Pronunciamiento del G40: Defraudación aduanera y la corrupción

El G40 (grupo independiente de economistas y analistas fiscales), ante las recientes acciones encaminadas a desarticular las redes de defraudación aduanera que operan desde el interior y fuera de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con el ánimo de que las mismas sirvan para emprender un esfuerzo nacional a favor de la eficacia, eficiencia, probidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos, manifiesta: 

1. Su beneplácito y apoyo a las acciones dirigidas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en coordinación con el Ministerio Público y las fuerzas de Seguridad, para desarticular una de las estructuras criminales de defraudación aduanera que operaba desde el interior y fuera de la SAT.
2. Su indignación porque dicha estructura criminal haya estado conformada y dirigida por funcionarios del más alto nivel a cargo de la administración aduanera, incluyendo al Secretario Privado de la Vicepresidente de la República. Lo anterior ha generado una grave crisis política e institucional que demanda acciones prontas, concretas y contundentes por parte de las autoridades políticas del país.
3. Su demanda al sistema de justicia para que las acciones de sus operadores se apeguen a los más altos estándares éticos que demanda la impartición de justicia, de manera que las investigaciones iniciadas culminen con castigos severos y ejemplares para todos aquellos que resulten implicados. Los Jueces deben recordar que la ciudadanía está observando y demanda que el sistema de justicia actúe efectivamente para castigar a los políticos y funcionarios públicos que abusan de sus cargos y a quienes corrompen.
4. Que la importancia de estas acciones radica, en gran medida, en que las mismas pueden contribuir efectivamente a fortalecer el erario público, en virtud de que –de acuerdo con estudios elaborados por tanques de pensamiento nacionales— el costo que para el fisco representan las actividades ilícitas de contrabando y defraudación aduanera supera el 3% del PIB. Por ello los esfuerzos de combate a estos ilícitos deben extenderse a prevenir y reducir el contrabando.
5. Que el delito de defraudación aduanera –así como la existencia de redes criminales que lo perpetran— es sólo uno de los componentes de los esquemas de corrupción y malversación que operan en las entrañas del Estado, ocasionando costos inmensos para la economía del país, tanto por las pérdidas de eficiencia que genera la corrupción, como por la evidente merma que sufren las arcas estatales y por la competencia desleal que afecta a las empresas que operan en estricto apego a la ley. La corrupción y su impunidad generan también consecuencias graves y nocivas en los ámbitos social (pues erosiona la moral tributaria, la provisión de servicios básicos de salud, educación e impartición de justicia) y político (pues socava el funcionamiento de las instituciones democráticas y el apego ciudadano a las mismas, así como la estabilidad del régimen constitucional), que pueden incluso ser más trascendentes que las consecuencias puramente económicas.
6. Que la actual crisis institucional plantea al país una oportunidad de emprender acciones profundas, tanto inmediatas como de largo plazo, para rescatar y fortalecer la institucionalidad pública –empezando por la administración tributaria— y, en general, para combatir frontalmente la corrupción y la impunidad generadas por la defraudación aduanera y el contrabando.
7. Que, en tal sentido, resulta imprescindible emprender acciones concretas para rescatar y fortalecer la SAT, a fin de aumentar la capacidad de recaudación y la productividad de los principales impuestos. Entre dichas acciones debe incluirse:
   • La revisión y reforma de la estructura de gobierno interno, especialmente los mecanismos de elección de sus directores y funcionarios superiores (incluyendo los procesos en marcha), con vistas a fortalecer la autonomía y eficiencia institucionales, para lo cual es imprescindible que los electos sean personas de demostrada capacidad, honradez y probidad;
   • La revisión y fortalecimiento de los procedimientos y sistemas de reclutamiento, promoción y disciplina del personal, con vistas a cimentar una verdadera carrera administrativa;
   • Modernizar y sistematizar la publicación y difusión de resultados de la gestión de administración tributaria, con vistas a mejorar significativamente la transparencia y rendición de cuentas de la institución;
   • La creación de herramientas institucionales que procuren la auditoría y fiscalización de la propia SAT, mismas que deberán ser independientes de esta y del gobierno central. De igual manera resulta indispensable un sistema de indicadores que permitan dar seguimiento y evaluar la mejora de los procesos maestros de la institución;
   • La modernización y simplificación de los procesos internos de la institución y el sistema tributario existente, de manera que el cumplimiento de las obligaciones tributarias sea fácil de entender y cumplir para los contribuyentes y se reduzcan los márgenes de discrecionalidad de los funcionarios encargados de la recolección de impuestos;
   • La modernización de aduanas y sistematización de sus procedimientos que permitan la inclusión de tecnologías que reduzcan la discrecionalidad del personal que labora en las mismas y que los procesos sean más eficaces en la recaudación que se realiza.
8. Que, más allá de las medidas de rescate de la administración tributaria, la coyuntura actual demanda la participación integrada de todas las fuerzas de la sociedad guatemalteca interesadas en combatir la corrupción y preservar el sistema democrático, incluyendo a los sectores académicos, empresariales y de incidencia social, por lo que el G40 está en disposición de acompañar cualquier esfuerzo de las diversas expresiones de la sociedad civil encaminado a conformar instancias contra la corrupción para analizar, proponer y fiscalizar las medidas y acciones que deben tomarse en los próximos meses en esta materia.

Guatemala, mayo de 2015.

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