“La CC tiene una tarea de emitir una opinión sobre este tema, aunque otras magistraturas se han pronunciado”

Así lo explicó la magistrada presidenta del tribunal constitucional, Gloria Porras, quien indicó que lo que se busca es evitar que los abogados retrasen la justicia ordinaria.

“En 2014 hubo más de 6 mil expedientes, pero el año pasado iniciamos un procedimiento para combatir el amparo malicioso que derivó en 5,800 y la proyección para este año es no llegar a esos 5 mil”, señaló.

Según la funcionaria, hasta finales de enero de 2016 había 328 amparos presentados. “Si multiplicamos esa cantidad por los 12 meses (3,936), sería una cifra bastante inferior a la del año pasado”, sostuvo.

Esto es consecuencia de que al reducir los tiempos, los abogados ya no tendrían interés en presentar amparos para retrasar la justicia ordinaria. “Mi expectativa es que la Corte no debería tener más de 3 mil expedientes”, enfatizó.

Actualmente la unidad de análisis creada para acabar con esta práctica está en plena operación, pero por ser relativamente nueva, fue necesario primero realizar tareas de investigación y así ofrecer argumentos que convencieran al Pleno.

Porras consideró que se deben revisar las propuestas de esta unidad, pero han ocurrido cosas al mismo tiempo para no dar trámite a temas civiles que desde el inicio se pueden depurar. “Esperaría que este mes se pueda tomar una decisión, para terminar con los expedientes pendientes”, mencionó.

LA LEY ELECTORAL
Otro tema que ocupa a los magistrados por estos días, si se toma en cuenta el momento coyuntural que atraviesa el país, es la responsabilidad de emitir dictamen sobre la Ley Electoral y de Partidos Políticos, lo cual debe ocurrir antes del 14 de febrero.

Se conformó una comisión específica que elaboró una propuesta en borrador y que el pleno de la CC está entrando a conocer.

“Los magistrados ya tienen el borrador en su poder y lo están estudiando y evaluando. Hubo una primera reunión del pleno sobre el tema y este extenso dictamen es motivo de mucha atención por la trascendencia que significa para el país”, detalló.

No obstante, Porras explica que hay dos o tres artículos que deben ser estudiados a profundidad, aunque no se poseen detalles de estos.

De este estudio puede derivarse que estos se amplíen, con la finalidad de que sean más claros y concisos en su interpretación.

“Es una tarea minuciosa la que tenemos y creemos que vamos a cumplir con el pedido del Congreso, que solicitó el dictamen para el próximo día 14”, dijo.

TRABAJO COLECTIVO
Analizar esta situación resulta ser una tarea ardua, pues se trata de un documento de unas 300 páginas que no es posible “sacarlo de la noche a la mañana”, explicó la presidenta del ente de justicia, quien agregó que en este trabajo se ha invertido tiempo y recursos antes de que llegue a manos del pleno de la CC.

“No se trata de conocer los temas solo por hacerlo; en el Pleno se discute y sobre todo se busca un consenso basado en darle prioridad a la justicia, pese a que muchas veces no se logra una decisión unánime”, expresó.

Al preguntarle sobre si la CC ha sido cuestionada por los últimos fallos, incluido el del salario diferenciado, señala que se deben respetar todos los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto a los procesos laborales. “Existió un voto dividido en la primera resolución, pero en la última ya fue unánime”, sostuvo.

“Mi trabajo ha sido respetuoso para con los ciudadanos; no ha sido fácil, yo he sido absolutamente independiente, no acepto injerencias de ninguna persona. Entiendo que las decisiones no pueden ser muchas veces populares y no se comparten los fallos, pero tratamos de minimizar errores”, afirmó.

CON APEGO A DERECHO
Cristhians Castillo, analista del área sociopolítica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), indicó que el máximo tribunal constitucional le está dando un manejo técnico particularmente al dictamen de la Ley Electoral y de Partidos Políticos

“La CC tiene una responsabilidad muy grande, donde debe haber coherencia entre las opiniones de los magistrados. Han tenido una posición prudente y bastante técnica”.

“Al dictamen sobre esta ley pareciera que se le está dando un buen tratamiento, debería ser una opinión apegada al respeto a la Constitución. Diría que la población espera que su Corte le dé una opinión al Congreso apegada a derecho y sobre todo enfocada a los cambios que la población solicitó”, indicó.

Al resumir la labor de la CC, de la actual magistratura, Castillo dijo que se ha percibido que la mora judicial ha disminuido, aunque a la actual presidencia se le cuestionó por el controversial bono de productividad.

Juan Carlos Sanabria, analista político de la Asociación de Estudios Sociales (Asíes), señaló que los magistrados tienen una iniciativa importante en sus manos y trascendental para el país.

“La CC tiene una tarea de emitir una opinión sobre este tema, aunque otras magistraturas se han pronunciado”.

“Decisiones en la CC no tienen que ser populares”
La magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, indica que podrían conocer otros temas de impacto social como el pacto colectivo del Ministerio de Salud y la Ley de Tarjetas de Crédito.

¿Qué casos de trascendencia está por conocer la CC?
Hay otros pendientes como el pacto colectivo de Salud y está pendiente, asi mismo, el de las tarjetas de crédito. Podríamos conocerlos próximamente porque son de suma importancia por el interés que tiene para trabajadores en el caso del pacto colectivo, y para la población en general en el de las tarjetas. Es para toda la población.

¿Cómo resume su labor al frente de la CC?
Transformamos el método de trabajo y esto es positivo porque se agilizaron muchos procedimientos con la idea de que las personas no vieran más retrasos en sus peticiones a la Corte.
En lo particular, no he tenido el temor de disentir y el de decir no cuando no estamos de acuerdo; muchas veces las resoluciones no son unánimes.

¿La disidencia es positiva?
Recibí recientemente un reconocimiento de una universidad de Estados Unidos por una disidencia, porque es un mecanismo que permite tomar decisiones jurídicas como corresponde, y una de las resoluciones que tomaron como base fue la que se hizo contra el presidente Otto Pérez Molina. Tomaron como base un amparo a una tercera persona y cómo se hizo la revocatoria del mismo.