El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) es el segundo proveedor de servicios de salud en Guatemala, tan solo después del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), pero la institución de sanidad más denunciada ante la Defensoría de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Hasta el pasado viernes había capitalizado 301 querellas de 452 presentadas entre enero y los primeros 10 días de junio de 2016 contra entidades de salud, es decir, el 67% de estas. En 2015 se hizo del 68% de todos los señalamientos contra los servicios de salud.

La mayor cantidad de delaciones son por desabastecimiento de medicamentos, le siguen aquellas vinculadas a negligencia médica y mala calidad en la atención.

Así, el índice de insatisfacción entre los no menos de 1.2 millones de afiliados al seguro social es del 80%, asegura Zulma Calderón, jefa de supervisión hospitalaria de la PDH.

“La predominancia del sector privado en las consultas es un indicativo de la percepción de la calidad de los servicios (públicos) ya que, muchas personas, incluso teniendo acceso a algún establecimiento público de salud, prefieren acudir a centros privados. También es el caso de personas aseguradas por el IGSS, que aún estando cubiertas, prefieren acudir al sector privado”, explica el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) en su informe Sector Salud en Guatemala.

Pero el triste devenir del IGSS no termina con la reprochable atención, evidente y sensible entre sus beneficiarios.

Corrupción sin desmayo

Uno de los problemas es que históricamente el seguro social ha sido visto como “un botín político”, reflexiona Edgar Ballsels, representante de la Universidad de San Carlos (Usac) ante la Junta Directiva del IGSS, al ser consultado sobre la situación de la institución. “Especialmente cuando de compra de medicamentos se trata”, añade la funcionaria de la PDH.

Estas consideraciones no son para menos. Si bien, hasta hace unos meses no era sino solo un secreto a voces el amañamiento de compras y contrataciones en el Instituto, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han probado que existen estructuras criminales enquistadas en la institución, las que operan en distintas jurisdicciones, e incluso, desde las más altas esferas de la entidad.

Los casos IGSS-Pisa, por el cual se encuentra encarcelado el expresidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez (hombre de confianza del exmandatario Otto Pérez Molina, hoy señalado de encabezar una compleja red de saqueo al Estado) y Negociantes de la Salud, por el que enfrenta proceso penal Gustavo Alejos, exsecretario privado del exgobernante Álvaro Colom, son tan solo un ejemplo de las consideraciones de Ballsels y Calderón.

También figura el caso de corrupción en el IGSS de Chiquimula donde se arrendó anómalamente un edificio a una empresa que presidía el exdiputado Baudilio Hichos, el cual es una muestra de cómo los políticos han hecho del seguro social una fuente de recursos para su beneficio personal.

Solo en los casos IGSS-Pisa, Negociantes de la Salud e IGSS Chiquimula, el Instituto habría comprometido no menos de Q118 millones de su presupuesto en manos de la corrupción.

Aun desvelados y denunciados estos hechos, las objeciones sobre compras en el IGSS siguen a la orden del día. En febrero pasado la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la actual Junta Directiva del IGSS por la adquisición con un sobreprecio de Q10.5 millones del “derecho de uso, soporte técnico, actualización e instalación de licencias perpetuas de manejador de base de datos”, según publicaciones de prensa.

También, en el Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Ejercicio Fiscal 2015, la CGC resalta la intervención preventiva por representar un “eventual menoscabo en los recursos del Estado”, a la ejecución del proyecto “Ciudad de la Salud” que el Instituto tenía en marcha.

“Si bien es cierto que la inversión en salud es necesaria, no es correcto y legal que solamente una empresa sea contratada para planificar, construir y equipar un conjunto de hospitales denominados Ciudad de la Salud”, recuerda la Contraloría en el citado documento, recién hecho público. El valor del mencionado proyecto representaría un desembolso de Q3 millardos.

“Mientras tanto tenemos en riesgo a más de un millón de afiliados por no recibir medicinas”, puntualiza la jefa de supervisión hospitalaria de la defensoría de la salud.

Precaria infraestructura

Mientras los recursos se hacen escasos, en parte por la corrupción, la infraestructura de los hospitales del IGSS resiente con firmeza el paso de los años, la falta de mantenimiento y el aumento en la demanda de servicios frente a los cuales ya no se dan abasto.

Por ello es recurrente que el seguro social “tenga contratos con entes externos prestadores de servicios médicos especializados”, apunta el CIEN, en tanto Marvin Polls, de Acción Ciudadana (AC), destaca que en términos de transparencia y calidad del gasto no están claros los criterios que definen los prestadores a elegir.

“El temor es que sea la discrecionalidad la que impere al momento de tomar decisiones como estas, especialmente por intereses corporativos o políticos”, subraya el analista de AC.

Como se ve, la insuficiente infraestructura ha llevado, en parte, a esta tercerización de los servicios del IGSS, mientras algunos errores han entorpecido la apertura de nuevos hospitales, tal es el caso del construido en Quetzaltenango, el cual no ha podido ser inaugurado debido a que el sistema de drenajes no fue adecuado al sistema disponible en aquella ciudad.

“Un problema de planificación que no fue considerado, pero que ya está siendo resuelto para que el centro comience a funcionar lo más pronto posible”, refiere Balsells.

Un caso muy similar sucede en el hospital del IGSS en Izabal, donde sindicalistas denunciaron en abril pasado la carencia de varios servicios y el latente desabastecimiento de insumos, a pesar de que este centro fue recién abierto.

Al respecto, Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), destaca que esta debilidad en la infraestructura se refleja en situaciones como las que padece el hospital general del IGSS de la zona 9, donde hay una sobredemanda de servicios debido a que “la mayoría de unidades, incluso de todo el país, remiten sus casos ahí”.

Las medicinas, dónde están

Según la jefa de supervisión hospitalaria de la PDH, el tema más sensible para los afiliados es la carencia de medicamentos, lo cual provoca que si bien estos sean atendidos, no puedan obtener inmediatamente los fármacos.

En abril pasado faltaban 83 medicamentos del listado de productos básicos, en su mayoría para pacientes con cáncer, refiere la Procuraduría.

Así, ante la agudizada carencia de medicinas, el seguro social se encuentra estudiando el aprovisionamiento de fármacos a través de la Oficina para Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés), consideración que ya ha sido objetada por la CGC, institución que hasta el momento ha dejado la puerta abierta para que el IGSS resuelva adquirir o no una serie de medicamentos por esta vía.

“Nosotros no tenemos que aprobar esta compra; solo le dimos una opinión al IGSS, pero la decisión ya es responsabilidad de ellos. De nuestra parte estamos claros que no podemos dejar de auditar esta compra”, señaló al respecto el contralor Carlos Mencos.

Mientras tanto la diputada Nineth Montenegro denunció el pasado martes que el 99% de los medicamentos adquiridos por el IGSS hasta ahora se han hecho a través de compras directas y por excepción, comprometiendo la transparencia en las adquisiciones.

Con todo, Linares, Ballsells, Polls y Calderón coinciden en que estos problemas, que configuran una especie de escombros sobre los cuales se asienta el Instituto, son producto de una carencia de planificación y orden en la administración de la entidad y que por tanto, lo oportuno es abordar desde una visión integral y planificada los retos que enfrenta el Seguro Social y comenzar a sentar las bases para la superación de la crisis sin llegar a pretensiones de privatización del IGSS.

Justifica deterioro

La versión oficial del IGSS es que se está modificando el Reglamento interno del instituto para aplicar sanciones a todo el personal que no atienda bien y aquel que no aplique su presupuesto como debe ser para tener unidades abastecidas. También que ya está preparado y aprobado por la Junta Directiva, el plan maestro de infraestructura en el que se busca un modelo de construcción para poder replicarlo, en hospitales regionales.

En relación al abastecimiento, se asegura que hay factores que influyen, como que desde mayo del año pasado enfrentan el problema que los trabajadores se niegan a participar en juntas de licitación o cotización, lo que afectó para que no se hayan prorrogado cuatro contratos abiertos, y también causaron contratiempos las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.

En cuanto a las anomalías en las compras del IGSS, los directivos dicen que hay señalamientos sin fundamento sobre que se compra el 99% de manera directa, lo cual, asegura, se puede comprobar con documentación.

Aires de privatización  /  Se busca nuevo modelo

A decir de las autoridades del IGSS, que pidieron omitir su nombre, actualmente “existe una tendencia muy fuerte a buscar un nuevo modelo de seguridad social, pero en el fondo existe una intención que lleva a las corrientes de privatización y no a la del modelo solidario que debe mantener la seguridad social”.

Al respecto, Édgar Balsells, representante de la Usac en la junta directiva del IGSS, teme que lo que se busque sea crear crisis en el seguro social para favorecer la opinión pública a la privatización, “lo cual sería desastroso”.

“Si comparamos el IGSS con un seguro privado, que es la insistencia de algunos analistas que debería ser el nuevo modelo, no hay comparación alguna, porque un seguro privado tiene techos y no da más de lo que porcentualmente se ha aportado.  No es un modelo solidario cómo el IGSS. Es necesario hacer la comparación, por ejemplo, en el programa de IVS: cuánto es el aporte versus los beneficios que se reciben. No solo en lo económico, que aun así son heredados al cónyuge, sino también en la atención médica ilimitada  y medicamentos”, opinó Lucía Dubón, vocera del IGSS.

Sobran las compras directas