Pedro Muadi Menéndez, expresidente del Congreso, podría ser sometido a una investigación por peculado y asociación ilícita, si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acepta la solicitud de antejuicio en su contra presentada ayer por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Las pesquisas preliminares que obligaron a los investigadores a solicitar el retiro de la inmunidad de Muadi, se iniciaron luego de que Acción Ciudadana denunció en febrero la existencia de una estructura criminal de plazas fantasma que se apropiaba de fondos del Estado desde el Organismo Legislativo.
Thelma Aldana, fiscal general, explicó que mientras Muadi ejerció en el cargo en 2013, contrató un cuerpo de seguridad de 15 agentes para protegerlo a él y a su familia. Por hacer ese trabajo la empresa de seguridad Grupo SIS le pagaba a cada agente un salario de Q5 mil.
El desfalco
Sin embargo, para desviar fondos de esa institución el diputado le ofreció a cada agente de seguridad un pago extra de Q2 mil a su salario, los cuales serían cancelados con fondos del Congreso por medio de una contratación anómala por Q8 mil que ellos debían aceptar.
Claudia María Bolaños Morales, secretaria de la empresa de Muadi, Productos Servicios y Equipos, S.A. (PSE, S.A.), fue quien recibió la papelería y gestionó las plazas en el Congreso.
“Le trasladan su documentación a Bolaños quien a su vez la traslada al Congreso a Recursos Humanos para realizar los contratos, los cuales fueron en el renglón 022, pero se puso de salario la cantidad de Q8 mil para cada uno”, expuso.
Posteriormente, la misma secretaria de Muadi abrió una cuenta para cada uno de los 15 agentes, garantizando que en cada una se registrara la firma de Bolaños.

Depositado el respectivo salario del Congreso a la cuenta de los miembros de seguridad, la sindicada procedía mensualmente a pagarles Q2 mil en efectivo y a depositar lo restante (Q6 mil) a la cuenta de la empresa PSE, S.A., propiedad de Muadi Menéndez.
Con documentación contable se estableció que en dicho periodo fueron sustraídos de las arcas del Congreso aproximadamente Q630 mil, indicó la CICIG.
Para lograr la captura de Claudia María Bolaños Morales y José Estuardo Blanco Aguilar, jefe de seguridad del diputado, y quien es señalado de aceptar la negociación, se necesitó del apoyo de 50 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), explicó Elmer Sosa, viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación.
Se amplían investigaciones
El titular de la CICIG, Iván Velásquez, indicó que las investigaciones por este caso son preliminares, y que con el tiempo se determinará la participación de más personas trabajadoras del Congreso, entre ellas podrían estar los demás integrantes de la Junta Directa en el periodo de Muadi y del Departamento de Recursos Humanos.
También se investigará si los agentes tuvieron conocimiento del plan o fueron engañados para que firmaran y abrieran las cuentas sin saber el fondo de los contratos anómalos.
“La documentación secuestrada en el Departamento de Recursos Humanos del Congreso permitirá ampliar la investigación hacia otras personas que resulten involucradas en este caso”, dijo.

Muadi y su paso en el Congreso

El mes pasado el pleno del Congreso instaló cuatro mesas de trabajo, dentro de ellas la de Reformas a la Ley de Servicio Civil, la cual contempla mejorar los sistemas de contratación de personal, para ello fue electo como presidente de la Comisión el diputado Pedro Muadi. El legislador, quien recientemente se incorporó a la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), fue electo en 2011 por el Partido Patriota (PP), empresario vinculado al sector privado.
Luego de presidir la Comisión de Economía, el congresista fue electo como presidente del Congreso para el periodo 2013-2014; un año después cabildeo para ser el representante suplente del Legislativo ante la Junta Monetaria. Durante su cargo en la presidencia su círculo cercano fue: Ximena Toriello (asistente personal), Johana Miner (asistente de Comunicación), Susana Hernández (directora administrativa) y Esther Velásquez (directora administrativa). En septiembre de 2013, Fredy Lazo, auditor interno de este organismo, denunció ante el Ministerio Público a Muadi por realizar compras anómalas durante el periodo que presidió el Congreso. Días después, Lazo desistió de la denuncia y renunció al cargo que fungía.
Al conocer la acusación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el partido Creo expulsó a Muadi y ratificó que no será candidato a ningún cargo.