Jairo Flores, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, explicó que se espera recibir, en un período de un mes y medio, a representantes de diferentes instituciones de investigación, sector productivo, Cicig, universidades y diversas fundaciones.

Flores explicó que todas las posiciones que han sido planteadas en torno a la iniciativa “son válidas” y que la Comisión está abierta a escuchar los diferentes argumentos.

Flores afirmó que la iniciativa constituye un borrador para trabajar y que la Comisión de Finanzas tiene claro que las personas que sean parte del Directorio deben asumir responsabilidad similar a la de todos los funcionarios públicos y que puedan rendir informes de transparencia sobre su trabajo.

Las objeciones

La Fundación Económica para el Desarrollo (Fedes) presentó siete puntos de la propuesta de ley que a su juicio deben tener cambios, y en las que el Directorio es una de las principales preocupaciones.

Según la institución de investigación, la iniciativa vulnera los derechos del contribuyente.

Fedes explicó que el llamado Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero (Tributa) —Art 21 de la iniciativa—, que sustituye una parte de la funciones del Directorio, estaría constituido por los mismos funcionarios presupuestados en el renglón 011.

Dichos funcionarios, según el documento, tendrían las calidades de cualquier otro auditor de la misma planta del personal convencional de la institución, lo que pone en riesgo los derechos del contribuyente.

El riesgo está en que al requerir revisión de lo resuelto, serían los mismos técnicos quienes verificarían la solicitud.

Según Fedes, se politiza la función tributaria al eliminar la participación de profesionales del Derecho y las Ciencias Económicas.

Agrega el documento que al integrarse el Directorio con los ministros de Economía y Finanzas, así como por el presidente del Banco de Guatemala, se pasa por alto la consulta al Congreso de la República que demanda la Ley.

Asimismo, se pierde la autonomía técnica y administrativa de la SAT al derogar los artículos 9 al 17 de la Ley, relacionados con la integración, funciones y requisitos de los miembros de la Comisión de Postulación, integrada por el rector de la Universidad de San Carlos, un representante de los rectores de las universidades privadas y los decanos de las facultades de Ciencias Económicas y de Derecho, así como representantes de los colegios profesionales, y delegarlo en un Directorio de ministros.

Otro punto, según Fedes, es que al dejar en manos de empleados las resoluciones de los recursos e inconformidades de los contribuyentes, que deberían estar sujetas a decisiones objetivas y neutrales de un Directorio independiente, se convierte a la SAT en juez y parte.

Además, según la citada fundación, se viola la igualdad ante la ley en cuanto a que el presidente electo en forma rotativa anual, solo puede ser exclusivamente de la carrera de abogacía, lo que resta méritos a la profesión de Contador Públicoy Auditor, quienes tienen todas las capacidades multidisciplinarias que demandan los asuntos fiscales para presidir un tribunal del que formarían parte (ver Art. 21).

Finalmente, según Fedes, la iniciativa flexibiliza el secreto bancario pero no lo elimina, por lo que Guatemala no podrá arreglar su problema tributario ni fortalecer la transparencia y gobernanza de la SAT en la medida que el acceso a esta información por parte de la autoridad tributaria se somete a orden de juez.

Evitar otro caso

Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), comentó que se debe evitar lo que sucedió en el caso La Línea.

Agregó que la principal discusión deberá centrarse en que el Directorio carezca de los víncu-los políticos que contiene la actual propuesta, porque ello daría mayor objetividad y balance a la institución tributaria.

Según Prado, otro de los temas es que se revisen las cualidades para ser superintendente, porque se había recomendado que fuera un profesional de las Ciencias Económicas o del Derecho, pero la iniciativa solo indica que debe ser un profesional.

El G40, grupo independiente de economistas y analistas fiscales, manifestó su preocupación porque lejos de un modelo de anticorrupción y transparencia, la propuesta se orienta al control del Ejecutivo sobre las decisiones tributarias y aduaneras de un ente descentralizado, al mismo tiempo que concentra el poder en la figura del superintendente.

Además, el texto del G40 subraya que la iniciativa contiene normas que afectan la eficacia y efectividad de la SAT y atentan en contra de su autonomía e independencia.

Así, se elimina la naturaleza descentralizada de la SAT.

Agrega que la instancia propuesta para el conocimiento de los recursos está jerárquicamente supeditada al poder político del Directorio.

Según el G40, se otorga poder y discrecionalidad al superintendente para que emita opinión sobre diversas iniciativas de legislación tributaria y aduanera.

El camino de la reforma

Abelardo Medina, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), cree que la reformas son vitales para la mejora de la SAT.

¿Cuál es la situación de la SAT?

Todo parte de un diagnóstico para saber el por qué de un planteamiento.

Por ejemplo, se ha logrado identificar que el mayor problema de gobernanza de la SAT se origina en el hecho de que hay  personas que trabajan para el Directorio, pero no le rinden cuentas a nadie.

Además, hay un conflicto de intereses porque ellos conocen los casos de los contribuyentes, pero varios de ellos les asesoran a estos también.

Lo que pasa es que hay que armar un Directorio  de personas a las que se les pueda exigir rendición de cuentas sin conflicto de intereses.

¿Puede quedar afuera el ministro de Finanzas?

De acuerdo con la ley, no puede quedar afuera, porque tanto la Constitución de la República como la Ley del Organismo Ejecutivo establecen que el que administra la  hacienda pública es el presidente y la delega en el ministro de Finanzas Públicas.

Si el presidente es el que tiene que administrar, por lo menos  se tiene que ver que los nombramientos los haga el presidente, o que el ministro de Finanzas controle en forma directa o por medio de un Directorio a la SAT.

¿Qué se debe hacer?

El camino que queda  es que se arme un ente o tipo directorio en el cual el ministro sea el responsable.

Aquí es donde viene el problema, porque si tenemos estos dos elementos de personas responsables y sin conflicto

de intereses, lo que se requiere son personas a tiempo completo.

El problema es que si se necesita que las leyes públicas los absorban y que reciban buenas remuneraciones, hay que convertirlos en funcionarios públicos, pues de lo contrario continuarán los problemas.

¿Cómo se plasma esto en la realidad?

Debe quedar muy claro en la ley  cuáles son las responsabilidades  y cuáles  las sanciones por no  cumplir con esas responsabilidades.

Pero, sobre todo, dejar muy claro que no sean asesores de contribuyentes por el conflicto de intereses.

Como Icefi no queríamos Directorio, pero el ministro de Finanzas propuso que existiera esa figura  que creemos que es la menos mala de la decisiones.