POR CLAUDIA PALACIOS
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El Ministerio Público (MP) rechazó la medida tomada por la jueza quinta penal, Judith Secaida, quien benefició con arresto domiciliar a Gustavo Martínez, ex secretario general y yerno del expresidente Otto Pérez Molina, y otros dos procesados por integrar una red de tráfico de influencias.

La Fiscalía dijo que apelará el fallo la próxima semana debido a que los sindicados tienen la capacidad de influir para obstruir el trabajo de la justicia si permanecen en libertad.

Gustavo Martínez, César Medina Farfán y Filadelfo Reyes Cáceres son señalados de traficar influencias en las altas esferas del poder público a favor de empresas y particulares.

Los tres salieron en libertad ayer, luego de que la jueza Secaida cambiara la medida de prisión preventiva por la de arresto domiciliario. La togada no impuso caución económica o fianza para los sindicados.

El MP se pronunció contra la resolución del juzgado, argumentando que aunque las investigaciones ya finalizaron, los procesados aún pueden influir en los operadores de justicia para manipular el proceso o borrar evidencias.

De acuerdo con las pesquisas, la esfera de influencia de la red, presuntamente liderada por Medina Farfán, llegaba hasta el Ejecutivo, con Martínez como secretario general de la Presidencia y yerno del presidente mismo.

Además, la acusación contra la estructura criminal incluye la manipulación de un proceso penal a favor del exsuperintendente Carlos Muñoz. Por este evento, el juez José Luis Patán enfrenta antejuicio.

Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, señaló que la jueza debió evaluar el peligro de obstrucción a la justicia y el peligro de fuga antes de tomar una decisión, tal como lo señala el Código Procesal Penal.

La entrevistada también explicó que la Ley establece los criterios para fijar una caución económica a quienes sean beneficiados con medida sustitutiva, pero que no existe uniformidad al respecto en los fallos de los jueces, lo que causa confusión y duda en la población.

Oswaldo Samayoa, analista independiente, aclaró que la jueza tiene potestad legal para otorgar medidas sustitutivas según su criterio, pero advirtió que desde el punto de vista social, pero advirtió que este tipo de decisiones deja en evidencia los privilegios que gozan los criminales de cuello blanco.

“Hay personas que han cometido, o que se sospecha que han cometido delitos insignificantes, y que están guardando prisión preventiva, aunque podrían gozar de medida sustitutiva. Entonces, la pregunta que surge es ¿por qué el que comete delitos de cuello blanco, a él si se le aplica correctamente lo que dice la Ley? Esto lo que nos dice es que seguimos en un Estado que diferencia entre ciudadanos de primera y segunda clase”, explicó.