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Cuestionable legitimidad de los diputados para dictar las “reglas del juego”

por Diario La Hora

Cuestionable legitimidad de los diputados para dictar las “reglas del juego”

POR GRECIA ORTIZ
gortiz@lahora.com.gt

Después de la promulgación de las reformas electorales, el pasado 25 de mayo, el presidente Jimmy Morales hizo un llamado para impulsar una nueva generación de cambios en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que respondan al clamor ciudadano, y su propuesta parece tener eco en el Congreso. Sin embargo, cualquier modificación en las reglas de la política necesariamente pasa por los mismos diputados, quienes tienen el poder de definir las reglas del juego, ese del que han sacado provecho durante muchos años. ¿Qué tanta legitimidad tienen los autollamados “padres de la patria” para reformar el sistema electoral, judicial y demás esferas del mismo?

Con toda la legalidad y protocolo del caso, el pasado 14 de enero, 158 diputados asumieron sus curules en el Congreso, dispuestos a empezar una legislatura de cuatro años como representantes del pueblo en el Organismo Legislativo.

Sin embargo, no todos estaban contentos ese día, pues la renovación de las autoridades nacionales y locales a principios de este año estuvo precedida por varios meses de manifestaciones y movilizaciones ciudadanas contra la corrupción.

Y es que las condiciones en las que se realizaron las elecciones, el pasado 9 de septiembre, crearon dudas sobre la legitimidad sobre el sistema electoral, permisivo con las millonarias campañas sin fiscalización, la corrupción y la falta de representatividad.

Ahora, un Congreso con 15 diputados enjuiciados, 7 de los cuales es por actos de corrupción, se aprestan a decidir el futuro del sistema judicial, electoral y todo lo que tiene que ver con la operatividad del Estado.

Los diputados, además de poner en tela de duda la legitimad que tienen para dictar las reglas del juego, tienen la esperanza que el pacto de impunidad sellado en el 2014, sirva sus frutos.

Los considerados acérrimos enemigos políticos, Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Lider), el 25 y 30 de septiembre del 2014, alcanzaron acuerdos para elegir a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a los 126 profesionales que están a cargo de la Sala de Apelaciones.

La intervención de la alianza bipartidista recibió el rechazo de las organizaciones sociales que vigilaron el proceso, así como también por ciudadanos que afirmaron que ese pacto garantizaría beneficios a las dos agrupaciones políticas tras las acciones de las que pudieran ser objetos, como se ha visto en las últimas semanas.

Cuando los diputados tuvieron en sus manos las reformas de la ley electoral y de partidos políticos, se aseguraron que los vicios de fondo del sistema quedaran intactos o fortalecidos.

Ahora, tras la iniciativa del Presidente Morales, será de nuevo el turno de los diputados reformar la LEPP en profundidad, como lo pidió la población en diversas manifestaciones, pero permanece la duda entre analistas y expertos sobre la legitimidad de los diputados para dictar sus propias reglas en la política.

Asimismo, estos diputados deben dictar las reglas de la reforma judicial, del sistema de compras y contrataciones, del servicio civil, de la ley de aguas, de la ley de competencia y muchas otras que son claves para la operatividad del Estado.

LEGITIMIDAD CUESTIONADA

El abogado y exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Mario Guerra Roldán, considera que las reformas a la LEPP no se pueden considerar un “avance” significativo o un paso en la búsqueda de un cambio profundo en el sistema político del país.

Por el contrario, el experto señala que los cambios en la normativa reflejan deficiencias y debilidades, que exponen la falta de una respuesta de los diputados ante la crisis institucional en la que se encuentra sumida la clase política y el Organismo Legislativo.

Guerra Roldán cuestiona que sean los diputados, criticados por la corrupción –varios de ellos con procesos de antejuicio–, el transfuguismo, los cacicazgos, sean quienes tengan el control total al momento de delinear las reglas en la política.

Para el exmagistrado, esos aspectos ponen en tela de duda la legitimidad del Congreso para reformar el sistema. “Las reformas a mí no me alientan, no dan una reacción positiva, porque –los diputados– siguen teniendo la sartén por el mango. Mientras sigan los partidos políticos igual, y los políticos igual, nada podemos mejorar ni avanzar; se necesitan reformas profundas y exhaustivas sobre los partidos políticos”, dijo.

Y es que a parecer del exmagistrado, en las reformas aprobadas no se tocaron aspectos importantes, que cambien de raíz las normas que rigen los partidos políticos, lo que “infortunadamente parece un callejón sin salida”.

El tema de las plazas fantasma, descubierto por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) no es algo nuevo, aseguró Guerra, e inclusive no corresponde solo a ese organismo sino a otras instituciones en donde siempre se buscan beneficiar personas sin escrúpulos, señaló.

Para realizar un cambio se tiene que llegar a una reforma constitucional, pero infortunadamente, afirmó que siguen siendo los parlamentarios los que tienen injerencia. “Ellos –los diputados-, manejan este asunto; la solución sería llegar a una reforma sin que intervengan, eso es para quebrarse un poco la cabeza y pensar en una situación que sería necesaria para evitar que manoseen los asuntos como lo han hecho siempre”, indica.

UN CONGRESO SIN SUSTANCIA

Alexander Aizenstatd, vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), aseguró que el Organismo Legislativo cuenta con una legitimidad formal, pero no en sustancia, a causa de los múltiples señalamientos que pesan contra los congresistas.

“No tienen una legitimidad de sustancia, no solo porque han perdido la legitimidad democrática en temas de transfuguismo, sino porque han perdido la confianza de la población al existir acusaciones en temas de corrupción. No solo es un tema de legislar, también es un tema de elegir funcionarios públicos, ellos eligen muchos funcionarios”, dijo.

Aizenstatd añadió que el transfuguismo es un tema que también afecta la legitimidad de los diputados, en la integración del Congreso y al no respetar la voluntad de los votantes, sino a responder a intereses personales y egoístas de cada diputado, “velan por ellos mismos”.

Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación en Estudios Sociales (Asies), opina que la legitimidad del Congreso como organismo del Estado debe diferenciarse de la legitimidad de sus integrantes.

“El Congreso como organismo del Estado, pues sí es legítimo para abordar los temas de reformas políticas, para cumplir con las funciones que le asigna la Constitución; lo otro es cuanto a los diputados y la legitimidad que tienen por ser funcionarios de elección popular, pero con señalamientos en su contra”, dijo.

Para Linares, una de las falencias de los diputados reside desde el punto de vista ético, pues deben recordarle a la población que se puede confiar en ellos, pero eso solo se consigue con acciones concretas y ejemplos. “Se necesita que actúen en consecuencia con las normas constitucionales, y con la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho”, que les permitiría redimirse con la ciudadanía.

Enmendar la forma de su actuar, a criterio del entrevistado, permitiría que sean reconocidos como legítimos, además de actuar de una manera responsable “al final de cuentas, es el Congreso que tenemos, hay que esperar tres años y medio más”.

“El Congreso al igual que las demás instituciones lo que tiene que hacer es una limpieza”, destacó.

CASO ILUSTRATIVO

Mario Itzep, del Observatorio Indígena, opinó que la corrupción en el Organismo Legislativo, que recientemente salió a luz con el escándalo de plazas fantasma, es solo un caso ilustrativo de los problemas internos de la institución, pues a su criterio la mayoría de los 158 parlamentarios están involucrados en actos de corrupción.

“El Congreso de la República carece de legitimidad, y a mi juicio, en este momento que hablan de reformas que podrían ser parte de un discurso para salvar su imagen, pero nada garantiza que de verdad respondan a la población”, aseveró

A su parecer los parlamentarios, tuvieron la oportunidad de generar un cambio, cuando conocieron las reformas a la LEPP, pero no la aprovecharon y no fue por casualidad, sino para resguardar sus intereses particulares.

“Tuvieron la oportunidad de plantear una reforma que se exigió desde la sociedad civil,”, aseveró.

El representante del Observatorio Indígena, considera que en la actualidad estamos a las puertas de un Estado fallido, por la continuidad de actores políticos que han permanecido en esa institución por varios años.

“Los diputados nos demostraron que no quieren cambiar el sistema porque son parte de él”, dijo.

Christians Castillo, analista político del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (Ipnusac), apuntó que, a pesar de contar con los votos de la ciudadanía, las acciones y decisiones de la clase política, ha ido deslegitimando al Congreso”

“Cuando vemos que actores que están siendo señalados por el MP y CICIG, la población deja de creer en la institucionalidad del Congreso de la República; preocupa que sean ellos quienes sigan legislando y sigan impulsando acciones”, aseveró.

El experto destacó, el grave problema es que el ciudadano guatemalteco no cuenta con herramientas para separar del cargo a los malos funcionarios, algo que se conoce como mandato de revocatoria que no está legislado en el país. “Una vez electo el representante desafortunadamente no hay fundamentos legales que nos permitan separarlos del cargo”, más que pedir su renuncia.

“Yo creo que legitimidad no se ha perdido, porque no está a prueba, no está puesta en cuestión, porque no ha habido elecciones fraudulentas, porque no ha habido una disfunción, obviamente necesita fortalecer su capacidad de diálogo con la sociedad, ahí se ha perdido un poco”, aseguró.

Álvaro Pop, también concuerda con la opinión del resto de analistas en que el organismo Legislativo no está respondiendo a las necesidades de los planteamientos de la sociedad, “es un Congreso que ha pervertido su alta investidura para beneficio personal de algunos de sus participantes, muchos pocos no sabemos”, opinó.

En general, afirmó que existe decepción de la población por la manera en que han trabajado los parlamentarios “hay una disfuncionalidad, hay perversión en la responsabilidad en la alta investidura que tienen”.

A la ciudadanía, le corresponde denunciar las malas prácticas, y plantear lo que si se quiere que hagan y por otro lado plantear las inconformidades, así también impulsar procesos de reforma política “la capacidad la fuerza, la honorabilidad, y la utilidad de un Congreso se recuperaría por el ciudadano mismo, no por los partidos, ni diputados”.

RESTAN CREDIBILIDAD

De acuerdo con analistas y expertos consultados, son varias las prácticas que le restan credibilidad al Congreso:

*Corrupción. Desde la aprobación de leyes a favor de intereses particulares y la contratación irresponsable de personal y el manejo de plazas fantasma, hasta la aprobación de cuestionables contratos. Estos han derivado en denuncias penales que resultan en antejuicios, que minan la credibilidad de los legisladores.

*Falta de representatividad. El transfuguismo, la falta de ideologías en los partidos políticos y las bancadas, así como la defensa de agendas particulares, hace que muchos electores no se sientan identificados con quienes deberían ser sus representantes.

*Desinterés. No se discute y trabaja para solucionar los problemas de la población, las iniciativas de Ley se engavetan y pocos proyectos se aprueban para responder a las demandas de la ciudadanía.

LAS REFORMAS

El Congreso de la República publicó el pasado 25 de mayo las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), sancionada un día antes por el presidente Jimmy Morales. La ley fue aprobada el pasado 19 de abril por los diputados.

En las reformas, se establece en el artículo 1 que se instituye el voto en el extranjero, que la Contraloría General de Cuentas puede fiscalizar a los integrantes de organizaciones políticas así como el Tribunal Supremo Electoral.

En el artículo 6 se indica que se reforma el artículo 21 de la LEPP, con lo que corresponde al TSE el control y fiscalización de los fondos públicos y privados que reciban las organizaciones políticas para el financiamiento de sus actividades permanentes y de campaña.

Sobre regulaciones al financiamiento, se adicionó el artículo 21 el cual prohíbe a los partidos políticos recibir contribuciones de cualquier índole provenientes de Estados y de personas individuales o jurídicas extranjeras, personas que hayan sido condenadas por cualquier delito contra la administración pública, personas cuyos bienes hayan sufrido procesos de extinción de dominio o fundaciones y asociaciones de carácter civil con carácter apolítico y no partidario.

Sobre el voto nulo, en el artículo 41 se indica que: Si en los sistemas de votación, los votos nulos sumados en alguno de dicho sistema, fueren más de la mitad de los votos válidamente emitidos, el Tribunal Supremo Electoral acordará y declarará en única instancia la nulidad de las elecciones en donde corresponda y se repetirán éstas, por única vez, debiendo los partidos políticos y en su caso los comités cívicos electorales, postular candidatos a los cargos públicos correspondientes.

Respecto al transfuguismo, en el artículo 44 se señala que el renunciante no podrá optar a ningún cargo dentro de los órganos del Congreso de la República. Asimismo queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos recibir o incorporar a los diputados que hayan sido electos por cada organización política.

Las reformas también facultan al TSE para una distribución igualitaria de recursos públicos, espacios y tiempos en los medios de comunicación, entre los partidos políticos.

LO QUE SE QUEDÓ FUERA DE LA LEY

El presidente Morales sancionó la ley e indicó que esta dejó fuera la ampliación presupuestaria para el TSE, la democratización interna de los partidos políticos, no contempló límites a la reelección de diputados y desechó la propuesta de cuotas, paridad y representación de las grandes mayorías.

Por ello anunció que presentarán al Congreso una nueva iniciativa que contenga las reformas de segunda generación que “sí respondan a las demandas legítimas del clamor popular”.

Otros grupos han señalado la falta de mecanismos efectivos que permitan un verdadero control del financiamiento de las campañas electorales, que impida por completo la participación de grupos criminales.

Además, la limitación para la relección indefinida de los alcaldes y los diputados, quienes pueden participar en las elecciones cuantas veces quieran, así como la democratización interna de los partidos políticas, que además de lugar a la participación de comités cívicos.

En el caso de los legisladores, también se ha hecho notar la necesidad de elegirlos individualmente, y no por planillas.

_marioLos parlamentarios tuvieron la oportunidad de generar un cambio cuando conocieron las reformas a la LEPP, pero no la aprovecharon y no fue por casualidad, sino para resguardar sus intereses particulares.
Mario Itzep
Observatorio Indígena

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