“En este momento no es oportuno, pues tenemos otras acciones que tomar y que son mucho más eficientes que generar un daño económico de esa magnitud a todo el país”, afirmó ayer Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

El presidente de la cúpula empresarial recordó que la economía está débil y que también se acerca fin de mes, lo que impactaría a muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, aunque las grandes también podrían enfrentar problemas.

Como consecuencia de esto sugirió que se afectaría a la población en general.

En el pasado, la iniciativa privada integrada en el Cacif llegó a la huelga en dos oportunidades como medida de presión. La primera fue durante el mandato de Vinicio Cerezo (1987), y luego durante la administración Alfonso Portillo (2001).

En opinión de Briz, más eficiente que un paro y la única manera de que el mandatario Pérez deje el cargo, es que la Corte Suprema de Justicia conozca el antejuicio y que de manera inmediatamente lo envíe al Congreso de la República.

Luego, que la comisión pesquisidora lo someta en forma inmediata al pleno para que este retire al Ejecutivo el derecho de antejuicio y de esa manera someterlo a los tribunales de justicia.

Coinciden con criterio

Carlos González, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), llamó la atención sobre que una huelga generalizada sí tendría efectos negativos en la actividad económica del país.

González agregó que uno o varios días de inactividad representarían pérdidas económicas incalculables al causar la paralización total de la actividad comercial e industrial.

Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham, opinó que se debe sumar a la solución, no al problema, pues hacer paros solo complica la situación.

“Debemos dejar que las instituciones hagan su trabajo. Están trabajando y hay que dejar que sean estas las que resuelvan los casos por los que está clamando la población, y no es bloqueando el paso como se van a resolver estos casos”, aseguró Carrasco.

Los paros, agregó, siempre dejan pérdidas económicas a los miembros y a la economía guatemalteca en general, ponen la imagen del país en vez de dar una positiva como han sido las manifestaciones pacíficas que se han llevado a cabo en la Plaza de la Constitución.

Según el ejecutivo, se debe tener paciencia, esperar que esos procesos se lleven a cabo y dejar que sigan su curso. “Las instituciones están haciendo su trabajo y están funcionando, no hay necesidad de acudir a este tipo de situaciones”, señaló.

Jaime Matus, presidente de la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios (Cecoms), dijo que Guatemala tiene un sistema jurídico con instrumentos legales para solucionar los problemas de este tipo.

El Cacif expresa preocupación por posible paro nacional. (Hemeroteca PL)

Según Matus, con un paro no se logra “absolutamente nada”, pues ya se tienen las pruebas contra el mandatario, y el Ministerio Público tiene todas las evidencias para ejecutar la justicia.

Matus insistió en que el Congreso debe autorizar el antejuicio contra Pérez Molina.

“Un paro ni siquiera se considera, pues la actividad económica tiene que seguir”, comentó.

El presidente de Cecoms explicó que en la actualidad las condiciones son diferentes a los paros convocados durante los gobiernos de Vinicio Cerezo y Alfonso Portillo, cuando el sector empresarial se unió en contra de nuevos paquetes impositivos y que se querían imponer de manera antojadiza.

De acuerdo con datos del Banguat, la administración pública y defensa medidas por el origen de la producción en 2014 representaron Q18 mil 219.8 millones, equivalente a 7.88% del total del PIB de Q231 mil 285.9 millones.