La Mesa se formó la última semana de mayo y, según su secretario, el diputado Carlos Mejía, se convocó a cerca de 85 organizaciones que representaban a trabajadores, instancias del Estado como empleadores, tanques de pensamiento, instituciones privadas, empresariales y congresistas.

El diputado Pedro Gálvez, del Partido Republicano Institucional, indicó que la iniciativa fue presentada ayer a la Junta Directiva, porque fue esta la que creó y dio el mandato a las mesas técnicas para efectuar las reformas.

Para frenar clientelismo

Mejía explicó que en la actualidad los puestos en el Gobierno se ven como un botín político, por lo que se modificaron aspectos como el mecanismo de despidos, para evitar los injustificados; el de contratación, para que se premie la capacidad, y el de régimen salarial, para que sea acorde con las responsabilidades.

Según el congresista, se buscará que la iniciativa sea dispensada de dictamen y aprobada de urgencia nacional, debido a que su análisis surgió de las denuncias contra la corrupción durante las protestas ciudadanas.

Para Gálvez la modificación más importante es la eliminación de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) y en su lugar crear la Secretaría Nacional de Servicio Civil, que tendría presupuesto específico y ya no dependería de otra institución.

También se crearía la carrera administrativa, que establece las calidades y preparación académica deben tener los empleados y funcionarios, así como sanciones para aquellos que no estén cumpliendo con su trabajo.

El congresista recalcó que la iniciativa es el resultado de dos meses y medio de trabajo, que incluyó tres semanas de escuchar a las entidades que presentaron propuestas de reforma, así como sus posiciones respecto de los cambios que se estaban haciendo.

Innecesarias

Luis Felipe Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), aseguró que son innecesarios los cambios que se plantean, ya que la ley actual es adecuada. “El problema es que no se cumple”, manifestó.

El experto expuso que Asíes presentó a la mesa técnica un análisis en el que se hizo ver que no se requería una modificación profunda, ya que hay aspectos que están más relacionados con el reglamento.

Linares explicó que el problema actual se ha fundamentado en la falta de reglamentación para despidos, lo que genera que muchos de estos sean injustificados.

Incluso “se crean falsas reorganizaciones dentro de las instituciones para tener una justificación que permita despedir al personal, que permite a los políticos burlar la ley y así meter al personal que deseen y, en su mayoría, lo hacen como pago de favores”, refirió.

También consideró que se deben establecer las garantías e independencias que permitan que los empleos del Estado se vean como un mecanismo para realizar la labor gubernamental y no como “un botín político”.

Rechazan propuesta

Adolfo Lacs, secretario de organización de la Federación Sindical de Empleados Bancarios, de Servicios y del Estado, aseguró que el proceso de elaboración de la iniciativa es erróneo, porque debió haberse consultado a las partes interesadas.

“El Convenio 144 de la OIT —Organización Internacional del Trabajo—, ratificado por Guatemala, establece que el Estado está obligado a consultar a los empleados y empleadores cuando se van a hacer cambios a los sistemas que rigen los derechos laborales. A nosotros se nos invitó a dar opinión; desconozco el resultado final. Los diputados debieron entregarlo y consultar si estábamos de acuerdo con las modificaciones”, manifestó Lacs.

Afirmó: “Desconocemos la propuesta; solo eso demuestra que hay una deficiencia”.