El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada; el superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo, y representantes del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo Monetario Internacional (FMI), advirtieron de las consecuencias que tendría para Guatemala revertir el acceso a información bancaria con fines tributarios.

Durante un foro organizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), se advirtió que si la Corte de Constitucionalidad (CC) suspende el acceso de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a información bancaria, el país enfrentaría sanciones internacionales e impactos económicos.

En primer lugar, Guatemala regresaría a la lista de países considerados paraísos fiscales, coincidieron los funcionarios y expertos. Esto afectaría la calificación de riesgo país, la inversión extranjera, el acceso a créditos y el combate de la corrupción, entre otros.

“Sería un retroceso de diez años”, aseguró el ministro de Finanzas.  “Limita las acciones de fiscalización; nos expone a incumplir compromisos internacionales; afecta el trabajo por la transparencia; limita el trabajo contra el lavado de dinero; y podría traer restricciones comerciales”, aseguró.

Arévalo agregó otros posibles efectos de esta medida: “dejará al país expuesto a sanciones internacionales; afectará la inversión extranjera, el intercambio comercial, y significará el retiro de ayuda financiera”.

De igual manera, María Concepción Carrera, del FMI, identificó como consecuencias internacionales de recuperar el secreto bancario que baje la calificación del riesgo de país, que se toma en cuenta para acceder a créditos; entrar a lista de paraísos fiscales; menor capacidad del Estado para obtener recursos tributarios, entre otros.

Según Alberto Barreix, del BID, el acceso a la información bancaria es importante para la transparencia y para combatir el narcotráfico, terrorismo y corrupción. “Lo único que le pido a Guatemala es que no complique su situación económica con un problema administrativo”, expresó.

“Guatemala debe evitar que baje su calificación de riesgo, porque nadie quiere socios en los que no se puede confiar”, recomendó Armando Lara Yaffar, del BM.

El ministro de Finanzas pidió a la CC que “por certeza jurídica” resuelva cuanto antes la acción de inconstitucionalidad contra un artículo de la reforma a la Ley de Bancos y Grupos Financieros y al Código Tributario.

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