“Inicialmente, el proceso electoral era muy excluyente"

Hoy, la ciudadanía decidirá quiénes habrán de tomar las riendas del país durante los próximos cuatro años. Sin embargo, el ambiente político se perfila incierto. Los escándalos de corrupción estatal han puesto de manifiesto la necesidad de reformar del sistema electoral, y sirvieron como detonante para las jornadas de protesta ciudadanas que hemos vivido en los últimos meses.

El voto universal del cual gozamos, con apenas 50 años, tiene una historia marcada por los vaivenes políticos del país. Un vistazo a esta da cuenta de su evolución.

EL PRIMER VOTO GUATEMALTECO
Tras la Independencia de 1821, no todos podían votar. Las mujeres y los guatemaltecos analfabetos y sin recursos económicos no eran considerados ciudadanos y no tenían derecho a ejercer el voto. La primera Constitución, de 1825, establecía que eran ciudadanos “los habitantes del Estado… que fuesen casados o mayores de 18 años, siempre que ejerzan alguna profesión útil o tengan medios conocidos de subsistencia”.

“Las asambleas de los notables, compuestas por españoles y criollos, herederos de la nobleza y con poder económico, elegían autoridades. Ellos eran los únicos destinados a tomar decisiones”, explica el analista político Renzo Rosal.

Este concepto es ampliado por Javier Brolo, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes): “Inicialmente, el proceso electoral era muy excluyente. Las decisiones políticas estaban limitadas a los españoles y los criollos. Ya con el proceso de la Independencia, empieza un control aristocrático, y con la Revolución Liberal se introduce el modelo de Estado con más conducción sobre la economía, la cual había sido exclusiva de los grandes propietarios”.

La Constitución de 1921 permitía votar a las mujeres, con ciertas restricciones; en su artículo 29, establecía: “Podrán ejercer el derecho de sufragio las mujeres casadas o viudas mayores de 21 años que sepan leer y escribir; las solteras mayores de 25 que acrediten haber recibido la instrucción primaria, y las que poseen capital o renta en la cuantía que la Ley Electoral indique. Podrán también optar a cargos públicos que no sean de elección popular, o no tengan anexa jurisdicción”. El voto para los hombres era obligatorio, pero voluntario para las mujeres.

“Es hasta la primavera democrática, cuando se empieza a tener participación organizada con el voto libre y secreto”, indica Brolo. Sin embargo, la primera Constitución del gobierno revolucionario definía como ciudadanos con derecho a elegir y ser electos a “los guatemaltecos varones mayores de 18 años que sepan leer y escribir o que tengan renta, industria, oficio o profesión que les proporciones medios de subsistencia”. Las mujeres estaban excluidas.

VIENTOS REVOLUCIONARIOS
A mediados de 1944, cuando el movimiento popular consiguió la renuncia del presidente Jorge Ubico, se abrió camino a un proceso democratizador. Se fundaron varios partidos políticos y, a lo interno de algunos de estos, se empezó a proponer el reconocimiento del voto femenino. En septiembre de ese mismo año, un grupo de mujeres conformado mayoritariamente por maestras, escritoras y periodistas, organizó la Unión Femenina Guatemalteca Pro Ciudadanía de la Mujer, presidida por Graciela Quan, la cual propuso el reconocimiento del voto femenino.

En 1945, tras una incansable lucha, las mujeres guatemaltecas consiguieron ese derecho. Los debates y discusiones fueron divulgados en las páginas de los diarios. Tras meses de debate, la Asamblea Constituyente, formada exclusivamente por hombres, decidió conceder el voto a las mujeres, excluyendo a las analfabetas.

En la Constitución promulgada el 11 de marzo de ese año, se reconocía como ciudadanos, en el artículo 9, a “los guatemaltecos varones mayores de 18 años”, y a “las mujeres guatemaltecas mayores de 18 años que sepan leer y escribir”. Entre los derechos de la ciudadanía estaba “elegir, ser electo y optar a cargos públicos”. Ese mismo artículo establecía el sufragio obligatorio y secreto para los hombres, optativo y secreto para las mujeres, y optativo y público para los ciudadanos analfabetos.

El diputado José Manuel Fortuny, militante comunista y notable colaborador de los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz, presentó una enmienda para restringir el voto femenino. Su argumento era que las mujeres eran fácilmente influenciables y manipulables por la Iglesia. Dicha postura fue rechazada por Clemente Marroquín Rojas, Adalberto Pereira Echeverría, Egil Ordóñez Muñoz y Héctor Manuel Vásquez, entre otros.

En las elecciones presidenciales de noviembre de 1950, que llevaron a Árbenz al poder, la asistencia femenina a las urnas fue escasa. Algunas mujeres tenían miedo de votar y a otras sus esposos no se lo permitían. “Llegaron muy pocas; no se atrevían a asistir. Había que convencerlas de que fueran a votar, y también a los esposos para que les dieran permiso de ir, porque ellos no querían que las mujeres participaran en la política”, recuerda Julia Urrutia, quien emitió su voto en esa elección (Lea su historia en la página 3 de Magacín).

EL VOTO UNIVERSAL: 1965
La contrarrevolución, que en 1954 derrocó a Árbenz, decretó una nueva Constitución en 1956, que mantuvo el reconocimiento al sufragio de las mujeres alfabetas, pero anuló la opción del voto optativo y público para los analfabetos.

Brolo apunta que durante el tiempo del conflicto armado interno, que se inició en 1960, “el control estatal se evidenció en los diversos fraudes electorales. Siempre había un proceso electoral para mantener control, no era precisamente un ejercicio de participación”.

En 1965 se instituyó el sufragio universal, que reconoce el derecho de todo ciudadano mayor de edad, sin distinciones de género o económicas, a ejercer el voto. Una nueva Constitución, decretada ese año, reconocía como ciudadanos con derecho a elegir y ser electos a “todos los guatemaltecos hombres y mujeres, mayores de 18 años”.

“Un logro que nadie ve es en qué momento comienza a respetarse la voluntad popular. Por mucho que voten las mujeres y los analfabetos, que son logros paulatinos, hay que ver en qué momento se respetó ese voto. Cuando vienen los gobiernos militares, en el caso de Kjell, Arana o Lucas, ¿se cumplió solamente con el requisito de ir a votar, o sí fue respetada la voluntad popular? El punto es que hubo fraude por parte del partido oficialista”, expresa el constitucionalista Gabriel Orellana.

Fernando Villamizar Lamus, en su tesis La tercera ola democrática en Guatemala, expone: “El segundo período histórico en el que se pudieron dar elecciones libres y competitivas corresponde a las elecciones de 1966. Esta etapa es bastante discutida por cuanto se alude a una fuerte presión del Ejército en el gobierno de Julio César Méndez Montenegro y a prácticas para eliminar a la competencia, especialmente de tendencia izquierdista”.

Hasta antes de 1985, si un candidato no ganaba con mayoría absoluta de votos, no había segunda vuelta electoral, sino que el pleno del Congreso decidía el resultado final.

LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA DE 1985
“Es con el Consejo de Estado de Ríos Montt, en 1985, que se empieza a implementar el mecanismo de conteo de votos con la participación de ciudadanos y se funda el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Durante la guerra, la participación de los partidos políticos era muy limitada y necesitaban 50 mil firmas para ser incluidos. Por cuestiones de logística, la participación electoral en los inicios democráticos fue reducida, porque los centros de votación estaban situados solamente en áreas urbanas. Esto significaba, en cierto modo, una exclusión. Sin embargo, al inicio hubo mucho entusiasmo por la transición a la democracia. Fueron unas primeras elecciones con mucha participación”, afirma Brolo.

“El Serranazo, protagonizado por Jorge Serrano Elías, quien sucedió al Vinicio Cerezo, fue el primer fracaso de la democracia nacional, porque rompió el proceso de transición pacífica y ordenada que garantizaba la participación de la población en las votaciones”, añade el analista. “A finales de los 90 surgen partidos como el PAN y el FRG, cuyas elecciones se garantizaron por tener amplio respaldo social. El PAN ganó abrumadoramente, pero el ejercicio de ese poder, sin contrapeso, resultó también en otras críticas y la creación de legislaciones sin suficiente discusión ni oposición. Ese efecto aplanadora generó mucha decepción y empezó a bajar la participación electoral”.

En 2004 se descentralizaron las urnas y esto facilitó la participación de votantes en el área rural. “Esto permitió estrategias de campaña de proyección social en el interior. Y si bien es positivo porque incorporó a muchos ciudadanos, también se generaron estrategias clientelares y de movilización para comprar votos. La reelección de alcaldes se hizo más frecuente, pero ningún partido tiene control total del Congreso. Antes, las alcaldías eran acaparadas por un partido. Ahora se reparten más entre los partidos principales. Como es un sistema de mayoría de votos, a los partidos grandes se les ha hecho más fácil dominar, y ahora un par domina casi todo el país. Los pequeños participan en las elecciones más que todo para visibilizar al partido y obtener pequeñas cuotas de poder. Eso incentiva la proliferación de partidos”, reflexiona Brolo.

Es a partir de las reformas de 2004, que la mujer ahora supera al hombre en el padrón electoral: 54% contra 46% (tendencia que incluso puede observarse en el padrón de las Elecciones Infantiles, como sucedió para este proceso electoral, en que las niñas ocupan un 53% del padrón).

“A partir de 2007, con la UNE, el voto rural se convirtió en un elemento determinante. Antes, el distrito metropolitano y Quetzaltenango opacaban al resto del país. A partir de 2004, la tendencia es que el factor más determinante sea la preferencia de los votantes del área rural. Por el crecimiento electoral, nuestro electorado ha sido principalmente joven, y los que votan tienen poca experiencia en eventos electorales”, añade Brolo.

“Es lógico que actualmente se haga un llamado al voto nulo y al abstencionismo, porque expresa una frustración como consecuencia de todo el descrédito que ha ensuciado la reputación del sistema electoral. No existe un régimen institucionalizado de partidos políticos. No se habla de un partido político, sino del dueño del partido. Mejor deberían dedicar esos recursos a consolidar la democracia en vez de hacer esos ejercicios de egolatría.”, opina Orellana.

Julio Dougerthy, exmagistrado del TSE, propone: “Hay que reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos después de las elecciones, porque ya está obsoleta. El financiamiento de los partidos debe ser público, que lo pague el Estado, en este caso el TSE, para que este controle el financiamiento político y la publicidad política, para no haya patrocinadores que no se sabe quiénes son. Ya no habría campaña anticipada, porque en el momento que se convoque la campaña, ahí empezaría la propaganda. En 2011 se rompió el record de votación: 72.5%. Hoy se llegará si mucho al 55%, si nos va bien”.