Según los expertos, existe una estrategia para restarle credibilidad a la Fiscal General.

Vivian Vásquez y Ronald Mendoza

La filtración de un audio en el que se escucha a Juan Carlos Monzón, exsecretario de Roxana Baldetti, en la que afirma que asistió a una reunión con Thelma Aldana para tratar de resolver un problema en el que estaba involucrada su esposa, dio el pretexto oportuno para que varios sindicados (comenzando con la misma Baldetti) y sus abogados, diseñaran una campaña para desprestigiar al Ministerio Público (MP) y a su titular. Al menos, esa es la impresión que da, a decir de diversos analistas y expertos consultados ayer por Siglo.21

Jordán Rodas, presidente en funciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, expresó que evidentemente, hay una estrategia que busca desprestigiar a la Fiscal General y no a los argumentos que sostienen la acusación, pues seguramente, los abogados ante la falta de sustentación para hacer una defensa de otra manera recurrieron a restarle credibilidad a la fiscal, porque es evidente que ella goza de una alta popularidad por lo que se ha avanzado desde el Ministerio Público.

“Nosotros confiamos en el trabajo honesto y eficiente porque el trabajo está a la vista. No una declaración o dos, o parte de una estrategia, van a destruir el trabajo que nunca antes en la historia se había dado en la lucha contra la corrupción y la impunidad; evidentemente hay muchos sectores que se resisten, pues se les rompió el status quo”.

Añadió que “debemos confiar en las instituciones de justicia y apoyar su robustecimiento, pues no podemos esperar resultados distintos con un mismo sistema. Hay optimismo porque los ciudadanos podamos tener acceso, como nunca antes, a procesos como estos donde es totalmente pública la administración de justicia”.

Helen Mack, de la Fundación Mirna Mack, expresó “sí; es evidente que detrás de esa línea en las declaraciones de los acusados hay una intención por desprestigiar a aquellos funcionarios que han sido firmes en esta lucha contra la corrupción, entre ellas Thelma Aldana. Ya sabíamos que esta ola se iba a venir y obviamente son coletazos de una reacción de los criminales de cuello blanco.  Creo que esto finalmente no afectará los procesos en sí, porque el escándalo que armaron en torno a la declaración de Juan Carlos Monzón no tiene un sustento en prueba documental o científica. De momento todo esto que ha surgido sobre la Fiscal solo ha buscado desacreditarla en su liderazgo en la lucha contra la corrupción y a la institución que lidera, el Ministerio Público, además de la Cicig”.

También dijo que ha sido más que evidente el apoyo total e irrestricto que ha capitalizado la Fiscal General, mientras que solo los familiares de los acusados y su gente más allegada siguen defendiendo estas posiciones, que quieren sentar dudas y descrédito sobre los procesos.

“En síntesis la estrategia les ha sido contraproducente, a pesar de que como en el caso de Baldetti, el empeño ha estado en las acusaciones a la Fiscal más que en la propia defensa. La estrategia les falló y solamente sirvió para dejar en evidencia la desesperación que estos sectores, hoy señalados, sufren”.

María del Carmen Aceña, analista del Centro de Invesigaciones Económicas Nacionales (CIEN), coincidió en que se percibe una estrategia, pero también se ha generado un ambiente donde “estoy contigo” o “estoy contra ti”, o “es malo” o “es bueno”, cuando en realidad todos podemos fallar.

“A pesar de ello, no podemos descartar la existencia de una estrategia para descalificar a la Fiscal. Incluso, demasiado tarde llegaron las amenazas, contando con que se están tocando las mafias más grandes en el país. Solo debemos recordar que aquí hay que seguir procesos y esperar los fallos judiciales, pero sobre todo apostar por un cambio cultural. De nada sirve que condenemos a medio centenar de personas, si la sociedad no cambia en su actuar”.

A su juicio, lo que no es correcto es que se empiecen a hacer públicos los documentos que tienen información relevante para el proceso. “Hay que tener cuidado con eso y ser muy cautelosos en el manejo de estos casos”.

Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, expuso que la exvicepresidenta, en lugar de utilizar el tiempo en el tribunal para enarbolar su defensa, lo que ha hecho es atacar a la Fiscal.

“Entonces, es claro que lo que se busca desde el lugar de los acusados es hallar ángulos débiles o vulnerables de las personas que dirigen las instituciones desde donde se origina la persecución penal en su contra. Es una señal inequívoca de que están apostando a afectar la credibilidad de las instituciones que los persiguen y de los funcionarios que las dirigen.

Todo indica que los intentos tienen este objetivo; sin embargo, no han tenido éxito, pues la gente sigue creyendo que ellos deben ser enjuiciados porque han observado que las acusaciones no solo dependen de las declaraciones de un colaborador eficaz, sino hay por encima de esto mucha prueba documental. Mientras tanto, la ciudadanía debe seguir exigiendo justicia pronta y cumplida, investigaciones criminales independientes y que los fiscales actúen con autonomía”.

El abogado penalista Ernesto Archila, dijo que si bien los abogados están en el ejercicio de la defensa técnica y en todo su derecho de argumentar las objeciones que considere pertinentes para atacar las pruebas que se están presentando en contra de sus defendidos, “efectivamente se percibe el diseño de una estrategia conjunta que parece perseguir el recelo sobre el actuar de la Fiscal y eventualmente, sobre el hacer de la fiscalía que lleva el caso”.

Agregó que muchos de los avances que han existido en el tema de justicia en el último año han generado no solo el apoyo de unos sectores, sino también el rechazo de otros, por lo que estos últimos buscarían restarle legitimidad a las acciones judiciales en torno a sus casos, para que a su vez, los distintos grupos de la sociedad le retiren el apoyo a estos procesos. “Puede haber manipulación de información, pero lo que en sí vemos es una estrategia que mezcla argumentos técnicos con argumentos políticos, que buscan generar estas distracciones o incertidumbres para restarle legitimidad a los avances que se están alcanzando”.

Por último, el abogado Pablo Hurtado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), agregó que se debe tener presente la fase procesal en la que se encuentra el caso.

“Únicamente se está en la primera declaración, y el juez decidirá si es conveniente dictar o no un auto de procesamiento; esto significa que la persona queda ligada a un proceso porque pueden existir elementos objetivos y razonables de alguna responsabilidad, pero es hasta entonces cuando inicia todo el proceso de investigación y hasta en el debate, estos se deben hacer valer”.

uAñadió que aunque los sindicados estén arremetiendo contra el colaborador eficaz que está utilizando el MP, el ente debe tener medios de prueba reales, ya que ningún caso puede llevarse a un órgano de justicia por lo que diga una persona.

“Lo que buscan es atacar la credibilidad de Monzón, pero no es una discusión directamente relacionada con el caso; lo hacen para cuestionar o debatir la credibilidad del colaborador eficaz” dijo al agregar que la declaración de un colaborador eficaz no debe ser la prueba contundente para determinar si una persona es culpable o no. “Para lo que sirve es para obtener elementos para orientar las investigaciones y entonces, recabar pruebas”, puntualizó.

Continúan las declaraciones

En cuanto al caso Cooptación del Estado, luego de los señalamientos del MP, tres personas más rindieron su primera declaración ayer.

La primera en declarar fue Judith Ruiz, quien fungió como asistente de Baldetti  y aparte de los trabajos de oficina, “era como la segunda madre” para uno de los hijos de la ex funcionara, según su declaración.  Luego confirmó la existencia de las “empresas de cartón” con las cuales financiaron de forma ilícita la campaña del Partido Patriota y que a través de testaferros, lograron abrir las empresas Publiases, Urma y Serpumer.

Luego, Daniela Beltranena, procesada por asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho pasivo, manifestó que “todo lo que ha obtenido ha sido por mi esfuerzo y mi trabajo” dijo.

Según las imputaciones del MP, tanto Beltranena como Jonathan Chévez habrían lavado alrededor de Q32.5 millones del ex binomio presidencial; sin embargo ambos se declararon inocentes y arremetieron contra los medios de prueba del ente acusador.

Chévez también negó conocer a Baldetti, pues solo conocía a Monzón y “los negocios que existían eran de préstamos”.

El último en declarar fue Mario Cano, exabogado de Baldetti y ahora está procesado por asociación ilícita y lavado de dinero, ya que habría participado en la estructura criminal que lideraron Pérez y Baldetti.

Declaró que conoció a la exvicepresidenta en el 2015, cuando su esposo Mario Paz, a quien ya conocía por practicar de tiro, le solicitó sus servicios por los cuales cobraría Q8.5 millones, de lo que únicamente le pagaron en efectivo Q500 mil y el edificio Valser.