Pactos colectivos y despilfarro

Decíamos en la columna anterior que los pactos colectivos en el Estado son analizados de forma superficial por algunos, y absolutamente malintencionada por otros.

Demostramos con datos que no es cierta la cantaleta de los exagerados sueldos del magisterio como consecuencia de dichos pactos.

El maestro de la clase inicial apenas gana un tercio arriba del salario mínimo. Otra falsedad, que de tanto repetirla adquiere visos de verdad, es que el porcentaje del presupuesto del Mineduc destinado a remuneraciones es escandalosamente elevado.

Incluso el ministro de Educación (La Hora, 4/11/15) afirmó que llega al 84.1%. Según datos del Minfin en 2015 y en el proyecto de 2016 se destina el 77% al renglón de remuneraciones del personal.

Que un elevado porcentaje del gasto en educación se destine a sueldos es despilfarro. ¿No son acaso los docentes el factor más importante en el proceso de enseñanza? Cierto es que no hay que caer en los extremos y, en la medida en que se incremente el presupuesto del ministerio, debe evitarse que sobrepase los dos tercios del presupuesto.

En Costa Rica, el país que destina el más alto porcentaje del PIB a educación en América Latina (6.9% en 2013) el gasto en personal representa el 60%, pero el monto disponible es, en comparación, infinitamente mayor que en Guatemala, que solo destinó el 2.8% del PIB en ese año. Así que temporalmente la ministra Cynthia del Águila resolvió el tema clave de los salarios. Decimos temporalmente, porque será necesario hacer ajustes periódicos, para evitar grandes jalones en caso se estanquen.

Que lo haya logrado con el odioso de don Joviel y en medio de los mañosos arreglos de este con Pérez Molina, no le quita ni lo necesario ni lo meritorio.

Lo importante es que a partir de esa recuperación salarial se sentaron las bases para una relación equilibrada con el magisterio, que permita definir una hoja de ruta para alcanzar los 180 días de docencia efectiva, como mínimo, y mejorar la calidad de la misma.

Tarea clave del nuevo gobierno, que pasa por nombrar un ministro que no sea un enemigo declarado de los maestros. Alguien que, a partir de un buen entendimiento, tenga la fortaleza necesaria para alcanzar acuerdos beneficiosos para la educación pública.

Volviendo a los pactos colectivos, la contención de las exigencias en aumentos salariales y prestaciones por parte de los sindicatos tiene como condición indispensable, que haya una administración honrada, austera y transparente. No puede esperarse que los servidores públicos moderen sus pretensiones si los altos funcionarios (ministros, viceministros, directores generales, gerentes) incurren en un ofensivo despilfarro de los recursos de las instituciones.

Se dan la gran vida, utilizan flotillas de vehículos oficiales para el servicio de sus familias, crean plazas fantasmas o exigen parte del monto a los empleados (como se denuncia en el caso de la diputada Beltranena en Aeronáutica, con montos de hasta Q29 mil, o de Muadi en el Congreso), sobrecargan de personal innecesario (como los casi 100 contratos que tenía el ministro Villavicencio en la Unidad de Comunicación de Salud, que no comunicaba nada).

Viajes y publicidad innecesarios, costosas remodelaciones de los despachos, gasto ilimitado en teléfonos, publicidad, y así podríamos mencionar decenas o cientos de casos que evidencian el gasto dispendioso, ofensivo y delictivo a que es sometido el erario público. Tendrá autoridad moral para pedir moderación en las demandas sindicales, quien dé el ejemplo en racionalidad, probidad y calidad del gasto.