Las reformas legislativas que pretende modificar la Ley de Acceso a la Información deben de observar los parámetros establecidos por la CC.
Esta nueva función atribuida al TSE, tuvo en la práctica impugnaciones, recursos, denuncias públicas y una clara intención para burlarla.
El tema del financiamiento rompió consensos que se habrían logrado en 1998 y en 2001.