Las indagaciones preliminares hechas por los investigadores, determinaron que esas cinco personas podrían estar involucradas en por lo menos cuatro delitos diferentes, explicó Thelma Aldana, fiscal general y jefa del MP.

Los diputados señalados

El primero de los legisladores es Mario Rivera Cabrera, quien en una ocasión anterior ya había sido señalado de haberse apropiado de dinero perteneciente al Fondo de Conservación Víal de Quiché, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no aceptó darle trámite a esa solicitud. No obstante, el MP presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que les fue otorgado la semana pasada, razón por la que la CSJ deberá recibir el expediente nuevamente y evaluar las pruebas presentadas.

En esta otra solicitud presentada ayer, explicó Aldana, se le vincula con los delitos de lavado de dinero y otros activos, así como de enriquecimiento ilícito.

Los hechos presentados por el MP y la CICIG dan cuenta que él como diputado gana aproximadamente Q29 mil mensuales, el cual se puede incrementar entre Q35 a Q45 mil cuando se ocupa algún cargo directivo dentro del Congreso de la República.

Rivera Cabrera ocupó en dos legislaturas cargos directivos, uno en 1996 como segundo secretario y en 2008 como tercer secretario.

Además, los investigadores determinaron que a su nombre no se encuentra ni una sola empresa o negocio, que pueda reportarle ingresos adicionales a los que percibe como congresista.

Sin embargo, se evidenció que Rivera Cabrera es propietario de por lo menos cinco viviendas, una ubicada en San Juan El Paraíso, Puerto San José, valorada en nos US$450 mil.

“No tiene empresas a su nombre, no ha recibido ningúna herencia por parte de un familiar y es dueño de varias casas, la más ostentosa es una que tiene en Waikiki, Iztapa, Escuintla, que podría tener un valor de US$5 millones”, explicó la fiscal.

Las otras propiedades se encuentran en la zona 5 y zona 11 de la ciudad capital, y la otra en Santa Cruz del Quiché, que aunque no figura como su propiedad, el registro del contador de energía eléctrica sí tiene su nombre.

Además, es propietario de por lo menos cinco vehículos entre marcas como Range Rover, Land Cruiser, Lincoln Navigator, entre otros.

Por último, la Fiscal indicó que en una de las cuentas de Rivera Cabrera existe el monto de Q9 millones 194 mil. “El cálculo aproximado de lo que pudo percibir en los últimos nueve años como diputado no alcanza para llegar a esa cantidad”, dijo.

Los otros diputados

Por aparte, Iván Velásquez, titular de la CICIG, aseveró ayer en el edificio del MP, que en el caso de los diputados Luis Adolfo Chávez y Mirza Arreaga, la solicitud de antejuicio se da producto de una denuncia que el jefe del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Edgar Leonel Rodríguez, hizo en junio de 2015, por supuestas negociaciones que los legisladores quisieron hacer con él para lograr adjudicar varios contratos a empresas relacionadas a ellos.

La denuncia decía, “…les fueran asignados a las empresas que ellos indicaran; y que durante el año 2014, ellos deberían ejecutar proyectos por un monto entre Q5 y Q10 millones, ofreciendo a cambio de la adjudicación algún tipo de retribución económica”.

Por lo que, de ser retirada la inmunidad, Chávez y Arreaga enfrentarían una investigación por tráfico de influencias y abuso de autoridad.

De igual manera, el diputado Mario Yanes Guerra fue denunciado por el Ministro de Desarrollo Social, en su caso, es debido a que aparentemente el diputado le solicitó varias plazas de trabajo en el renglón 029 para personas cercanas a él.

El titular del Mides tiene una solicitud de antejuicio por la compra de maquinaria por Q100 millones para el Fondo de Desarrollo Social.  La Pesquisidora del caso ha pedido en su informe que se retire la inmunidad del Ministro.

Nuevamente Medrano

El MP y la CICIG también solicitó que sea investigado el alcalde del municipio de Chinautla, Arnoldo Medrano, por los delitos de asociación ilícita, concusión, fraude y lavado de dinero u otros activos. La investigación determina que Medrano creó en dos meses de 2008 una red de sociedades mercantiles, entre ellas la Constructora Lagunilla S.A., Multitel S.A., Santa Cruz Construcciones S.A., Constructora Escala S.A., Constructora Equité S.A., y otras, con la finalidad de contratar y prestar servicios a la Municipalidad que él dirige desde hace 26 años.

Persecución política

Roberto Villate, presidente de la bancada del partido Lider, expresó por medio de un comunicado que consideran que esas solicitudes de antejuicio tienen “tinte político”.

“Es una persecución política por el Ministro del Mides, quien ahora es un colaborador eficaz, porque luego que lo denunciamos por la malversación de Q107 millones por maquinarias, y él está presentando pruebas, que puede ser que tal vez más de alguno de nosotros le pidió bolsas para la población”.