POR CLAUDIA PALACIOS
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Guatemala reprobó en independencia judicial. Así lo detalla un informe del Foro Económico Mundial que ubica al país en el lugar 107 de 148 naciones organizadas según la independencia de sus jueces de las influencias de los gobiernos y las empresas. ¿A quién corresponde proteger la independencia judicial? ¿A qué intereses responden los jueces guatemaltecos? ¿Y qué hacen otros países para asegurar su independencia judicial?

El informe de Competitividad Global 2013-2014 midió, a través de una encuesta a empresarios, diversas variables a nivel mundial, entre ellas el grado de independencia de los sistemas de justicia.

Los ejecutivos contestaron a la pregunta “¿En tu país, en qué grado es independiente el sistema judicial de las influencias de miembros del gobierno, las empresas y los ciudadanos?” con una calificación del 7 al 1, donde 7 significa que es totalmente independiente y 1 es altamente influenciado.

La lista, liderada por Nueva Zelanda con una calificación de 6.7 y Finlandia con 6.7, señala un promedio de 3 para Guatemala y la ubica en el lugar 107 de 148 países.

En América Latina, Uruguay ocupa el primer puesto con un puntaje de 5.4, seguido de Chile, Costa Rica y Brasil, con promedios de 5.3, 4.8 y 3.9 respectivamente. Venezuela es el último país de la lista, con 1.1 como promedio.

La encuesta del FEM se basa en percepciones, pero puede ser una guía para analizar las relaciones entre poder judicial y los actores externos e internos en cada país.

¿Qué estamos haciendo de manera diferente para proteger a jueces y magistrados de injerencias perjudiciales?

CUESTIÓN DE ELECCIONES
Ernesto Archila, del instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP) señaló que la independencia judicial está directa e íntegramente relacionada con la trasparencia en la elección de las autoridades del Poder Judicial.

“En ese sentido, los procesos de selección y nombramiento de las máximas autoridades en los países con mayor independencia, no es que no sean corruptibles, pero son procesos más depurados, más transparentes y con criterios claros de quienes deben llegar a esos puestos”, dijo.

Archila considera que un segundo elemento tiene que ver con la forma de evaluar y calificar a los funcionarios que optan a dichos cargos.

“Estos países han priorizado en la elección a aquellos que a lo largo de su carrera han demostrado las mejores y mayores capacidades, por ello, un tercer elemento tiene que ver con la carrera judicial, que esos puestos de dirección se otorguen a quienes hayan hecho una carrera profesional, pero que esos años estén respaldados por una calidad técnica, calidad académica y profesional y méritos que lo posicionen delante de todos”, explicó el analista.

Los modelos de selección de jueces y magistrados varían, en Nueva Zelanda, el país con el primer lugar en independencia judicial, el Presidente del Tribunal Supremo es nombrado con el asesoramiento del Primer Ministro. Todos los demás jueces de los tribunales superiores son nombrados por el Gobernador General con el asesoramiento de la Fiscalía General, el Presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal General.

En Bolivia, en cambio, los cuatro tribunales nacionales de justicia se forman por elección popular para un periodo de 6 años, sin posibilidad de reelección. El proceso no admite propaganda de ningún tipo y es el Tribunal Electoral el encargado de divulgar información sobre los postulantes a la población.

México elige sus magistrados para un periodo de 15 años. En el país norteamericano, el Presidente de la República propone al Senado una terna de candidatos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En Chile, el Presidente elige a un magistrado de una nómina de cinco personas propuestas por la misma Corte Suprema de Justicia. La elección debe ser ratificada por el Senado.

MIGRAR DE UN SISTEMA A OTRO
En Guatemala, con el fin de democratizar la selección de magistrados, el Congreso hizo cambios al sistema de elección, primero con la Constitución en 1985 y luego, en 1993, se implementó el sistema de comisiones de postulación, proyecto que en ese entonces fue considerado un sistema ejemplar a nivel internacional.

Las comisiones de postulación están integradas por representantes de los rectores de las universidades del país, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales, la Asociación de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Magistrados de las Salas de Apelaciones, y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Dichos grupos seleccionan una nómina con 26 candidatos para Corte Suprema de Justicia y una nómina con 164 candidatos para Cortes de Apelación, las cuales se envían al Congreso de la República para que este nombre a los magistrados titulares y suplentes.

“Cuando los constituyentes pensaron en el sistema de Comisiones de Postulación, se pensó que al integrar a la academia se dotaba a la elección de un elemento académico superior, pero lo que sucedió es que la academia se politizó y comenzó a seguir los lineamientos que marcaron los distintos grupos de presión”, explica Archila.

Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), opinó que el sistema significó un avance hasta cierto periodo.

“Sirvió en la consolidación de la era democrática, pero ahora lo que se requiere es prevenir de la influencia de otros actores con intereses particulares, actualmente podríamos decir que el modelo presenta un estancamiento”, señaló.

Las pasadas elecciones de magistrados para las Cortes del Organismo Judicial fueron altamente cuestionadas por diversos sectores de la sociedad civil, quienes señalaron que el proceso estuvo viciado por el tráfico de influencias y pasó por alto la carrera profesional de la gran mayoría de togados que se postularon.

Incluso la Organización de los Estados Americanos expresó preocupación por la validez de dicha elección después de que la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque de Silva, expresó en un comunicado de prensa que “la reciente elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala ignoró los principios de transparencia, objetividad e idoneidad necesarios en este tipo de proceso”.

Los cuestionamientos al proceso de selección de magistrados llegaron a la Corte de Constitucionalidad, que luego de suspender provisionalmente la toma de posesión de los togados electos por el Congreso de la República, resolvió avalar su nombramiento y ordenar la renovación de las cortes.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia señaló que la corrupción de las comisiones de postulación se originó por la mutación de los grupos de poder con capacidad de influir en las instituciones estatales.

“Antes las instituciones no estaban penetradas por organizaciones criminales como hoy. Antes los obstáculos a los principios como independencia, imparcialidad y objetividad surgían por casos específicos con el fin de proteger los intereses de quienes estaban en el poder económico o político de grupos tradicionales”, dijo.

La entrevistada agregó: “en la medida en que el sistema político del país fue evolucionando, vemos cómo los partidos políticos han dejado de ser un sistema, de ser un verdadero poder político y son simples vehículos para que grupos de poder accedan al manejo del poder público y al manejo de las instituciones para cuidar sus intereses. En la medida que hubo una evolución perniciosa del manejo de la política, se fueron perdiendo las posibilidades reales de tener un sistema independiente, autónomo, imparcial y objetivo.” explicó Ibarra.

LA CARRERA JUDICIAL
De acuerdo con Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, la carrera judicial permite que los nombramientos no se hagan por razones de tipo político, sino, de acuerdo con la capacidad de los jueces y su trayectoria profesional.

La legislación actual no incluye a magistrados en la Carrera Judicial, sino solo jueces de paz y de primera instancia, electos por concursos de oposición y nombrados por la CSJ.

La representante de Asies, coincide con Cadena al señalar que en el país la carrera judicial es limitada y que esta debilidad influye en la toma de decisiones de los jueces, ya que con sus fallos pueden beneficiar a aquellos grupos que impulsaron su nombramiento, sobre todo cuando, una vez electos, no gozan de inamovilidad en sus puestos.

“La inamovilidad de los jueces puede ser un garantía de independencia judicial porque la validación de su puesto no se ve sujeta a la ratificación de cada cuatro a cinco años, cuándo se celebran las elecciones”, explicó Escobar.

JUECES DESPROTEGIDOS
La coacción también es una forma de influencia a la que están expuestos los jueces guatemaltecos, “para que se pueda desarrollar la independencia judicial se necesita de un sistema de protección adecuado, porque los jueces están en una vulnerabilidad tan grande, que por emitir una sentencia son amenazados o son atacados” señaló Cadena.

El OJ solo cuenta con el personal para cubrir la mitad de las solicitudes de protección que solicitan los jueces ante amenazas por parte de sindicados afectados por sus fallos.

En los primeros dos meses del año se han registrado 34 solicitudes de protección para jueces, de las cuales, solo 14 fueron atendidas debido a la falta de personal de seguridad en la institución.

Según datos del Ministerio de Gobernación, actualmente hay 45 agentes asignados a funcionarios judiciales.
Por otro lado, Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, expresó su preocupación por las presiones a las que están expuestos los jueces independientes por parte de poderes al interior del Organismo Judicial.

La organización que lidera Mack denunció el traslado injustificado de Patricia Gámez y Jenie Molina, juezas cercanas a la exmagistrada Claudia Escobar, quien pese a ser electa como magistrada de la Corte de Apelaciones, renunció a su nombramiento y señaló públicamente la corrupción del sistema de Comisiones de Postulación, por medio del cual fueron electos los actuales titulares de la CSJ.

Escobar y las juezas trasladadas fueron parte de un movimiento de juristas que pidió anular la elección de las altas cortes y repetirla con apego a los principios de trasparencia, idoneidad e independencia.

La CSJ rechazó que los traslados se hayan ordenado con el fin de perjudicar a las togadas y explicó que los movimientos se decidieron luego de la renovación de sus respectivos contratos, motivados por supuestas faltas disciplinarias e incluso señalamientos de corrupción, sin embargo, esta medida no se tomó en otros casos, en los que intervino la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).

Al ser cuestionada al respecto, Vitalina Orellana, representante de la Presidencia del OJ ante el Consejo de la Carrera Judicial, señaló que en el caso del magistrado Erick Santiago de León y la jueza Jisela Reinoso, ambos investigados por la CICIG por corrupción, no es conveniente un traslado, ya que se debe respetar la presunción de inocencia y el debido proceso.

“Este tipo de medidas represivas contrarían la postura que fuera públicamente expuesta por el Organismo Judicial, en cuanto a no dejarse influenciar por señalamientos de ninguna especie, carentes de sustento y que, en todo caso, debe seguirse al pie la normatividad vigente para que puedan tomarse las determinaciones que en derecho correspondan” señaló en un comunicado de prensa la Fundación Myrna Mack.

PROBLEMA ESTRUCTURAL
Archila, del IECCP, señaló que no hay fórmulas mágicas para solucionar los problemas de transparencia y corrupción en los sistemas judiciales, ya que estos obedecen a estructuras que se adaptan de un sistema a otro.
Según el analista, cualquier funcionario público será corruptible si el sistema político electoral y constitucional no establece las limitaciones adecuadas al abuso de poder.

Encuesta

El informe de Competitividad Global 2013-2014 midió, a través de una encuesta a empresarios, diversas variables a nivel mundial, entre ellas el grado de independencia de los sistemas de justicia.
Los ejecutivos contestaron a la pregunta “¿En tu país, en qué grado es independiente el sistema judicial de las influencia de miembros del gobierno, las empresas y los ciudadanos?” con una calificación del 7 al 1, donde 7 significa que es totalmente independiente y 1 es altamente influenciado.
La lista, liderada por Nueva Zelanda con una calificación de 6.7 y Finlandia con 6.7, señala un promedio de 3 para Guatemala y la ubica en el lugar 107 de 148 países.