POR GRECIA ORTIZ
GORTIZ@LAHORA.COM.GT

El pasado 2 de junio fue el turno del Partido Patriota. Ese día, el MP y la CICIG expusieron cómo ese partido operó como una organización criminal incrustada en el sistema de partidos políticos y luego en el Estado. Sin embargo, hay muchos otros casos de organizaciones partidistas envueltas en la criminalidad que siguen en las sombras. ¿Qué cambios se requieren para evitarlos?

El Partido Patriota, de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, utilizó los vehículos electorales que ofrece la democracia en Guatemala para hacerse con el poder y así consiguió llegar al Gobierno en 2012. Sin embargo, detrás de su estrategia de campaña había un complejo entramado criminal de lavado de activos y corrupción que fue clave para conseguir financiamiento ilícito, según las investigaciones.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) expusieron el Caso Cooptación del Estado de Guatemala el pasado 2 de junio, y desvelaron el funcionamiento de los sistemas de corrupción a lo interno de los patriotas.

“Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del año 2007 y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015)”, dijo CICIG.

No obstante, la incursión del crimen en la política no es un problema exclusivo del PP, o de Pérez Molina y Baldetti, sino más bien parece una constante en la mayoría de partidos, que en algunos casos son permeados por esas estructuras criminales y en otras, son esas mismas estructuras las que se disfrazan de agrupaciones políticas.

LA CLAVE: EL FINANCIAMIENTO ELECTORAL

No es la primera vez que las organizaciones políticas son señaladas como un foco de corrupción; la CICIG en 2015 presentó el documento “Financiamiento de la Política en Guatemala” y el comisionado Iván Velásquez reiteró que la mayoría del financiamiento en la política tiene un origen ilícito.

Durante la presentación del informe, el comisionado de la CICIG comparó a los partidos con “franquicias” e instrumentos utilizados para la concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial; es decir que el modelo ha hecho que las organizaciones políticas se conviertan en una especie de empresas creadas con el fin de lucrar.

Durante la conferencia del Caso Cooptación del Estado de Guatemala, el comisionado Iván Velásquez aseguró, que el financiamiento ilícito de los partidos ha representado una constante en el país, por lo que las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos son un aspecto fundamental para implementar controles sobre el flujo de capital detrás de los políticos.

El nuevo caso de corrupción, relacionado al expresidente y la vicepresidenta, permitió establecer que ambos fueron los creadores y beneficiarios de un conglomerado empresarial, a través de terceras personas que fueron sus cómplices.

Como resultado, percibieron todo tipo de beneficios, desde el pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de créditos, joyas, muebles para residencias, oficinas, inclusive con la compra de aviones, helicópteros, vehículos, que complementan una vida de lujos.

Para lograr su finalidad, la estructura utilizó empresas controladas por Baldetti, con el fin de captar fondos, entidades, que luego reciben flujos de dinero de canales televisivos, pero que luego de hacer pagos, reciben contratos millonarios a partir de la toma de posesión de 2012.

El dinero percibido para la gigantesca campaña del PP, según el informe de la CICIG, fue reportado por Q25 millones, 824 mil 145, en tanto el total de gastos determinados por auditoría electoral fue de Q126 millones 963 mil 572, en donde Q101 millones 139 mil 427 fueron gastados en exceso de acuerdo al TSE y al informe del ente internacional.

Lo obtenido de forma ilícita “no se reportó al Tribunal Supremo Electoral y se utilizó para la compra de vehículos último modelo que consistían en: 10 camiones, 1 microbús, 5 camionetas. Estos se utilizaron para la campaña presidencial del Partido Patriota”, destaca la CICIG a través de un comunicado en su página web.

Para evadir los controles del TSE, el Partido Patriota ingresó dinero a la campaña electoral proveniente de empresas y personas particulares, cuyo origen se ocultó a través de entidades pertenecientes a Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández.

“Se convirtió en un poder, en una máquina de expoliación del Estado porque como decía antes no eran los intereses nacionales los que representaban sus mandatarios sino los intereses particulares, intereses ilícitos y de esa forma se cooptó el Estado, colocando equipos de personas afines a esos intereses ilegales, pervirtiendo el interés público”, apuntó el comisionado de la CICIG.

La pregunta que hasta ahora no tiene respuesta es cómo se evitará que más partidos políticos incurran en las mismas prácticas del Partido Patriota, y de las agrupaciones que hasta ahora se han beneficiado de la criminalidad.

REFORMAS SIN RESPONDER AL CLAMOR POPULAR

Recientemente fueron aprobadas las reformas a la LEPP por el Congreso de la República, a pesar que diversos sectores e incluso el presidente Jimmy Morales manifestaron que no representaban el clamor de la población.

De parte del Ejecutivo se anunció un nuevo paquete de propuestas que se espera respondan a las exigencias de la ciudadanía y que permita que personas honorables lleguen al poder.

En contraste el presidente del Congreso, Mario Taracena, expresó en una entrevista para La Hora, en abril pasado, que con las nuevas reformas “los contratistas del Estado no van a entrar –a financiar campañas electorales en el próximo proceso– porque está prohibido y la Ley es durísima en ese sentido”.

El Presidente del organismo legislativo, manifestó sentirse conforme con el sistema, político “lo respeto, lo defiendo y es excelente, y es copiado en otros países del mundo”.

FUNCIONES DEL TSE DEBEN SER EVALUADAS

El politólogo Jorge Wong, del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, opinó que último caso presentado por CICIG y MP, no solo desnudó la estructura sino que vino a mostrar la corrupción incrustada en todos los niveles del Estado, empezando por las organizaciones políticas.

“Esto es un tsunami político y que está removiendo las aguas en Guatemala. Entonces el Tribunal Supremo Electoral, es uno también junto a la –Contraloría General de Cuentas–, que están involucrados en ese tipo de cuestiones”, dijo.

Para el experto se deben analizar los cambios que ya se efectuaron a la LEPP en cuanto al financiamiento de partidos políticos, y en ese sentido pensar en las reformas de segunda generación que pronto se discutirán en el Ejecutivo.

Las funciones del TSE, a su parecer también deben ser evaluadas a fin de determinar si son las adecuadas para enfrentar este tipo de corrupción, pues es necesario analizar en donde estaba esa entidad reguladora en las pasadas dos elecciones.

“Hay que evaluar qué pasó. Los elementos que tenían ¿no eran los correctos? ¿Hay más gente involucrada en esto?
¿Magistrados, tal vez?”.

Relacionado a este aspecto, el experto señala, que también se relacionan los llamados cacicazgos, que operan en la política. “Esto ya se sabía, lo que no se sabía era la forma en la cual se daba toda está componenda”, que hace necesario se reformule la ideal del Estado, así como del papel clave que fungen los ciudadanos para fiscalizar el trabajo de los funcionarios públicos, apunta Wong.

El politólogo, considera que este caso de corrupción evidenciado en el PP, no representa un caso único. Las sanciones de la nueva ley en contra del financiamiento son claves, aseguró, pues si no se estaría dando una nueva Ley “que no tendrá dientes”, y que sería insuficiente.

“El financiamiento tiene que ser transparente, todos tenemos que saber de dónde viene y quienes apoyan a los partidos políticos. Pero si hay que poner a revisar esos cambios, para saber si están de acuerdo a las necesidades de lo que está pasando en Guatemala”, destacó.

LO QUE CORROMPE SON LAS PERSONAS

“Los corruptos son personas que han destruido la capacidad de representación y de articulación que tienen los partidos políticos”, aseveró el representante del Organismo Naleb Álvaro Pop.

Pop añadió, que hay actores relacionados al caso presentado por las autores que están relacionados a la política desde hace varios años e “igual que ellos hay muchas más –personas– que no han sido capturadas”, en donde el PP representa un “reciclaje” de organizaciones del presente y pasado.

El PP recogió a todo el bagaje de descomposición del sistema, en donde los procesos de corrupción inician desde el período de campaña, destacó, añadió que los corruptores del Estado se constituyen como los financistas.

Xavier Soria, del colectivo Somos, apuntó a que existe un consenso de que se debe mejorar la LEPP, y en ese proceso es importante la fiscalización ciudadana.

Para el entrevistado, es ahora que el presidente Morales deberá mostrar su liderazgo para emprender el camino de los nuevos cambios, tomando en cuenta que el partido oficial, con mayoría en el Congreso fue de las agrupaciones que se opuso a lo que ahora se busca establecer.

“Ahora hay pruebas –del financiamiento–, siempre hubo indicios de conocimiento popular, con lo que se destapó ahora son pruebas suficientes, sabemos claramente que hay sectores que copan al Estado”, afirmó.

La falta de capacidad de las instituciones para fiscalizar a los partidos es un aspecto que el entrevistado también señaló como fundamental para las nuevas reformas, pues a su parecer no se tienen los medios para supervisar a los partidos políticos; habría que preguntarse si además de la reforma se necesita fortalecer institucionalmente al TSE con recursos para que pueda velar con lo que establece la ley.

“Legislar no es suficiente, el punto es ver qué poder tiene la institución para velar por el cumplimiento de lo normado”, expresó.

REFORMAS SON INSUFICIENTES

Luis Linares López, de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asies), dijo que si bien las reformas se constituyen como un paso importante, aún son insuficientes.

“No es suficiente porque también en la medida ahora en Guatemala con los avances de la CICIG y del MP en los controles, también puede haber una posibilidad. Pero el problema en Guatemala es el movimiento de dinero que es muy poco controlado”.

Una solución, para el experto sería limitar el período de campaña, pues en el país son períodos excesivos cuando en otros lugares el tiempo es más limitado, en donde la ciudadanía conoce las plataformas políticas y sus propuestas, no sólo en tiempos de campaña.

Son múltiples formas las que puede adquirir el financiamiento según el entrevistado, por lo que no es tan fácil detectar, por ejemplo el que se da en especie en combustible, impresos, recursos para mítines. “Hay muchas vías por las cuales puede llegar el dinero a los partidos”, dice el entrevistado y por eso señala la importancia

LAS REFORMAS QUE NO SON LAS MÁS DESEABLES

María Eugenia Mijangos, Magistrada del TSE, consideró que sería “atrevido” asegurar que se podría controlar en su totalidad la problemática que gira en torno al tema del financiamiento en la política.

“Pienso que asegurarle al 100 por ciento –que se controlaría el problema del financiamiento– sería un poco atrevido, sin embargo pienso que en algunas de las reformas que fueron aprobadas, tales como el nuevo régimen de fiscalización de las finanzas partidas, y el nuevo régimen de medios de comunicación es un buen inicio, puesto que ya en el caso de las finanzas teníamos el problema que era protestativo de las mismas sino las daban o no, en cambio ahora ya hay obligatoriedad legal”, apuntó.

La Magistrada expresó que lo que hizo falta, es que se había requerido que fuera en cinco días que se remitieran, no obstante aseguró que lo realizado representa una ventaja, pues hay más regulaciones y controles que los partidos políticos deben registrar.

La forma de promoción en medios de comunicación es otro aspecto de mejora, de acuerdo a la entrevistada, pues existe más regulación y el factor económico ya no marcaría el poder “el sistema político de Guatemala, está tan débil y tan marcado por diferentes problemas, que tiene que ser un proceso”.

La representante del TSE, considera que el régimen de fiscalización y medios de comunicación son aspectos claves, pues ahora habrá más sanciones que se impondrán, además de otros controles como la prohibición de donaciones provenientes directamente a los candidatos.

En general, aseveró que es un paquete de reformas que quizás no sean las “más deseables”, pero si pasaron “algunas claves para el fortalecimiento del sistema político”, del que se esperaría en las próximas reformas entre lo que ahora se rechazó.

Mijangos destacó que preocupa que se hayan aprobado responsabilidades al TSE para emitir legislación, y la creación de dos unidades nuevas, cuando no se ha aprobado el presupuesto que se solicitó que se aumentará de 0.5 a 1 por ciento, “vamos a tratar que vaya en el próximo paquete, y si tenemos esa preocupación de las finanzas”.