En los casos de corrupción que se conocen en Guatemala, cada día salen a relucir más nombres de involucrados y el caso de los procesados por la concesión de la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) no es la excepción, pues ayer mismo se  sumó el de de la excontralora General de Cuentas de la Nación (CGCN), Nora Segura.

De acuerdo con el actual Contralor, Carlos Enrique Mencos, la exjefa de esa dependencia y su equipo habrían aplicado, a pie juntillas,la expresión francesa Laissez faire, laissez passer (Dejar hacer, dejar pasar), aunque no en la mejor de las acepciones y menos en el sentido de libertad plena que le atribuyeron sus creadores.

Mencos contó que quien lo precedió, conocía los detalles del contrato de usufructo oneroso firmado entre la Empresa Puerto Quetzal  (EPQ) y TCQ, pero que de todas maneras rindieron dictamen favorable y le dieron luz verde al negocio en el que ya se ha demostrado que se incurrió en muchas anomalías, incluido el pago de una millonaria comisión que ascendió a $30 millones, que se habrían repartido entre el entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti.

“Por eso se denunció a la excontralora y al equipo de contralores que conoció este caso, porque en la parte considerativa, da la impresión de que ratifican ese contrato”, aseguró Mencos.

Y aunque la denuncia fue presentada hace poco más de un mes (como ya lo había anticipado, pero sin confirmarlo), no fue sino hasta ayer que Mencos lo hizo público. En sus declaraciones, también reveló que todos los detalles de la investigación se entregaron a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pues fue gracias a un requerimiento de esta entidad, que se profundizó en las pesquisas de lo actuado en ese contrato por parte de la CGCN.

Al respecto, Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), comenta que la Cicig ha sido el elemento detonante en todos los escándalos de corrupción que se han destapado en Guatemala y fundamentalmente, el comisionado Iván Velásquez.

“Sin la Cicig, quizá nada de lo que ha pasado en el país hubiese sido realidad. Y en el caso de las denuncias del Contralor, que deben ser valoradas positivamente, también debe decirse que él se vio presionado por las circunstancias, pues reaccionaba como lo hace o seguro reaccionaban en contra de él”, dice Linares.

Al interpretar cómo cada día se suman más nombres de involucrados, el analista asegura que el gran problema del país venía siendo que el sistema de corrupción se fundamentaba en la complicidad institucional de los órganos de control.

“Eso generaba negligencia de todos”, asegura y agrega que a todo el andamiaje debe sumarse que tenían cooptado al sistema de justicia y seguros estaban de que no serían castigados y que si lo hacían, no sería de ninguna manera grave y ejemplar.

En esos términos, Linares dice que la CGC venía funcionando como los famosos monos sabios:  no miraba, ni escuchaba y menos, decía.

Pero ante la coyuntura y la lluvia de denuncias en contra de funcionarios públicos, habría hecho que “Mencos reaccionara como una especie de viento con remolino. O hacía algo o él también era arrastrado por la corriente”, asegura.

Y ¿cómo ha reaccionado Mencos?, pues él mismo lo dijo ayer:  entregó a las entidades que investigan y persiguen penalmente a los presuntos corruptos, una serie de documentos que incluirían investigaciones, narraciones y opiniones sobre el contrato con TCQ. “No puedo dar detalles, pues podría afectar el proceso”, se limitó a decir.

NO SE LE LOCALIZA

De Nora Segura, ni sus señas. Siglo21 intentó conocer su versión de los hechos, pero fue imposible localizarla.

En medio de este remolino de anomalías, surgió recientemente otro hecho que levantaría polémica y es la reunión entre el presidente Jimmy Morales y representantes de la empresa Maersk, que opera actualmente la terminal de contenedores.

Lo que hablaron es un secreto. Pero ello le ha valido también al mandatario, la amenaza de la Unidad Nacional de la Esperanza, de solicitar un antejuicio en su contra, ante la falta de explicaciones de por qué efectuar reuniones secretas en un ambiente tan hostil.

Mientras tanto, la defensa de Baldetti, amenaza con presentar un recurso que invalide el juicio, pues según ellos, se acudió al ramo penal sin haber agotado la vía civil correspondiente.

Villagrán también podría ser denunciada

Montenegro analiza esa posibilidad ante la pasividad de la Procuradora

A la lista de acusados en el caso TCQ, podría sumarse también la Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, quien renunció al cargo recientemente, con efecto a partir del 31 de mayo.

Pero a diferencia de la denuncia en contra de Nora Segura, que se hizo por la vía de lo contencioso administrativo, contra Villagrán se haría en el ramo penal. Así lo afirmó la diputado Nineth Montenegro, jefa de la bancada Encuentro por Guatemala (EG).

De acuerdo con Montenegro, la aún Procuradora ya estaba al frente de la institución cuando se efectuaron negociaciones para finiquitar el contrato con TCQ. A cargo de ellas estaba el abogado Saúl Oliva, quien había sido nombrado para el efecto por el ahora exmagistrado Vladimir Aguilar, también procesado en este caso.

Otra de las razones que motivan a Montenegro y su bancada, sería la inacción real de Villagrán, pues aún cuando a la luz pública ha hablado sobre la necesidad de declarar la nulidad del contrato, en la práctica no ha hecho absolutamente nada, pese a que ya recibió la instrucción presidencial que decía esperar.

Siglo.21 intentó localizar a Villagrán para conocer su opinión al respecto, pero no respondió a los llamados telefónicos.

La también ex presidenta del Tribunal Supremo Electoral, ha asegurado públicamente ser víctima de amenazas y no recibir el apoyo necesario del Ministerio de Gobernación. Esas circunstancias, ha dicho, serían la causa principal de su dimisión. Y de su silencio actual, algunos medios han dado cuenta de que Villagrán estaría atravesando por una situación complicada de salud que la tendría en reposo.