"Las leyes de transparencia se deben fortalecer y desde el Ejecutivo se pueden hacer las propuestas necesarias"

Combatir la corrupción parece una tarea de gigantes. El Gobierno que encabezaron Otto Pérez y Roxana Baldetti puso como bandera de su gestión la transparencia y la persecución a los corruptos, pero tras tres años de administración, lo que salta a la vista es todo lo contrario porque son sindicados por la Cicig y el MP, de encabezar la estructura defraudadora llamada La Línea.

Frente a estas circunstancias y cuando estamos a las puertas de que la población elija a un nuevo gobernante, el combate a la corrupción se plantea como la primera tarea que le espera a la nueva administración. Esta labor estará bajo el ojo vigilante de la ciudadanía, la que sin duda alguna, a la primera señal nebulosa, podría iniciar un movimiento depurador que está latente, porque todo lo acontecido en estas fechas es un caldo de cultivo para una explosión social.

Ante a estas circunstancias, hemos buscado entre diferentes sectores una respuesta acerca de cuáles deben ser las primeras o principales acciones que encabece el Ejecutivo para que inicie un proyecto de combate a la corrupción, efectivo y con resultados en el corto plazo.

CUMPLIR LA LEY
La primera tarea, coincidente entre los analistas consultados, es cumplir la ley y actuar con transparencia. Cumplir la ley significa que las normas vigentes, como la ley de acceso a la información, deben acatarse por todos los funcionarios públicos, especialmente los del Ejecutivo.

“Esta es una herramienta de fiscalización que se ofrece a la población, y el futuro gobierno debe pensar en otras, para que la ciudadanía ejerza su propia fiscalización y así los funcionarios sepan que los ojos de todos los guatemaltecos los vigilan”, opinó Roberto Alejos, actual diputado del partido Todos.

Esta postura coincide con la de José Carlos Sanabria, analista de la Asociación de Investigaciones Económicas y Sociales (Asíes), quien señala que las leyes de transparencia se deben fortalecer y desde el Ejecutivo se pueden hacer las propuestas necesarias.

Junto al tema de la transparencia, otra coincidencia es la relativa a la contratación de los servidores públicos, que debe efectuarse con base en la Ley del Servicio Civil y la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), porque las contrataciones por amistad y compromisos, han debilitado a las administraciones y no existe carrera de los servidores públicos.

“Hay que profesionalizar el servicio público. Pero no solo es reformar la Ley de Servicio Civil, sino el establecimiento de una legislación en la administración pública, que establezca la carrera con sus incentivos y sanciones”, opinó el analista Édgar Gutiérrez, del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (Ipnusac).

“Lo que debe hacer el próximo presidente es simplemente aplicar la ley; el reclutamiento de personal se debe hacer de acuerdo con la Ley de Servicio Civil”, afirmó por su parte María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

TRANSPARENCIA
Un área que en las anteriores administraciones gubernamentales crea muchas lagunas, es la relativa a la Ley de Compras y Contrataciones, porque pese a la creación del portal Guatecompras, lo que ha ocurrido es que se hizo realidad el dicho de “hecha la ley, hecha la trampa”.

“Eso de que en Guatecompras se suban contratos de madrugada, con tiempo corto para que solo determinados grupos participen, es no respetar la ley”, recalcó Aceña, al definir uno de los problemas detectados en la adquisición de servicios.

Al respecto existe una propuesta de reforma a esta ley que salió de la mesa de trabajo del Congreso que dirigió la diputada Ninet Montenegro, la cual cuenta con el aval de varios sectores y que está por ser conocida por el Pleno de legisladores.

“Es bastante aceptable. Se puede adoptar como base para un desarrollo congruente del reglamento y de un sistema de licitaciones en línea, a la vista de todos”, afirmó Gutiérrez, quien puso de ejemplo lo que ocurre en Ecuador, donde se logró disminuir el 40% de los costos del Estado y elevar la capacidad de supervisión de los bienes y servicios contratados.

Los entrevistados también coinciden en la necesidad de hacer otras reformas legales, incluso, como sugirió Alejos, pensar en la necesidad de modificar la constitución para fortalecer cambios que impidan componendas, como el tema de las comisiones de postulación.

“Debe continuar el cabildeo para que se reformen las leyes de seguridad y justicia, necesarias para la persecución y creación de una eficiente carrera judicial. La Corte debe impartir justicia, no administrar”, opinó el parlamentario de Todos.

Gutiérrez enfatizó en que la actual legislación “abre paso a mucha corrupción con expedientes administrativos y devolución de IVA a exportaciones”. Además de que es necesaria la reconstrucción de la Superintendencia de Administración Tributaria.

Otro punto a considerar, dijo Aceña, es que se haga efectiva la clara división de poderes para evitar que desde “el Congreso se puedan hacer chantajes con las obras”, lo cual se puede alcanzar con un mandatario que ejerza liderazgo, sea transparente y cumpla la ley.

Aldana: Contraloría debe cumplir función
En una entrevista otorgada el pasado miércoles, la fiscal general, Thelma Aldana, reiteró la necesidad de que cada institución cumpla su función y mencionó que pese a que a finales de junio la Contraloría General de Cuentas (CGC) anunció la creación de una “unidad especial” para atender asuntos de alto impacto y apoyar las investigaciones del Ministerio Público y la Cicig, a la fecha no hay acercamiento alguno por parte de la entidad fiscalizadora.
La CGC indicó en aquella fecha, que la unidad está integrada por 10 personas; entre ellos un abogado, siete auditores y dos ingenieros civiles. Pero se espera que por la carga laboral más auditores sean contratados.
Días antes de que el contralor Carlos Mencos informara de la creación de dicho grupo, en una entrevista con Siglo.21, publicada también a finales de junio, la fiscal Aldana dijo que en casos de corrupción graves, como el desfalco en la Subdirección de Apoyo Logístico de la Policía Nacional Civil y las plazas fantasma en el Congreso, la CGC, que tiene delegados en las instituciones públicas, no había detectado anomalía alguna.
Aldana explicó que la labor del MP y la Cicig contra la corrupción, es de sanción, pero el papel de la CGC debe ser preventivo, al alertar desde el principio de procedimientos anómalos o carentes de transparencia.