“Es necesario que quienes violan la Ley sean castigados, porque es la única forma en que podemos evitar la corrupción y las prácticas de abuso de autoridad”

Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentaron una denuncia ayer en el Ministerio Público, en contra de exfuncionarios de esa cartera durante la gestión de Otto Pérez Molina, debido a que, según dijeron, se encontraron anomalías en el programa social Mi  Bolsa Segura.

“La creación del Ministerio fue el 24 de enero de 2012, es decir, 10 días después de la toma de posesión del Partido Patriota; desde entonces ya venía focalizado a politizarlo. Hay que entender también que hay un Gabinete Social dirigido por la Vicepresidencia, que entonces priorizó la institucionalización, pero no la parte sustantiva, ya que traía un fin político”, afirmó Norma Quixtán, titular de la cartera en mención.

Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, dijo que la denuncia es oportuna y necesaria. “Es necesario que quienes violan la Ley sean castigados, porque es la única forma en que podemos evitar la corrupción y las prácticas de abuso de autoridad”, agregó.

El viceministro de Protección Social, Antonio De León, explicó que la ayuda fue focalizada en el departamento de Guatemala, específicamente en el área urbana, pese a que el índice de pobreza extrema era del 18.64 por ciento, según un reporte del Instituto Nacional de Estadística, que también registró en Alta Verapaz la cifra de 78.24 por ciento.

Injerencias

Según Quixtán, los hechos denunciados se registraron durante la administración de los exministros Lucy Lainfiesta y Leonel Rodríguez, por lo que en contra de ellos procedería la acusación.

“Los tiempos y los resultados lo dicen; incluso había empleados, familiares de alcaldes, que estaban encargados de entregar la Bolsa”, comentó.

“Personal del Ministerio recibía llamadas de diputados y alcaldes que dictaban la repartición de la Bolsa; tenemos al menos 15 denuncias de este caso. Incluso, congresistas del partido oficial y jefes ediles publicitaban en sus redes sociales la entrega de la ayuda gubernamental, para adjudicarse votos”, expresó De León.

El funcionario agregó que de un total de 264 mil beneficiarios, 198 mil no contaban con un estudio socioeconómico, y que, además, se tienen registros de duplicidad en los programas sociales.