El Congreso de Guatemala decide este martes si levanta la inmunidad al presidente, Otto Pérez, para que sea sometido a la justicia por presuntos actos de corrupción, en un clima de protestas populares y presiones de distintas instituciones que reclaman su dimisión.

El Congreso programó para las 2 p. m. la sesión para estudiar la recomendación de una comisión parlamentaria de levantar los fueros al mandatario, para lo cual se requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos de los diputados (105 en 158).

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Horas antes de la votación, decenas de sindicalistas bloquearon los ingresos al Congreso en demanda de la aprobación de leyes sociales, aunque afirmaron que se retirarán por la tarde para permitir la sesión legislativa.

Por otro lado, organizaciones indígenas y campesinas bloquearon una decena de carreteras en diferentes regiones del país para exigir la renuncia del presidente.

Pérez, un general retirado de 64 años que llegó al poder en 2012, está acusado de liderar una red denominada “La Línea” que cobraba sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en el sistema nacional de aduanas.

El presidente fue involucrado en el caso por la Fiscalía y la Comisión Internacional de la ONU contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que solicitaron el 21 de agosto a la Corte Suprema de Justicia que autorizara un proceso para quitarle la inmunidad ante indicios de su participación en el esquema.

Esos indicios consisten en una conversación telefónica en la que ordena cambios de personal en las aduanas, algo que se interpreta como una injerencia para facilitar la operación ilícita.

El caso, destapado inicialmente por la Fiscalía y la Cicig en abril pasado, precipitó en aquel momento la renuncia de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien fue detenida en forma preventiva por su presunto papel en el caso.

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Guatemala celebrará elecciones el próximo 6 de setiembre y, pese a que Pérez ha dicho que no renunciará, la incógnita radica en si llegará al 14 de enero —día del cambio de gobierno— para entregar la banda presidencial a quien resulte electo.

La ley guatemalteca estipula que el presidente debe cesar en el cargo si un juez ordena su prisión preventiva.

El analista José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), dijo a la AFP que Pérez “en mi perspectiva no llegará al 14 de enero, saldrá antes, pero eso depende mucho de cuánto avancen los procesos”.

Miles de personas exigen la renuncia de Pérez en manifestaciones callejeras que se han sucedido en los últimos meses. Instituciones como la Contraloría General de Cuentas o la Procuraduría General de la Nación también han reclamado su dimisión.

Pero el mandatario reiteró el lunes en una conferencia de prensa que no renunciará al cargo, al tiempo que afirmó que “no recibió ningún centavo” de estructuras fraudulentas. “Me siento completamente tranquilo”, aseveró Pérez.

Poco antes, su abogado, César Calderón, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, para detener el proceso legislativo que busca retirarle la inmunidad, alegando que la recomendación de la comisión del Congreso fue “incorrecta y apresurada” porque no tomó en cuenta los alegatos de la defensa. El tribunal se pronunciará a más tardar el jueves.

Sanabria coincide con otros analistas en que el presidente se apoya en una “evidente alianza” entre el gobernante Partido Patriota y el también derechista partido Libertad Democrática Renovada (Líder) y que ambos partidos buscarán entorpecer los procesos contra el mandatario.

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Sin embargo, el candidato de Líder, Manuel Baldizón, favorito en las encuestas para ganar las elecciones presidenciales, rechazó esas versiones y alentó al Congreso a quitar la inmunidad a Pérez.

El Congreso ya rechazó a mediados de agosto levantar los fueros al mandatario, aunque fue antes de ser involucrado explícitamente por la Fiscalía y la Cicig en el caso de las Aduanas.

Además de ese caso, hay otros escándalos de corrupción revelados bajo la gestión de Pérez. Entre ellos figura la sobrefacturación en la compra de medicamentos por parte del Seguro Social, que implicó el arresto en mayo de jerarcas de esa institución y del Banco de Guatemala.

Asimismo, como resultado de otra investigación de la Fiscalía y la Cicig, en julio fue detenido Gustavo Martínez, yerno de Pérez y exsecretario general de la Presidencia del actual gobierno, por cargos de tráfico de influencias para favorecer a una empresa de energía.