Cultura legalidad 4

ASIES, con el apoyo del Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C. (CEEAD), realizó el foro Cultura de legalidad, el mejor instrumento contra la corrupción. El objetivo del mismo fue sensibilizar sobre la importancia de promover y practicar una cultura de respeto a la ley, que permita consolidar el Estado de Derecho en Guatemala, para que este se encuentre en condiciones de garantizar el bien común a todos sus habitantes, alcanzar el desarrollo sostenible y evidenciar la relación entre la situación que vive el país por los niveles de corrupción e impunidad denunciados.

El  CEEAD define la cultura de legalidad como “la creencia compartida de que cada persona tiene la responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con Estado de Derecho”. Esto implica conocer las leyes, estar dispuesto a cumplirlas, apoyar a las instituciones, rechazar y denunciar lo ilegal, y participar.

“Para lograr una cultura de legalidad en el país, es necesario el compromiso de todos. Todos podemos influir desde distintos ámbitos”, recordó Raquel Zelaya, presidenta de la Junta Directiva de ASIES, al comienzo de la actividad. También Juana María Alcalá, del CEEAD, insistió en que “todos tenemos algo que aportar desde nuestro entorno”, además de enfatizar que “la cultura de legalidad comienza en casa”.

Artur Brunner, Consejero de la Embajada de la República Federal de Alemania en Guatemala, explicó la importancia de la cultura de legalidad, afirmando que “puede contribuir a combatir hasta la desnutrición y la pobreza”.

María Antonieta del Cid de Bonilla, exministra de Finanzas y miembro del G40; Anabella Morfín, procuradora General de la Nación, y Eduardo Stein, ex vicepresidente de la República, integraron el panel, para reflexionar sobre el impacto de la corrupción en el desarrollo del país, y los desafíos para la construcción de una cultura de legalidad. La moderación estuvo a cargo de Carmen María de Colmenares, ex magistrada de la Corte de Constitucionalidad.

Según Anabella Morfín, “por causa de la corrupción se desatienden las necesidades más sentidas de la población”, por lo que “tenemos que exigir que se cumpla la ley y que se sancione a quienes incurrieron en ilegalidades”.

María Antonieta de Bonilla coincidió con que la corrupción impacta de manera negativa la atención a la población: “cada quetzal que se desvía por corrupción, son menos refacciones escolares”. Agregó que “la corrupción perjudica las finanzas públicas, que de por sí cuentan con limitados recursos para atender todas las necesidades de la población”.

En tanto, Eduardo Stein, aunque consideró que “las puertas y ventanas están abiertas para que las cosas mejoren en el país”, señaló que “será difícil avanzar con el racismo y la discriminación persistentes”. Por eso, hizo un llamado para que la construcción de una cultura de legalidad sea incluyente, que considere la perspectiva de la población indígena respecto a qué entiende esta por cultura de legalidad.

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