"El presidente electo será el más débil de los elegidos"

El análisis fue presentado a diversos sectores por la analista Michelle Gutowski, quien manifestó que en 2002 el país gastaba Q1.2 millones por cada diputado, mientras en 2014 esa cifra se incrementó a Q4.3 millones por cada parlamentario, es decir un crecimiento de 258%.

Por el contrario, en la legislatura 2000-2003 fueron emitidos 324 decretos y en el actual período congresil (2012-2015) esa cifra bajó 76% a un total de 78 hasta el 30 de septiembre.

Gutowski añadió que en el período 2004-2007 se realizaron 295 sesiones, pero en la presente legislatura bajó 70.5% a solo 87. Es más, otra medición efectuada por el CIEN es que, en promedio, al menos una vez en cada legislatura los diputados no aprueban el presupuesto de la nación, afectando en estos casos directamente al funcionamiento del Ejecutivo.

Agregó que “el presupuesto del Congreso se ha incrementado a un ritmo anual de 14% en los últimos 15 años, lo que es un 5.5% más que el aumento promedio en el presupuesto total del Estado”. También es más alto que el incremento de 10% en el Ministerio de Gobernación, 12% en Educación y un 10% de crecimiento en Salud.

Gutowski explicó que en 2000 el Legislativo contaba con un presupuesto de Q130.6 millones, pero el año pasado esa cifra llegó a Q685.9 millones, lo cual representa un 1.09% del gasto total del Gobierno, la segunda cifra más alta en Centroamérica, superado solo por El Salvador, de 1.22%.

Sin embargo, entre los problemas que presenta este organismo del Estado es que se carece de información acerca de las plazas, contratos administrativos y otros gastos, y no hay claridad respecto a los criterios utilizados para realizar las contrataciones del personal de apoyo y de los asesores.

La analista resaltó que la representación política se ha visto afectada por el transfuguismo y que en el primer año de cada legislatura tiende a reducirse la cantidad de decretos aprobados, lo cual se incrementa en los siguientes dos años para, luego, en el cuarto, el electoral, reducirse sensiblemente. No obstante, resaltó que en 2015 la caída fue tan grande que a septiembre solo llevaban tres.

Esta situación ha hecho que el Congreso sea la penúltima institución en el índice de confianza con 36.7 puntos y en el último lugar los partidos políticos con 24.7 puntos, incluso más bajo que la Policía Nacional Civil. Las tres instituciones con mejor calificación son: el Ejército (70.3), Iglesia Evangélica (64.7) y la Iglesia Católica (63.7).

Añadió que las comisiones de trabajo son importantes, porque para aprobar una ley requiere de un dictamen previo y actualmente hay 32 salas ordinarias, 16 específicas y 4 extraordinarias, y cada una de ellas tiene una carga distinta de trabajo según la coyuntura debido a que no cuentan con una agenda propia. En este sentido, las comisiones se han convertido en un requisito formal para cobrar las dietas respectivas.

Phillip Chicola, analista del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), al comentar el estudio, resaltó que actualmente los diputados en lugar de representar a sus electores votan a favor de la directriz del partido. Está de acuerdo en que se norme el procedimiento para efectuar las interpelaciones de manera que no afecte el resto de tareas parlamentarias, pero también debe ponerse atención a la cantidad de decretos aprobados de urgencia nacional sin pasar, incluso, por las comisiones de trabajo.

Añadió que debe regularse el tema de las asesorías, ya que los últimos casos de corrupción han desvelado un enorme desorden del trabajo, tanto de diputados como de asesores. El tema del listado geográfico de obras y las plazas son los instrumentos de corrupción de los parlamentarios.

Hugo Novales, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), dijo no estar de acuerdo con regular las interpelaciones porque el espíritu de la ley privilegia el derecho de las minorías parlamentarias.

Resaltó que el presidente electo será el más débil de los elegidos, pues en lo que queda de esta legislatura no cuenta con una bancada y para la próxima su bancada será de únicamente 10 diputados. Otro de los problemas que remarcó es que dentro de los propios partidos no existe una verdadera democracia.

Gutowski comentó que era importante definir un número adecuado de diputados, para lo cual consideró que 120 era bueno, mientras que Chicola consideró que un número muy bajo puede favorecer a las aplanadoras mientras que uno grande favorece a la ingobernabilidad, por lo que entre 100 y 120 sería una buena cifra. Por su parte, Novales llamó la atención de que el número de diputados debe ser revisado junto a otros factores, a fin de lograr una adecuada representatividad de las minorías.

Las recomendaciones
Propuesta del CIEN
El CIEN sugiere realizar una reforma integral para que el Legislativo retome sus funciones de manera responsable, incluyendo cambios en su ley orgánica y la electoral y de partidos políticos, separar las funciones políticas de las administrativas para la junta directiva, evitar el transfuguismo, así como normar el tema de las interpelaciones, detalló la analista Corinne Dedik.
Adicionalmente, el Congreso debe optimizar el trabajo de las comisiones, ya que no existe ningún instrumento que regule su forma de trabajo, ni la publicidad o rendición de cuentas de sus reuniones.
También, contar con una agenda parlamentaria de nación o proyección de trabajo anual, lo cual genera que los temas a tratar en la siguiente o siguientes sesiones plenarias se definan en la instancia de jefes de bloque. Entre los beneficios de contar con ello, se encuentra el consensuar la agenda legislativa con los planes del Ejecutivo, se ordenan los temas pendientes de acuerdo con su importancia, necesidad y viabilidad, y se obliga a la junta directiva a presentar una agenda de trabajo detallada con metas y objetivos que puedan ser medidos y regular la ponencia de mociones privilegiadas para cambiar las agendas de las sesiones plenarias.
El CIEN considera que “se debe contar con un sistema de evaluación para medir su desempeño, tanto en su conjunto como a nivel de bancada, comisión de trabajo y de diputado”. Para ello, hay que crear una métrica adecuada y un código de ética parlamentaria como se ha hecho en otros países latinoamericanos.