Leonardo Camey, subjefe de bancada de Líder, al indicarle que la cantidad de inconstitucionalidades presentadas contra la Ley de Telecomunicaciones solo evidencia que los diputados votaron sin el más mínimo conocimiento del contenido de la normativa, aseguró que a todos se les dio una copia antes de someterla a aprobación. La bancada Líder sí hace algún pequeño estudio o lectura. De otras bancadas no puedo hablar, argumentó Camey.
Mientras que el diputado oficialista, Manuel Barquín, aseguró que los diputados son seres humanos y que por eso eventualmente pueden cometer errores. La potestad de legislar es del Congreso, con moñas sin moñas, con rosas sin rosas, con espinas sin espinas. En cuanto a la Ley de Telecomunicaciones yo lo que puedo decir es que la leí y la revisé con detenimiento y a mi juicio no existen indicios de que alguno de los artículos viole la autonomía municipal, o bien, la propiedad privada, pero igual, la Corte de Constitucionalidad nos enmienda la plana y eso hay que respetarlo. Sencillamente la apreciación de los honorables magistrados es diferente a la nuestra y lo aceptamos, así es que si hay algo que debamos corregir pues lo corregimos.
Esta normativa y otras también tienen en común que, por lo general, han sido aprobadas en horas de la tarde o noche y, algunas veces, en medio de algún escándalo que en ese momento atrae la atención mediática, como lo fue la captura de Marlon Alfredo Puente, alias Pirulo, lo cual restó importancia a la aprobación de un punto resolutivo en donde los llamados Padres de la Patria negaron que en Guatemala hubo genocidio.
Otro ejemplo de esta fábrica de churros es el préstamo de US$280 millones aprobado el 27 de mayo, cuando en una rápida votación de 146 diputados y sin discusión alguna se acordó de forma unánime este nuevo endeudamiento que asciende a Q2 mil 156 millones con el Banco Centroamericano de Integración (BCIE).
La normativa tampoco escapó a la polémica porque el dinero será destinado para que la empresa Sigma Constructores, S. A. ejecute la ampliación de un tramo carretero en la ruta CA-2 Oriente, que fue otorgado por medio de la modalidad de excepción y sin que existiera de por medio una licitación internacional.
A los pocos días, el 3 de junio el Legislativo aprobó nuevamente una ampliación presupuestaria de Q500 millones con el apoyo de 80 diputados, para trasladarlos al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Esta nueva ampliación se hizo otra vez sin la transparencia necesaria, ya que fue incluida de pronto entre unas enmiendas que se hicieron a otra ley (Protección de Obtenciones Vegetales).
Es importante destacar que estas aprobaciones se han hecho de la mano del oficialista Partido Patriota (PP) y Líder, las dos bancadas mayoritarias que logran negociaciones cuando les conviene. Este tipo de componendas entre ambas organizaciones partidarias no son nuevas.
El 29 de enero, con una votación de 135 diputados y dos en contra se aprobó de urgencia nacional la ampliación del techo presupuestario de Q1 mil 500 millones para que el Ejecutivo cumpliera compromisos con los sindicatos de los ministerios de Salud y Educación, lo cual fue calificado como una acción electorera de ambos partidos. Cabe resaltar que esta iniciativa no fue analizada a profundidad, pues incluso no se percató de que la recaudación tributaria no alcanzaría la meta prometida por el Ministerio de Finanzas.

Pendientes de aprobación
Entre el año pasado y lo que va de este han ingresado al Legislativo 215 anteproyectos de ley (43 son de 2014) para ser conocidos y aprobados, según la Dirección Legislativa del Congreso. Entre estas leyes se encuentran iniciativas para impulsar el desarrollo económico del país, de transparencia y lucha contra la corrupción, de protección al consumidor, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, exoneraciones de impuestos, creación de nuevos municipios.
Luis Chávez, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), considera que se ha llegado a un punto en donde no es confiable que los congresistas sigan aprobando leyes que son importantes para el país.
Es un mandato constitucional. Pero hoy por hoy no es un órgano responsable, no tiene la suficiente calidad ética, con principios y valores para generar políticas en bien de la sociedad. En el último año el Congreso ha perdido toda la credibilidad, aseguró Chávez.
El experto también considera que de aquí hasta antes de las elecciones generales los legisladores podrían dedicarse a aprobar leyes que interesen a financistas de campaña para quedar bien con ellos y buscar de esa forma financiamiento para continuar en el Congreso.
Irán más enfocados en políticas clientelares. Me refiero a ciertos intereses de financistas o personas que tienen pretensiones políticas. La prioridad no va a ser generar políticas para el bien común, sino va a responder a intereses políticos, expresó el analista del Incep.
Edgar Balsells, exministro de Finanzas, considera que actualmente no existe una agenda de temas importantes para el país y eso se refleja en el Legislativo. Lo que pasa ahora es que en realidad no hay agenda de nada. En el Gobierno pasado había cierta agenda social, en donde había intercambio de negociaciones sobre el empuje de esa agenda. Ahora no se sabe exactamente hacia dónde se está moviendo más un tema… el país está navegando sin una agenda y eso se nota mucho en el Congreso.
Al ser consultado si esa agenda la deben proponer los partidos políticos representados en el Congreso respondió: El Ejecutivo tiene mucho que ver, tiene una buena cantidad de diputados y un plan. Lo que el país necesita es un adecuado plan de mediano y largo plazo.
Mientras estudio Monografía del Congreso de la República 2008-2012 elaborado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) pone en evidencia otro problema que incide en la mala calidad de los decretos aprobados.
El informe destaca que los asesores individuales, por comisiones o por bancadas, son frecuentemente contratados para cumplir con compromisos políticos o para asesoramiento personal en asuntos político-partidistas y, por consiguiente, disponen de limitados conocimientos técnico legislativos o sustantivos en las áreas y temáticas que requieren de legislación o fiscalización, esto según la opinión de los mismos legisladores, lo cual finalmente redunda en la calidad de la labor del Congreso.

Espiral de ineficiencia
Es difícil precisar cuánto más ineficiente ha sido esta legislatura en comparación con las precedentes, pero está claro, la ineficiencia es progresiva y, junto con ella, la desconfianza en los legisladores mella la institucionalidad del Congreso de la República.
Hasta hoy el trabajo de la actual legislatura ha sido deficiente, no más que una clara pérdida progresiva de la calidad de la función legislativa, por ejemplo, recientemente varias leyes han sido aprobadas conteniendo serias inconstitucionalidades o ilegalidades que muchas veces llevan a revertir disposiciones puestas en la norma dado que estas son incongruentes con el marco legal del país, lo cual denota que no existe un trabajo de fondo en la elaboración de las iniciativas de ley, expresa Ana Lucía Blas, analista de Asíes.
Sobre lo antedicho, Carmen Ortiz, coordinadora del Programa de Opinión Pública de la Universidad Rafael Landívar (URL), asegura que: Generalmente lo que suele medirse en torno al desempeño es solo la actividad legislativa, lo cual no es lo más adecuado, pues no es la única función del Legislativo. Así, es difícil determinar si el trabajo de los diputados es bueno o malo. En todo caso, un asunto de forma que sí es visible son las debilidades que presentan algunas normas que hace que terminen impugnadas ante la Corte de Constitucionalidad, lo cual puede ser un indicador de mal desempeño de los legisladores.

El problema son los partidos
Con todo, los analistas destacan que la mala calidad del trabajo legislativo no es más que el reflejo de la descomposición del sistema político del país. El deterioro (del Congreso) no es más que un deterioro del sistema político en general. Los partidos ya no son los intermediarios que deberían ser entre la población y el Estado y por ende lo único que buscan es ganar elecciones, llegar al poder y mantenerse en él. Esta misma lógica hace que quienes lleguen al Congreso, lleguen representando intereses particulares de los financistas que patrocinaron sus campañas, más que los intereses comunes de la sociedad, manifiesta Blas.
De igual forma, Ortiz subraya que el tema de fondo es el fortalecimiento de los partidos políticos y de la Ley Electoral, pues si no corregimos esto, tenemos que tener claro que siempre tendremos la misma calidad de diputados, precisa.
En conclusión: La solución a la deficiente actuación del Congreso pasa necesariamente por una reforma a la Ley Electoral, una reforma que atienda los problemas de fondo de los partidos políticos. Sin estos cambios fundamentales todo seguirá igual.