Programa anticorrupción (II)

Actualmente hay 15 secretarías de la presidencia y cuatro de la vicepresidencia. Por ello, en la columna anterior se propuso la supresión de algunas. Podría ser el caso de las Secretarías de Asuntos Agrarios, de la Mujer, de Asuntos Específicos, de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, de Seguridad Alimentaria, de la Paz, de Coordinación Ejecutiva, y de otros entes como el Consejo Nacional de la Juventud, que permitirá ahorrar varios cientos de millones de quetzales.

Esto no significa que se desatiendan las funciones formalmente a esas entidades. Más bien, será la oportunidad de hacerlo efectivamente, pues la labor de muchas secretarías se reduce a elaborar políticas para implementar políticas y realizar “capacitaciones”.

Esas funciones las asumirán, según el caso, los diferentes ministerios y corresponderá a Segeplán verificar que los temas relacionados con la mujer, juventud, los acuerdos de paz, sean incorporados en las políticas, planes y programas de cada ministerio.

En otros casos se incorporarán al ministerio competente, como la Secretaría de Bienestar Social al MIDES o las autoridades lacustres al MARN. Y reducir el costo de la seguridad presidencial. La SAAS tiene la exorbitante cantidad de 1,018 empleados, según Guatenóminas y el año entrante nos costará Q156 millones, con Q16 millones para alimentos, mientras se dedican Q2.45 al “desayuno”.

Sigamos el ejemplo de Brasil, gigante aquejado por la recesión y con la presidenta en jaque por las denuncias de corrupción, donde suprimirán 8 de 39 ministerios, pues también hay muchos casos de duplicidad de funciones. Por ejemplo, un Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento y otro de Desarrollo Agrario. Aquí, entre secretarías y ministerios llegamos a 33.

La gran piñata del presupuesto, disfrute de diputados y gobernadores e instrumento para alinear alcaldes, promoviendo el transfuguismo, es el aporte a los Consejos de Desarrollo. Casi Q 2 mil millones anuales desperdiciados en proyectos desvinculados de las prioridades del desarrollo y de costo sobredimensionado, debido a la corrupción.

La reforma a la ley del IVA permitiría destinarlos recursos al equipamiento de la educación y la salud pública, o a programas de vivienda social, tan necesarios después de 30 años que el Estado abandonó esa tarea.

El programa contra la corrupción y por la austeridad debe incluir la prohibición de la publicidad oficial de obras y actividades de cualquier funcionario, pues esta se convierte en campaña electoral anticipada. Solamente se justifica la información institucional, sin nombre ni apellido, sobre las medidas que es necesario poner en conocimiento de la población.

Es también necesario combatir el conflicto de intereses y el tráfico de influencias. Una persona que haya sido contratista del Estado o proveedor del Estado podrá ejercer un cargo público, solamente cuando hayan transcurrido al menos cuatro años entre su desvinculación y su inscripción como candidato o nombramiento para ejercer un cargo público.

Los interesados deben decidirse. O son funcionarios o son proveedores del Estado. No pueden ser árbitros y jugadores al mismo tiempo.

Es necesario endurecer las penas para los delitos de incumplimiento de deberes, usurpación de atribuciones, exacciones ilegales, y de los vinculados con actos de corrupción, agregando la inhabilitación absoluta de quienes sean condenados.

Se trata de medidas draconianas. Pero solamente de esa forma podrá lograrse racionalidad en la organización del Estado y combatir eficazmente la corrupción.