Muchos dicen sentirse frustrados, ante lo que consideran pocos avances en la lucha contra la corrupción y en el anhelo de tener un Estado más eficaz y eficiente. Otros señalan que el movimiento ciudadano iniciado hace un año se concentró en las renuncias de Pérez Molina y Balde-
tti, en lugar de hacerlo en las reformas profundas que requiere el Estado. Sin embargo, como bien señalan algunos, el hecho de que altos funcionarios del anterior gobierno, comenzando por quienes ocuparon la presidencia y la vicepresidencia, estén sometidos a proceso, es un logro que no podíamos siquiera imaginar hace un par de años.

Si los procesos judiciales concluyen con el merecido castigo de quienes incurrieron en múltiples actos de corrupción y se les despoja de los bienes mal habidos, quedará un necesario y valioso precedente: en el futuro habrá más posibilidades de que los actos de corrupción sean objeto de conocimiento público, persecución penal y condena.

Hay que agradecer a Pérez Molina y a Baldetti el descaro con el que actuaron. De hacerlo en forma menos burda e indiscreta, se habrían defendido afirmando que se trataba de chismografía barata. En el peor de los casos, se habría cumplido el dicho de “la vergüenza pasa, pero la plata se queda en casa”.

Cada vez que el MP y la Cicig abren una gaveta, sale a luz un nuevo negocio turbio, como el de la Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal, en donde era más que evidente la ilegalidad, a lo que se agrega el millonario soborno en dólares. Y, como decía Raúl Velasco, “aún hay más”. Recordemos –para muestra unos botones– las constantes denuncias, casi desde el inicio de la administración, de actos de corrupción en Migración, Aeronáutica Civil, Fonapaz, los ministerios de Salud, Comunicaciones, Desarrollo y Gobernación y la portuaria Santo Tomás de Castilla. En el siglo XX, solamente se compara con el latrocinio entronizado durante el gobierno de Lucas García.

Hay dos lecciones importantes que es conveniente señalar. La primera, el hecho de que los principales implicados estén guardando prisión preventiva permitirá que los juicios se tomen un tiempo razonable. Si les hubieran otorgado medidas sustitutivas, ya los veríamos interponiendo recusaciones, amparos y cualquier medida dilatoria, para prolongar ad infinitum los procesos en espera de un viento favorable. El principio según el cual la prisión preventiva debe evitarse lo más posible, encuentra aquí su excepción, como todo en la vida. Además, el embargo de bienes y cuentas en virtud de la Ley de Extinción de Dominio, limita la disponibilidad de dinero y los obliga a buscar la celeridad de los procesos, so pena de caer en la imposibilidad de pagar a sus abogados.

La segunda lección resulta del anuncio de la Procuradora General de la Nación, sobre que denunciará penalmente a los integrantes del Gabinete de Pérez Molina por haber avalado, al rechazar las acciones interpuestas, el negocio de la TCQ. Uno de los exministros se defiende afirmando que recibió un dictamen jurídico, según el cual la adjudicación mediante el usufructo oneroso era legal. Olvida que el papel aguanta con todo y que hay dictámenes de dictámenes. Desafortunadamente, es frecuente que, en la administración pública, los asesores sean complacientes en decir lo que el asesorado quiere oír. Personas honorables deben retirarse de gobiernos sobre los que pesan serios y fundados señalamientos de corrupción –“del cielo a la tierra no hay nada oculto” reza otro refrán – , pues en caso contrario,siempre estarán expuestos a que, incluso por omisión, se les deduzcan responsabilidades legales.

Si les hubieran otorgado medidas sustitutivas, ya los veríamos interponiendo cualquier medida dilatoria.