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Financiamiento partidario: Fiscalización y control avanzan a paso lento

La reforma electoral de 2004 obliga a los partidos políticos a rendir cuentas al TSE sobre los ingresos y egresos en campaña, pero hasta la fecha, es necesario fortalecer la capacidad de fiscalización de estos recursos.

Jéssica Osorio JéSSICA OSORIO

En Guatemala, los partidos tienen derecho a gastar Q58.2 millones en propaganda, pero debido a que varios incurrieron en campaña anticipada (previo a la convocatoria oficial del 2 de mayo), ya al 31 de ese mes, el gasto rondaba los Q114 millones.

Solo en un mes, mayo, los partidos gastaron Q25.5 millones, según los reportes de la Auditoría Electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La organización política que más recursos erogó fue Libertad Democrática Renovada (Líder), con Q15.2 millones, seguida de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con Q5.5 millones, y Compromiso, Renovación y Orden (CREO) con Q1.6 millones.

Pero en el caso de Lider, según Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional y parte del ME, de enero a la fecha ya rebasó el techo permitido y según su monitoreo, lleva un gasto de Q45 millones, que al sumarlo con la erogación que tuvo la Fundación Identidad (Fidenti), ligada a este partido, alcanzó los Q62 millones, prácticamente Q4 millones más de lo permitido.

El politólogo Hugo Novales, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), comenta que “los gastos de un partido se incrementan conforme se acercan las elecciones, llegando a su punto más alto en las semanas previas. Incluso, dirigentes de algunos partidos (UNE, LIDER, PP) indican que los gastos más altos están relacionados con la movilización y fiscalización que debe realizarse el día “D”.

El papel de los medios

La Auditoría Electoral del TSE tiene registrados al 22 de junio de este año, 259 radio emisoras que han presentado sus tarifarios en las oficinas centrales de dicho organismo. 51 medios de comunicación de televisión por cable, cinco canales de televisión nacional (cuatro con cobertura en toda la República) y uno sólo en Guatemala, Sacatepéquez y Santa Rosa), más 18 medios de comunicación escritos.

De los periódicos digitales, hay seis inscritos y once empresas de vallas publicitarias, una de estas, con presencia en mupis.Al 12 de junio, sólo el 56 por ciento de los medios de comunicación habían cumplido con presentar sus reportes y de los partidos políticos vigentes, sólo 14 de los 23 existentes envió sus informes de gasto en campaña.

Novales refiere que “el gasto más significativo de la campaña de los binomios presidenciales y los diputados de lista nacional suele ser la contratación de espacios en medios de comunicación. De estos, el más oneroso, pero también el más efectivo, es la televisión”.

Una encuesta publicada por la Asociación DOSES en 2011, indica que el 54.6% de los ciudadanos empadronados señalaron que la televisión abierta era su fuente primordial de información sobre los candidatos presidenciales, seguida por la prensa escrita (19.8%) y la radio (16.7%), recuerda el analista.

“En el caso de las campañas locales, los fondos recaudados se utilizan para campaña de tierra, lo cual incluye publicidad estática, material publicitario, y orgalocales así como  organización de actividades in situ, como mítines y caminatas. Las campañas locales suelen ser financiadas por el propio candidato, con apoyo de familiares y amigos, o empresas y organizaciones locales”, cita el informe Partidos políticos guatemaltecos: financiamiento e institucionalidad.

Luis Fernando Mack, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), expuso que “siempre que los partidos políticos reciben dinero, es indispensable que se generen dos condiciones ligadas entre sí: reglas para fiscalizarlos —lo que requiere el fortalecimiento de la capacidad de fiscalizar y sancionar del TSE—, y reglas estrictas para “juzgar” su desempeño partidario y su arraigo ciudadano”.

En el informe sobre La regulación partidaria en Guatemala emitido en 2012 como aporte para Acción Ciudadana por parte de la Convergencia Nacional para la Reforma Política (Conarep), el experto describe que lo anterior “servirá para diferenciar las legítimas formas de organización partidaria de los partidos de cartón, que sólo buscan convertirse en receptores del dinero recibido”.

El reto de legislar

Con los escándalos de corrupción protagonizados por funcionarios públicos, reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos se convirtió en la principal demanda ciudadana. Esta presión obligó al Congreso de la República a crear una mesa técnica que permita socializar los puntos con organizaciones de la sociedad civil. Se espera que la propuesta final se conozca este viernes, según el diputado Paul Briere, integrante de dicha instancia.

“El tema del financiamiento de partidos políticos ha sido un tema muy álgido en la mesa de discusión. la gente lo pide por eso se menciona con insistencia la necesidad de fortalecer al Tribunal Supremo Electoral para que cuente con las herramientas y el recurso humano que permita hacer la fiscalización”.

El congresista explicó que esta semana realizarán la quinta jornada de trabajo y será este viernes cuando presenten la propuesta a Junta Directiva y a la Instancia de Jefes de Bloque. Si bien, se muestran optimistas con los avances, otros reconocen que la aprobación de las reformas no será fácil ya que algunos políticos se resisten a que haya control sobre el financiamiento de los partidos políticos.

“Es uno de los temas más fuertes e importantes en la reforma que se pretende hacer. Controlar los disparadores del gasto de campaña, es decir, el tiempo de campaña y los espacios en los medios de comunicación que deben de regularse”, explicó Manfredo Marroquín, de Mirador Electoral.

A su criterio, la fiscalización del financiamiento es un tema espinoso, ya que los políticos sacan provecho de los recursos “se quedan con buena plata por eso no quieren que existan controles, se rehusan a que la política deje de ser un mercado”. Por ello, insiste en que la reforma política debe ser integral ya que de no aprobarse tal y como los sectores lo demandan, la crisis se agudizará.

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