Fecha:  14/Jul/2014   Periódico: Diario de Centroamérica   Sección: Nacionales   Pagina: 2

La falta de atención a las necesidades de los pueblos del área rural, la pobreza crónica, la desigualdad  y la falta de presencia del Estado han desencadenado históricamente conflictividad social y han influido en que las soluciones sean contempladas por medio de medidas de hecho.


Dichos factores estructurales han sido heredados por los Gobiernos, los cuales, en la mejor de las situaciones, los han enfrentado con intentos de diálogo sin mayores resultados, debido a que solo han atendido el efecto y no el origen de los mismos.

La actual administración adopta la idea de ir a  la raíz de los casos de conflictividad social, y al momento se han solucionado once de estos; la mayoría gravitan en torno a exigencias de tierras, robo de energía eléctrica por parte de comunidades o la oposición a la construcción de hidroeléctricas.

David Arias, del Sistema Nacional de Diálogo, explicó que estos frutos se derivan del cambio de actitud  del Estado, que adoptó “estrategias integrales, articuladas y sistémicas, con acciones de corto, mediano y largo plazo”. Para ello se priorizaron 61 casos, de los cuales 9 son de alta conflictividad.

Trabajo conjunto
El trabajo interinstitucional de ministerios tales como el de Energía y Minas, Gobernación, o la Secretaría de Asuntos Agrarios, y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, así como del Sistema Nacional de Diálogo, han propiciado sinergias importantes en torno a la consecución de resultados en el tema de los conflictos sociales.
Entre los logros están  la solución del corte de suministro eléctrico y cobros ilegales de este servicio en Santa María Nebaj, Quiché, y en Estanzuela, Zacapa; la atención al problema histórico de tierra en Santa maría Xalapán, Jalapa, donde la población “exige 900 caballerías de tierra pagadas a la Corona española”.

Para obtenerlos ha sido vital la elaboración de una política pública que permita un presupuesto directo para incrementar la presencia estatal en el área rural, con el fin de atender de cerca las exigencias de la población, previniendo los conflictos.
Para Christians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, esta actitud permitirá “erradicar los mecanismos que prolongan la solución de un conflicto por medio del diálogo, y pasar a institucionalizar acciones de responsabilidad. Aquí se apuesta a atender las necesidades antes de que se generen reacciones negativas por parte de poblaciones”, explicó.

Metas
El enfoque integral puesto en práctica para hacer mermar la conflictividad social en el país es parte de la meta presidencial contemplada en el Pacto de Seguridad, Justicia y Paz, y lo que ha pretendido  es “evitar que estos problemas se reproduzcan como hongos”, indicó Arias.
Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, opina que cambiar el esquema de atención social  permitirá “salir de la debilidad en que se encuentra el Estado”.
En el tema de tierras, Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina, dijo que es importante la renovación de la legislación que permita “atender la demanda y recuperación de terrenos” de parte de las comunidades rurales.

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