Hasta hace pocos meses, parecía que el mal de la corrupción era incurable. Que el refrán aquel de “no hay mal que dure 100 años ni enfermo que los aguante” no aplicaba para esa lacra enraizada profundamente en la historia de Guatemala. Desde la época de la Colonia, los puestos de corregidores eran vendidos por la Corona y los favorecidos cometían tal cantidad de tropelías, especialmente contra los indígenas, que en un año recuperaban la “inversión”.

Otro hito fue la reforma liberal. Barrios y sus compinches, gracias a la usurpación de las tierras ejidales, el trabajo forzoso y la piñata con los bienes expropiados a la Iglesia, se incorporaron de pleno derecho a la oligarquía terrateniente. Don Rufino robó tanto, que su viuda pudo comprar un marquesado en España. De la época de los conservadores se sabe poco, pero en la memoria colectiva quedó grabado que liberadores y conservadores no se diferenciaban mayor cosa cuando de aprovecharse del erario público se trataba. La Chalana, escrita en 1922, dice que a la Patria, “palabrota añeja por los largos explotada”, liberales y conservadores “le chupan inclementes la fuerza de la existencia”. E igualmente condena el papel del sistema de justicia: “vuestros jueces a millares que la justicia vendieron”.

Antes de la transición, durante los gobiernos militares, era de todos conocida la corrupción imperante en las aduanas, migración, los departamentos de compras de Caminos, Guatel, Obras Públicas y demás; el inmenso negocio que era el Comisariato del Ejército y las obras sobrevaloradas. Chulac, en tiempos de Lucas, se llevó las palmas. Varios cientos de millones de quetzales y no se dio un piochazo. Y otras grandes tajadas en la construcción de Puerto Quetzal y las fantasmales “Autopistas de Guatemala”. Qué decir de Serrano que robó lo suficiente para convertirse en un potentado en tierras panameñas.

Por todas esas historias y muchas más que podríamos mencionar, los guatemaltecos estábamos virtualmente resignados, no a sentir tristeza, sino que a tragarnos la cólera ante una corrupción cada vez más descarada y rapaz. A lo más que se llegaba era al señalamiento, vía el rumor. Pero se cumplía: “la vergüenza pasa, pero la plata se queda en casa”.  Por eso es que Pérez Molina y Baldetti, desde mucho antes de tomar posesión, estaban dispuestos a la acumulación de un capital de tal magnitud, que les permitiera ubicarse en el “top ten” de los ricos de Guatemala.

Las revelaciones del nuevo caso “Cooptación del Estado de Guatemala” terminan de confirmar que estuvimos ante el gobierno más corrupto de la historia de Guatemala. Y que, con tales pruebas, podemos abrigar la esperanza de que ese mal centenario se reduzca significativamente. Pero para que esto suceda faltan condenas. Y condenas largas, que sean cumplidas en un régimen carcelario particularmente severo, no en jaula de oro. Por eso preocupa la prisión domiciliaria otorgada recientemente por un juez a los sindicados por las plazas fantasmas del Congreso. Especialmente si tomamos en cuentas los antecedentes del juzgador. Cierto es que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla; pero una excepción inevitable debe ser en los casos de delitos cometidos por funcionarios públicos o en complicidad con ellos. Porque estando en libertad harán uso de todos los recursos maliciosos disponibles para retrasar los procesos y esperar que, como decía un político mafioso, “vengan tiempos mejores”. La presión social debe mantenerse implacable. Es ahora o nunca.

La presión social debe mantenerse implacable. Es ahora o nunca.