“No necesitar tecomates para nadar, pero en este caso si es necesaria la continuidad de CICIG”

A este pedido se sumaron ayer 32 organizaciones de la sociedad civil que por medio de un campo pagado rechazan que se condicione la permanencia de la comisión que dirige el colombiano Iván Velásquez.

Entre las entidades firmantes están la Convergencia por los Derechos Humanos, la Fundación Myrna Mack y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos.

Vian aclaró que la solicitud de prorrogar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es su opinión personal y menciona: “Si no hay una justicia justa (sic), ni seguridad para todos, nadie va a venir a invertir a Guatemala por el temor a exponerse a la situación de violencia que vivimos”, apuntó el religioso.

“Debe quedarse”
Las 32 entidades que suscriben el campo pagado a favor de la comisión indican: “La CICIG ha evidenciado la existencia y persistencia de grupos clandestinos y los ha enfrentado mediante diversas acciones legales. Junto al Ministerio Público ha implicado a 33 estructuras criminales y 161 funcionarios de gobierno, mediante 204 investigaciones”.

Las organizaciones también se quejan de la decisión del Gobierno de no incluir a la sociedad civil en el análisis de lo actuado hasta ahora por la CICIG y anuncian que harán una evaluación alternativa a la que oficialmente realizan el Organismo Judicial y el Ministerio Público.

Se trató de obtener una versión del Ejecutivo, por medio del vocero presidencial Jorge Ortega, pero no respondió las llamadas a su teléfono celular.