Fecha:  27/Jun/2014   Periódico:Revista Cronica  Sección: Portada Crónica Página 17

Erick Coyoy
analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)
Para el experto en temas económicos y fiscales, ninguna reforma tributaria impulsada en la última década ha tenido éxito y la frustrada intención de contratar a una empresa privada para mejorar los ingresos tributarios solo evidencia que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no tiene capacidad ni voluntad para corregir los problemas de fondo que causan la baja recaudación.

¿Cuál es su análisis sobre la recaudación tributaria en los últimos 10 años? Desde el año 2000 los distintos Gobiernos han realizado reformas fiscales para incrementar los ingresos por impuestos, pero ninguno ha sido exitoso y el actual Gobierno no es la excepción. Los ingresos solo han aumentado de manera importante en 2006 y 2007 por las favorables condiciones internacionales, previas a la crisis económica de 2008 y 2009. No es previsible una mejora en la recaudación sin un combate profundo a las redes de corrupción que ocasionan el deterioro de los ingresos. 

¿Por qué no se alcanzan las metas? La SAT ya reconoció que los ingresos en 2014 van por debajo de la meta en al menos Q600 millones. Esta tendencia continuará el resto del año, porque no se avizoran mejoras importantes en el combate a la defraudación en las aduanas y el contrabando. El creciente deterioro de los ingresos por los impuestos que se cobran en las aduanas son la principal causa de esta situación.

¿La SAT quería contratar una empresa para mejorar la recaudación? La contratación de servicios privados para la recaudación tributaria no asegura una mejora de los ingresos. La recaudación del IVA y el ISR se da principalmente por medio de la banca electrónica y ya se paga a los bancos por ese servicio. Se debe mejorar la fiscalización y esa labor no se puede delegar a un privado, por la información sensible que se maneja de los contribuyentes. En el caso de las aduanas y el contrabando, se trata de redes de corrupción que tienen control de los puertos, que no dependen de la SAT sino de las empresas portuarias, y al mismo tiempo ingresan la mercadería ilegal por medio de cualquier punto de las fronteras terrestres. El control de esta situación es un asunto de las fuerzas de seguridad, no de la SAT y menos, de una empresa privada. 

¿Qué mensaje se estaba enviando? Una contratación de ese tipo no se trata de una privatización, pero sí de acudir a un privado para realizar las funciones básicas que la ley establece para la entidad. El mensaje que se manda con esta acción es que no hay capacidad ni voluntad para corregir los problemas de fondo que ocasionan el deterioro de los ingresos. Tampoco para superar la debilidad institucional que se enfrenta. 

El Directorio de la SAT dio marcha atrás ¿Cómo ve usted esa decisión? El Directorio es la máxima autoridad de la entidad y la instancia responsable de autorizar las contrataciones que hace la misma. En este caso, el Directorio debió haber tomado en cuenta no solo la efectividad de la medida para mejorar los ingresos, sino también la legalidad de la misma. 

El Presidente Otto Pérez Molina ha manifestado su intención de cambiar al Directorio por dar marcha atrás ¿qué evidencia eso? La Ley Orgánica de la SAT establece el mecanismo que debe seguirse para reemplazar a los integrantes del Directorio, a propuesta del mismo gobierno y aprobada en 2013 por el Congreso, el cual contempla inclusive la instalación de una Comisión de Postulación, que no ha sido ni siquiera convocada. Cualquier cambio que se pretenda hacer al margen es un deterioro adicional de la institucionalidad. El Presidente evidencia su irrespeto a las normas legales y, en cierta medida, ánimos dictatoriales que son incongruentes con nuestros tiempos.