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Empresarios chapines se oponen a impuesto para combate a corrupción

Iván Velásquez el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), sugería el crear un nuevo impuesto temporal para combatir la corrupción; algo que no ha sentado bien en el sector empresarial guatemalteco, rechazando la creación de ese tributo.

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El Índice de Estado de Derecho del 2014, que mide 102 países, coloca a Guatemala en el puesto 85, como una nación de las que menos ingresos públicos recaudan, situación que afecta la disponibilidad para el sistema de justicia.

Por: estrategiaynegocios.net

Ordenar primero la casa antes de pensar en ningún nuevo impuesto es la postura delComité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

Su presidente, Jorge Briz, apuntó que el sector privado apoya la labor de Cicig y el Ministerio Público (MP), pero que cerca de Q20.000 millones (unos US$2.600 millones) se pierden en la corrupción y malgasto público, informa el diario guatemalteco Prensa Libre.

El presidente de la Cámara del Agro (Camagro), Nils Leporowski, expresó que la recaudación fiscal aumentó casi Q900 millones (US$117 millones) en lo que va del 2015, y que además todos los ministerios están plagados de plazas fantasmas, no se controla el contrabando y no se sabe a cuánto asciende el presupuesto nacional, por lo que no es posible que se cree un nuevo impuesto.

“Después de esa serie de problemas de corrupción, veamos si el país necesita más impuestos. Hay que dejar de castigar al sector empresarial con más tributos. No es apropiado, y lo único que va a hacer es alejar la inversión”, indicó Leporowski.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, también asumió que el MP y la Cicig necesitan fondos para su funcionamiento, pero igual cree que antes de pensar en un nuevo impuesto es necesario eliminar la corrupción y la evasión fiscal en el país.

Óscar Chile Monroy, analista financiero, apuntó que un impuesto específico dedicado a un solo ente del Estado dejaría relegadas otras urgencias en más dependencias, ya que el Organismo Judicial y el Ministerio de Salud, entre otros, están en una situación crítica.

Lorena Escobar, experta en seguridad y justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), detalló que el Índice de Estado de Derecho del 2014, que mide 102 países, coloca a Guatemala en el puesto 85, como una nación de las que menos ingresos públicos recaudan, situación que afecta la disponibilidad para el sistema de justicia.

Sin embargo, a pesar de los bajos ingresos tributarios, Guatemala es de los que más invierten en seguridad y justicia, más que otros países de la región. “El problema está en los ingresos y la carga tributaria que tiene el país. Debe mejorarse la recaudación y evaluarse los tributos”, señaló Escobar.

Gobierno lo estudiará

En todo caso al actual Gobierno no le parece mala idea la propuesta de la Cicig y va a ser discutida en su seno, apuntó el vicepresidente Alfonso Fuentes Soria: “Lo cierto es que los empresarios deben gastar en seguridad personal porque han observado que la justicia no ha funcionado en el país”.

Fuentes Soria expuso que se requiere inversión, ya que de algún lugar deben salir los recursos para el funcionamiento y apoyo de la Cicig, y no solo de la comunidad internacional.

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