Urge una política criminal

Adolfo Alarcón Duque/ASIES

Quien falla en planificar, planifica para fallar, reza el famoso adagio de Alan Lakein, en relación a ello encontramos que como país, como sociedad y como Estado, se ha fallado en planificar integralmente la prevención, el combate y la persecución penal del crimen ya que solo nos hemos enfocado en sus efectos y no la atención a sus causas. Durante las últimas décadas, las acciones realizadas por las autoridades han girado en torno a la aprobación de legislación que no responde a la realidad nacional y la promulgación de políticas públicas incompletas basadas en modelos aplicados en otros países. Como resultado, hoy somos una sociedad con índices de asesinato al nivel de epidemia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y con altas tasas de robo, violencia de género, trata y tráfico de personas, secuestros y extorsiones, entre otros.

¿Cómo se explica tanta violencia?. Hemos heredado un legado de impunidad, del conflicto armado interno que duró más de 30 años, además de la exclusión, marginación y empobrecimiento de la mayoría de guatemaltecos derivada de las políticas de gobierno que favorecen a una clase social privilegiada, con la inexistencia de un modelo económico de desarrollo con visión de país. Vivimos en una sociedad insatisfecha y vulnerable, donde los principios tradicionales han sido sustituidos por los valores del mercado en una economía global-neoliberal en donde la persona no es más que un objeto de consumo que debe ser aprovechado.

Como agravante, no contamos con un sistema democrático de partidos políticos, la institucionalidad estatal es débil e ineficiente, caracterizada por una burocracia corrupta y en constante aumento.

 La política criminal enfrentará la creciente violencia

Debemos dejar de vivir de la coyuntura, del momento, de la improvisación que atiende a última hora. Es impostergable la atención del delito y para ello el único camino es la planificación de una estrategia que permita a la sociedad guatemalteca aspirar a la paz y la convivencia armónica, como requisitos indispensables para el desarrollo humano integral.Para afrontar esta compleja realidad se hace imperativa la planificación de políticas públicas de Estado que permitan la participación de todos los sectores sociales. Requerimos de la voluntad colectiva plasmada en hechos tangibles y concretos. El primer paso lo dio la Fiscal General de la República Thelma Aldana, quien públicamente planteó la necesidad de formular la Política Criminal del Estado. Es necesario sumarse a este esfuerzo y asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos para aportar soluciones a las múltiples causas que originan la violencia en nuestro país.



 

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