Fecha:  1/Jul/2014   Periódico: Diario de Centro América   Sección: Nacionales   Pagina: 2

Reducir los niveles de inseguridad, corrupción, tráfico de armas, impunidad y narcotráfico en el país, mediante sanciones más severas que castiguen los delitos graves, así como la aplicación de medidas preventivas, que sustituyan las penas privativas de libertad en casos de delitos menores, son objetivos del Ministerio de Gobernación al aplicar la Política Nacional de Prevención de  la Violencia y el Delito.

La estrategia, que está conformada por 5 ejes de trabajo y 277 líneas de acción, propone la reforma y la creación de leyes que contemplen nuevos criterios de oportunidad en los procesos penales, para no sobrecargar los juzgados y tribunales, y así evitar el hacinamiento en las cárceles.

Sanciones más sociales
Estas reformas consideran que los delitos con penas menores sean juzgados mediante sanciones menos reactivas, más sociales y reintegrativas, que guarden una proporcionalidad con el daño causado, como las prisiones domiciliarias, órdenes judiciales de alejamiento y el uso de pulseras o brazaletes electrónicos para controlar a distancia a los sindicados.
También se menciona la posibilidad de dejar las penas privativas de libertad y el endurecimiento de las leyes para los hechos ilícitos de alto impacto; es decir, los que quebrantan el orden público y atentan contra la vida y la integridad de los ciudadanos.

Árkel Benítez, titular del Tercer Viceministerio de Gobernación, informó que para lograr este giro se plantea la creación de un órgano público que se encargue de controlar estas acciones, en aras de que el sistema penal tenga suficiente capacidad para fiscalizar medidas cautelares distintas al encarcelamiento.
“El objetivo es tratar las causas que originan la violencia a partir de la premisa de evitar los hechos criminales que más daños ocasionan, y esto solo lo lograremos con el ejercicio ciudadano, el fomento de valores y la participación cívica. Por eso es importante que se apliquen menos sanciones negativas o con efectos secundarios”, dijo el funcionario.

Tres componentes
El documento se basa en tres componentes básicos: la prevención de la violencia, la seguridad ciudadana y convivencia pacífica; con estos se busca fortalecer los factores de protección y minimizar los sujetos de riesgo, además de la aplicación de medidas de mitigación, control, disuasión y no revictimización, todo bajo un esquema de coordinación, a cargo de la cartera del Interior.
“Estamos sentando las bases para una cultura de prevención de la violencia y el delito por convicción,
que está básicamente orientada a la participación de la población, en aras de que se reduzca el temor de las personas a ser víctimas de hechos ilícitos y se les fomente el deseo de actuar con claridad y legalidad a favor de sus comunidades”, puntualizó Benítez.

Niveles de violencia
Por medio de estrategias específicas, que incluyen el autocontrol, la formación de autoestima, normas sociales, culturales y la aplicación de las leyes, se debe combatir la violencia generada en cuatro entornos: individual, relacional, comunitario y social.
Lorena Escobar, analista de seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), manifestó que la elaboración de este tipo de manuales es positivo para el país, aunque sugirió que las autoridades deben ejecutarlos a cabalidad, para lograr los resultados efectivos a favor de los guatemaltecos.
“Habrá que esperar para ver la forma en que se aplicará esta nueva estrategia de prevención, y determinar qué tan efectiva es. Lo importante es combatir los hechos delincuenciales que atentan contra la vida, pues la saña ha aumentado, principalmente contra las mujeres”, destacó.

Resolución de conflictos
Otro de los proyectos que contiene la Política Nacional de Prevención de  la Violencia y el Delito es establecer 22 salas situacionales en los departamentos, para la resolución de conflictos y disminución de hechos ilegales.
Carlos Argueta, viceministro de Tecnología de la cartera de Gobernación, comentó que estos serán espacios creados para que los gobernadores y las autoridades de seguridad puedan comunicarse por medio de videoconferencias, para intercambiar información en tiempo real acerca de los índices de criminalidad en cada una de sus regiones, medir los avances y coordinar acciones para fortalecerlas.
“Los sitios están en los edificios de las gobernaciones y  que son remodelados para que cuenten con sistemas tecnológicos que permitan hacer más eficiente la labor contra la delincuencia”, agregó.

Metas a largo plazo
Entre las metas que deben cumplirse en la proyección de 20 años de esta Política están: establecer una cultura de prevención por convicción; desarrollar la agenda pendiente de los Acuerdos de Paz; disponer de tecnología para la seguridad ciudadana, contar con una policía profesional, y formar una sociedad civil educada para identificar riesgos, solucionar conflictos y denunciar la violencia y el delito en cada una de sus comunidades, en aras de promover la convivencia pacífica.