Los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philp Alston, y sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, afirmaron desde Suiza que la reciente decisión de Guatemala sobre un salario mínimo diferenciado para promover la industria manufacturera local, “no solo va en contra de las obligaciones internacionales de los derechos humanos del país, sino que debilita su compromiso internacional de propiciar el desarrollo sostenible”.

“La explotación de la mano de obra no es una opción viable para propiciar el desarrollo económico y social”, afirmó Alston reaccionado a la adopción de un salario mínimo mensual diferenciado para los trabajadores de la industria de manufactura ligera 44% menor que el salario mínimo mensual nacional, en los municipios de Estanzuela, Masagua, San Agustín y Guastatoya.

El nuevo salario mínimo local de Q1 mil 500 al mes contrasta claramente con el salario mínimo nacional de unos Q2 mil 650vigente en los sectores agrícola y no-agrícola.

“Este salario mínimo cubre únicamente el 25% del costo de la Canasta Básica Vital que necesita una familia guatemalteca. Con un ingreso tan bajo, los hogares que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad se verán en una situación precaria, sin posibilidad de asegurar un nivel de vida adecuado para los trabajadores y sus familias, comprometiendo seriamente su seguridad alimentaria y el acceso a una dieta adecuada”, añadió Elver.

“Introducir un salario aún más bajo en una industria y áreas específicas representa una media regresiva que viola las obligaciones de Guatemala conforme al derecho internacional de los derechos humanos y pone en riesgo un desarrollo social inclusivo”, señaló Alston.

Los expertos exhortaron a Guatemala a garantizar condiciones de trabajo justas y favorables para todos los trabajadores en cumplimiento con el derecho internacional de los derechos humanos, que propicie un desarrollo sostenible e inclusivo.