Foro Guatemala: Año del bicentenario, una oportunidad

El año del bicentenario una oportunidad de acuerdos para una nueva época política

Propuesta del Foro Guatemala para una agenda de gobernabilidad del país, para ser puesta a consideración de los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el 2021

El presente año ofrece muchas oportunidades para el país, la conmemoración de los 200 años de la emancipación del Reino de España, rememora la decisión de la sociedad guatemalteca de hacerse responsable de sus propios desafíos a partir de sus propios recursos, lo cual abre una ventana de oportunidad para recuperar una agenda de gobernabilidad, confianza y unidad ciudadana, necesarias para orientar las acciones de la sociedad hacia una visión de mediano y largo plazo. Se afrontan retos particulares debido a la pérdida de apoyo al sistema democrático, así como a la disminución de la aprobación ciudadana a las instituciones políticas, no obstante, se identifica una disposición de múltiples sectores a abordar temas estratégicos en los que hay consensos de base.

Se requieren acciones decisivas y estratégicas, con una ruta clara de acción, para preservar y consolidar las instituciones democráticas y republicanas que orienten al país al desarrollo integral incluyente y a una real independencia nacional. Las diferentes visiones políticas en discusión, requieren espacios de diálogo para alcanzar consensos en torno al diseño y ejecución de políticas públicas permanentes, así como de reformas de Estado orientadas con visión estratégica a hacerse efectivas en el próximo decenio.

En el año 2020 el país, al igual que la mayoría de naciones del mundo, fue conducido a una crisis sanitaria sin precedentes, provocada por la pandemia por Covid-19, que aún está presente. Sumado a ello en el mes de noviembre Guatemala padeció los efectos de la tormenta tropical ETA seguida de la depresión tropical IOTA, ambas provocaron destrucción y daños, con los consiguientes efectos sociales y económicos, en una sociedad que ha venido acumulando crisis tanto de gobernabilidad, como de institucionalidad, de pobreza y creciente polarización social.

Las organizaciones de Foro Guatemala reconocemos la capacidad de resiliencia de los guatemaltecos y valoramos que nuestra diversidad es nuestra fortaleza y riqueza. Además, consideramos que es compromiso y deber como ciudadanas y ciudadanos, acompañar el ejercicio de la función pública, para contribuir a fortalecer la gobernabilidad, la institucionalidad y avanzar a superar las crisis y nuestros problemas de país. Siempre dentro de un marco constitucional de derecho pacífico, democrático y republicano que fomente la creación de consensos para construir un mejor país.

En este contexto, el Foro Guatemala hace una propuesta de acciones, reformas y aspectos que considera prioritarios para este año y el inicio del nuevo ciclo político en el país. La misma se formula a partir de un análisis político y un ejercicio de construcción de consensos, articulados en una propuesta de agenda mínima denominada “Un trabajo conjunto, una mejor Guatemala”, sometida por el Foro Guatemala, a debate nacional desde el año 2018; documento que contiene la visión de las 16 organizaciones que integran el Foro, para enfrentar la crisis político-institucional que se ha ido profundizando en el último quinquenio. Muchas de estas iniciativas coinciden con la Política General de Gobierno 2020-2024 y con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, no obstante nuestro aporte tiene como propósito priorizar los temas coyunturales y estructurales, que el país debe atender urgentemente, sin ánimo de suplantar a la institucionalidad pública, ni competir con la autoridad electa, sino más bien complementar desde sociedad civil y academia, los esfuerzos de gobernanza para una efectiva gobernabilidad del Estado.

En ese sentido y con ocasión del inicio de actividades del nuevo año 2021, a continuación, presentamos los temas que consideramos prioritarios de abordar por los tres Organismos del Estado. Es impostergable asumir como país una agenda que aborde aspectos económicos, políticos, sociales, ambientales, de justicia y de lucha contra la corrupción que permita el avance sin exclusiones de toda la población de Guatemala. Esto requiere reencauzar el uso de los recursos del Estado, eliminar el burocratismo y facilitar el acceso a las formas pacíficas de resolver diferencias en nuestra sociedad, respetando el Estado de Derecho.

Acciones conjuntas de los tres Organismos del Estado y con otras instancias:

1. Discutir y promover fórmulas y mecanismos efectivos para la elección de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones de manera que se garantice el objetivo constitucional de fortalecer y garantizar la independencia judicial en la impartición de justicia pronta, oportuna y pertinente.

2. A la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, al Presidente de la República y su Consejo de Ministros, al Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y al Colegio de Abogados y Notarios, con ocasión de la conformación de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026, el compromiso de llevar a cabo procesos apegados a la ley, en los que la prioridad sea la designación de profesionales idóneos, con experiencia, honradez, conocimientos y primordialmente independientes en el ejercicio de la defensa del orden constitucional, para la prevalencia del Estado Constitucional de Derecho.

Al Organismo Ejecutivo:

En el segundo año de gobierno impulsar la implementación de la Política de Gobierno que presentó en los inicios de la gestión. Se debe trabajar con objetivos y metas realistas que permitan recuperar la confianza de la ciudadanía y mantener un diálogo atento con diferentes actores políticos, procurando la unidad nacional. Compartimos las siguientes líneas de acción que consideramos determinantes para la efectividad de las políticas públicas:

1. Coordinación permanente con otros poderes e instituciones del Estado para asegurar el éxito de políticas públicas y reformas priorizadas.

2. Fortalecer la unidad nacional y la gobernabilidad a través del trabajo conjunto y coordinado del presidente y vicepresidente, promoviendo el entendimiento y confianza en la riqueza diversa de la sociedad guatemalteca, así como espacios de diálogo y concertación incluyentes y participativos.

3. Impulsar un modelo económico, que permita generar empleo formal, ampliar la capacidad productiva del país, mejorar la competitividad, reducir la pobreza y pobreza extrema, dar certeza jurídica a la propiedad privada y las inversiones en el país, priorizando el crecimiento económico incluyente con enfoque rural.

4. Ampliar la infraestructura de transporte para reducir los desequilibrios sociales y territoriales y conectar los centros de producción y consumo, generando oportunidades económicas a la población principalmente de las zonas rurales del país.

5. Promover decididamente la estrategia para la reducción de la desnutrición crónica, así como para una eficaz Seguridad Alimentaria Nutricional.

6. Optimizar la calidad del gasto y fortalecer los ingresos fiscales por medio de acciones identificadas en un diálogo multisectorial.

7. Impulsar un nuevo pacto por la educación que involucre a todos los actores pertinentes

8. Priorizar la inversión del Ministerio de Educación en escuelas dignas, con servicios básicos, mobiliario, libros, tecnología y fortalecimiento al personal docente.

9. Proponer reformas a los sistemas de servicio civil y de contrataciones del Estado, necesarios para modernizar la gestión pública.

10. Priorizar la inversión en atención primaria en salud, garantizando un sistema de compras y contrataciones de medicamentos y suministros oportuno, así como la contratación de personal requerido y la revisión de la negociación de los pactos colectivos apegados a las capacidades financieras del Estado. En ese sentido, valoramos el sistema de adquisiciones establecido en el Seguro Social con el apoyo de la OPS/OMS, así como la adquisición de vacunas contra la COVID- 19 mediante el mecanismo COVAX.

11. Priorizar el abordaje de los conflictos sociales desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos de todas y todos los guatemaltecos.

12. Promover cambios al modelo de política de seguridad ciudadana, en especial, la profesionalización de la Policía Nacional Civil y el fortalecimiento de la Carrera Policial para garantizar que el actuar de las fuerzas de seguridad del Estado sea apegado al ejercicio de los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana.

13. Diseñar la readecuación presupuestaria que contemple un techo de gastos vigente para el año 2021 y para el período presidencial, que incorpore medidas en las dimensiones de los ingresos, los gastos y la deuda, así como una ejecución presupuestaria transparente y efectiva, enfocada principalmente en: o Fortalecer el sistema de atención a la salud en todos los niveles, atendiendo prioritariamente lo referente a la pandemia por Covid-19 y los procesos de adquisición y administración de vacunas, así como la dignificación salarial del personal sanitario.

• Garantizar la seguridad alimentaria y la reducción de los casos de desnutrición crónica infantil.
• Asignación presupuestaria y ejecución de planes nacionales contra el hambre.
• Ampliar la cobertura y calidad en la educación pública en todos los niveles, con enfoque en el área rural y priorizar la educación bilingüe intercultural.
• Atención a los efectos provocados por los eventos naturales ETA e IOTA, y
• La recuperación económica mediante el apoyo a los sectores que mostraron un desempeño negativo en el 2020 debido a la crisis sanitaria y climática.

14. Fortalecer el apoyo financiero al Ministerio Público en general, para un efectivo cumplimiento de sus funciones, del ejercicio de la acción penal pública para combatir la impunidad y particularmente en los casos de corrupción que afectan directamente el desarrollo del país como parte de la política criminal del Estado.

15. La revisión del sistema de compras y contrataciones, que permita procedimientos ágiles, transparentes y el uso adecuado de los recursos públicos y la correspondiente propuesta para su incorporación como reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.

16. Impulsar el combate a la corrupción y la impunidad con enfoque de transparencia y probidad desde de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, basada en una nueva ética pública, rendición de cuentas, fiscalización ciudadana, cultura de denuncia e intolerancia a lo ilegal.

17. Revisar el régimen de servicio civil para ajustar sueldos y salarios a la capacidad y a las funciones que se desarrollan en el servicio público, para que sean llenadas por perfiles que cuentan con las competencias y habilidades necesarias y no por personas que tienen beneficio político.

18. Fortalecer los mecanismos de información y de gestión pública (gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas y el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública).

Organismo Judicial:

Impulsar los cambios internos pendientes y continuar expandiendo su alcance en todo el territorio nacional. Es fundamental promover la revisión de la política criminal y de justicia con las instituciones que conforman el sistema, que garantice:

1. Cobertura nacional y acceso a la justicia con imparcialidad, celeridad e independencia.

2. Agilizar los procesos del sistema de justicia, especialmente para la reducción de la mora judicial, sin sacrificar efectividad y objetividad.

3. Preparación institucional frente a nuevos enfoques en la lucha contra la delincuencia.

4. Disponibilidad presupuestaria para el cumplimiento de los objetivos.

5. Evaluación constante de jueces y magistrados.

6. Combate a la violencia, con especial énfasis a la perpetrada contra mujeres y niñas.

Para el efecto, se requiere impulsar las acciones políticas y legislativas siguientes:

1. Promover e implementar acciones y reformas que fortalezcan la carrera judicial. Estas deben contemplar mejorar los procesos de selección, evaluación y permanencia de los mejores profesionales, buscando siempre garantizar la capacidad, idoneidad y honradez de los magistrados. Asimismo, es importante mejorar el sistema de gestión del Organismo Judicial en sus diferentes niveles para hacer más efectiva la administración de justicia en todo el país.

2. Agilización burocrática: • Revisar la prisión preventiva, en cuanto al carácter excepcional de la misma.

• Revisar los plazos procesales y su cumplimiento efectivo en impugnaciones, apelaciones, recusaciones, amparos y la incorporación de criterios de oportunidad.
• Revisar los requisitos para la interposición de amparos que se presentan en el desarrollo de un proceso.
• Garantizar el seguimiento a los procesos judiciales que han sido presentados en el marco de la lucha frontal a la corrupción y la impunidad.

Organismo Legislativo:

En el cumplimiento de su labor legislativa, coadyuvar en la implementación de políticas públicas e iniciativas de los otros poderes de Estado sin comprometer su rol fiscalizador. Asumir un rol activo, responsable y consciente del actual contexto político del país.

En coherencia con las prioridades identificadas para el Organismo Ejecutivo, se proponen las siguientes iniciativas y la búsqueda de acuerdos para la agenda legislativa:

1. Dar paso a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, para garantizar la alternabilidad como límite al poder, de conformidad con lo mandatado por la Corte de Constitucionalidad en su sentencia de fecha 6 de mayo de 2020.

2. Aprobación de las readecuaciones presupuestarias para el periodo fiscal 2021 de forma consensuada, participativa, transparente, orientadas a atender las necesidades básicas prioritarias de la población guatemalteca.

3. Reformas institucionales: priorizar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, al Sector Justicia, a los sistemas de Compras y Contrataciones del Estado y Ley de Servicio Civil.

4. En materia electoral, abrir espacios para la discusión y aprobación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con el fin de fortalecer la representatividad política, participación ciudadana y el sistema democrático del país. Se deben estudiar y discutir mecanismos e incentivos que posibiliten la participación activa de la mujer, tales como el cambio en la forma de elegir diputados, entre otras.

5. Ley de Servicio Civil, revisión de procesos de contratación y administrativos, así como la negociación de pactos colectivos de condiciones de trabajo, con base en lo estipulado en el artículo 113 constitucional.

6. Promover el conjunto de iniciativas de ley en materia de reactivación económica tales como, revisión del concepto y la práctica del salario mínimo, Ley de Leasing, Ley de Tasa Preferencial, de la Vivienda, Ley de Agilización de Trámites.

7. Ley de Infraestructura Vial para incentivar la recuperación económica del país, en la normativa relacionada con el diseño, contratación y pago en materia de infraestructura para el desarrollo.

8. La Ley de Orden Público que permitirá adaptar la normativa que regula los estados de excepción a las necesidades actuales.

9. Discusión y reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, para incorporar cambios al sistema de compras y contrataciones.

10. Atender el debate sobre el cambio climático y el uso racional de los recursos naturales, en especial el uso, goce y disfrute del agua en nuestro país, para garantizar un acceso equitativo para consumo humano y sus diferentes usos en la sociedad.

11. Para un abordaje legislativo de largo alcance sugerimos tomar en cuenta las iniciativas y reformas temáticas identificadas en la Agenda Mínima del Foro Guatemala. La cual comprende más de 28 iniciativas que incluyen reformas a leyes constitucionales, a instituciones estatales, actualización de códigos, leyes económicas, iniciativas que brinden seguridad jurídica y la creación de nuevos sistemas públicos o instituciones.

Ante la enorme tarea de dar conducción política y estratégica al país, es evidente que todo lo anterior requerirá consensos políticos; una decidida fiscalización y acompañamiento de la ciudadanía, que le den legitimidad al proceso de efectividad institucional, reiteramos nuestro compromiso como instituciones sólidas para coadyuvar a los esfuerzos que orienten al país hacia la paz social, el desarrollo incluyente y el fortalecimiento institucional.

Guatemala, febrero de 2021.

Carta prioridades en el año del bicentenario (204,5 KB )

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