millones al cambio del 2 de mayo, día en que se hará la convocatoria, de aproximadamente Q57 millones.

ORIGEN DESCONOCIDO
El artículo 21 de la Ley Electoral señala que hay dos clases de financiamiento para los partidos políticos: el público, que proviene del Estado, y el privado. También determina, entre otras limitaciones, que no pueden recibir aportes de personas individuales o jurídicas del extranjero.

En cuanto al aporte estatal, indica que el Estado contribuirá al financiamiento de los partidos políticos a razón del equivalente en quetzales de dos dólares de Estados Unidos de América, por voto legalmente emitido a su favor, siempre que haya obtenido no menos del cinco por ciento (5%) del total de sufragios válidos depositados en las elecciones generales (sic).

De acuerdo con esas asignaciones, el fondo proveniente de los impuestos de los ciudadanos es poco al observar la inversión real que efectúan las agrupaciones, por lo cual sus dirigentes buscan otras fuentes de financiamiento y aquí es donde la situación se complica para la fiscalización, como refiere el estudio de Hugo Novales, analista de la Asociación de Investigaciones Sociales y Económicas (Asíes), Partidos políticos guatemaltecos: financiamiento e institucionalidad.

Según el informe, detectaron que existen varios tipos, desde las donaciones en efectivo o especie, que supuestamente se deben reportar al TSE pero que no se hace, porque hay casos en los que en un municipio alguien dona una cantidad de camisas para el candidato a diputado, pero solo las lleva, las entrega y se va, hasta el aporte personal del legislador o dirigentes de la agrupación en la comunidad.

“El financiamiento personalizado hace que la función local de un partido sea frágil, porque quien lo hace corre con los gastos de la organización; es el secretario municipal, a veces el candidato y diputado. Al cambiarse de partido, pasa a ser el nuevo secretario municipal de otra organización, y el otro partido queda debilitado, sin bases”, afirmó el analista de Asíes.

Novales expresó que esta forma de apoyo financiero deja a las agrupaciones en desventaja, porque todo está sujeto a un criterio económico. Por ejemplo, que un candidato a reelección, municipal o legislativa, esté a punto de perder a su principal financista en la comunidad si apoya una acción que puede ser beneficiosa localmente, prefiera continuar en el cargo y se pliegue a lo que quiere quien le da dinero.

También está el patrocinio por especie con algunos medios de comunicación, según Novales, especialmente en la televisión, donde se regalan paquetes de espacios publicitarios y estos generan dependencia de los candidatos. En ambos casos, “ceden a presiones particulares y quedan mal con el electorado”, precisó.

EL DINERO SUCIO
Siendo Guatemala un país en el que el crimen organizado ha sentado bases, la posibilidad de que dinero proveniente de acciones ilícitas llegue a las arcas de los partidos no es remota. A lo interno, las agrupaciones aseguran que tienen cuidado y que no lo permitirán, pero no hay una forma de fiscalizarlo.

“Ya lo dijo el comisionado de la CICIG, le resulta más difícil investigar el financiamiento de los partidos políticos, que el financiamiento de las personas dedicadas al negocio de la droga”, dijo la magistrada María Eugenia Mijangos, vocal III del TSE, al señalar la complejidad que se tiene para investigar el origen de los fondos.

“Aunque no hay evidencia concreta, los exorbitantes montos y la falta de transparencia de quienes son los financistas hacen dudar de la legalidad de los recursos, debido a la penetración de estructuras del crimen organizado, especialmente en la elección de autoridades locales”, afirmó Luis Mack, director del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Usac.

Una forma de frenar estos flujos es que las campañas sean financiadas en su totalidad con fondos públicos, que se reduzca el tiempo de esta y que todos los contendientes a un cargo público compitan en igualdad de condiciones.

“Esto es lo ideal; sería efectivo para controlar el financiamiento y todos estarían igual”, dijo Martínez. Agregó que en países con mayor desarrollo se ha tenido el caso de que se otorgan espacios publicitarios en la programación televisiva, que corresponden a cada uno de los partidos que participan.

Control financiero para los partidos
El fortalecimiento de la capacidad técnica y legal del TSE para que este pueda desarrollar los mecanismos que permitan hacer transparentes las cuentas de los partidos políticos y los gastos de campaña es, en opinión del analista Luis Mack, una forma de colocar candados.
La magistrada María Eugenia Mijangos aseguró que ya se trabaja en algunos aspectos para reforzar la capacidad del TSE, en tanto se logra que exista una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que se espera aplicar y perfeccionar para las elecciones de 2019.
“Ahora, lo que hayan gastado en propaganda anticipada se les va a deducir de su techo presupuestario”, afirmó Mijangos, quien recordó que también se aplicarán las sanciones que están contempladas.
Mack subrayó que el mayor problema es desarrollar la capacidad técnica para monitorear el gasto de campaña y rastrear el origen de los fondos por medio de unidades de investigación patrimonial, así como garantizar adecuadas normativas legales que fortalezcan la autoridad del TSE y protocolos de seguridad que protejan a los equipos de investigación.