POR CLAUDIA PALACIOS
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La corrupción en el Organismo Judicial (OJ) es una carta a favor de la impunidad, que, de no ser saneada, terminará por anular los esfuerzos del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señalan analistas.

Desde la jueza Marta Sierra de Stalling, señalada de recibir un soborno a cambio de liberar a tres cabecillas de “La Línea”; hasta el reciente antejuicio contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas Charchal, los operadores de justicia siguen apareciendo como piezas importantes en los negocios de corrupción revelados por la Fiscalía.

Por ello, expertos consultados, destacaron la importancia de las reformas al sector justicia, sobre todo aquellas que tienen que ver con el fortalecimiento de la independencia judicial y los procesos de selección de magistrados a las Cortes del poder judicial.

El pasado 10 de abril, el presidente Jimmy Morales, en compañía de los presidentes de los organismos Legislativo y Judicial, la fiscal general, el procurador de derechos humanos y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, convocaron al Diálogo Nacional para las Reformas al Sector Justicia.

El lunes próximo se celebrará el lanzamiento del proceso de discusión, en el que está invitada a participar la sociedad civil.

Oswaldo Samayoa, experto en seguridad y justicia, las reformas son fundamentales para romper el poder de los magistrados de la CSJ sobre la carrera judicial, lo que hasta hoy les ha permitido presionar a jueces independientes e incorporar al OJ a abogados sin capacidad ni experiencia, pero afines a sus intereses.

Asimismo los cambios legales deben tender a fortalecer los mecanismos de selección, promoción y sanción de jueces y magistrados, indicó Samayoa. Una de las propuestas más importantes en este sentido, es la integración de un Consejo de la Carrera Judicial con expertos en recursos humanos, pedagogía y administración.

Lorena Escobar, de la Asociación de Estudios de Investigación y Estudios Sociales, considera que además de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, la Ley Orgánica del OJ y la Constitución, es imprescindible reformar la Ley de Servicio Civil del OJ para someter a una mejor fiscalización a los empleados judiciales, quienes también son sobornados o trafican influencias en favor de abogados.

Fortalecer el sistema de justicia significa promover el cumplimiento de la ley, y por tanto, fortalecer la democracia, explicó Escobar.