Por Ben Kei Chin

La suspensión provisional del proceso de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina por parte de la Corte de Constitucionalidad despertó críticas a favor y en contra de la decisión del ente colegiado.

Los señalamientos contra los magistrados que detuvieron el proceso- Roberto Molina Barreto, María de los Ángeles Araujo y Hugo Pérez Aguilera- se incrementaron con las críticas de la propia presidenta de la CC, la magistrada Gloria Porras, ausente en la decisión.

Ahora los roces internos entre los magistrados son evidentes. Jóse Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) explicó que la decisión de la Corte obedece a las dinámicas propias de los cuerpos colegiados, sin embargo la trascendencia del amparo que se conocía en el máximo órgano constitucional agravaron las posturas contrarias entre los togados.

“El dilema de los magistrados será resolver el proceso de antejuicio con claridad pese a las diferencias evidentes. En este caso no esperamos una decisión unánime en definitiva”, expresó Sanabria.

El analista Gustavo Porras lamentó la creciente división en la Corte de Constitucionalidad. “Una cosa es un voto dividido y otra cosa es polemizar de forma pública, esto último le quita prestancia a la CC y lamentablemente se cumple algo que habíamos pronosticado, una división profunda entre los guatemaltecos”, enfatizó Porras.

Porras recordó las divisiones que han ocasionado temas judiciales con fuerte carga política y a criterio del analista, el proceso de antejuicio contra el presidente Pérez Molina no tiene posibilidades de prosperar ante los pronunciamientos y apoyos efectuados por organismos internacionales.

Alexander Aizenstatd, vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON) calificó como inadecuada la resolución provisional del tribunal constitucional, toda vez esta contraviene la norma jurídica pero reconoció la diferencia entre una votación dividida y la posible politización de un tema jurídico.

“La presidenta de la CC señaló a los magistrados de que se está resolviendo en contra de la ley para favorecer a una figura política, ello afecta de fondo el orden constitucional que busca resguardar el tribunal”

Aizenstatd advirtió que la CC puede retrasar la discusión del amparo pero afirmó que las presiones sociales en este momento obligan a resolver con prontitud el fondo del amparo.

La salida a este embrollo legal la tiene el propio presidente según Aizenstatd.

“Si el Presidente no está detrás de la acción legal de la abogada Fischer, debería enviar un memorial pidiendo a la Corte de Constitucionalidad que declare sin lugar un amparo que él no solicito”, concluyó el abogado.

Mientras los días transcurren hasta la decisión definitiva, los magistrados han preferido la arena de los señalamientos públicos y dejaron atrás el olimpo de los legalismos.