El exSecretario y el ex Viceministro

Según Iván Velásquez, titular de la CICIG, el trabajo de Farfán en uno de los tres casos en los que se le involucran, se inicia cuando el representante legal de Jaguar Energy Ernesto Córdova se contacta con él (Farfán), para que le facilite diferentes trámites y diligencias relacionados a la construcción de esa planta ubicada en Escuintla, a cambio de pagarle ciertas cantidades de dinero como recompensa.

El operador, aprovechando su influencia en el gobierno, se comunica con Gustavo Martínez para lograr que él como secretario privado de la Presidencia logre introducir en la agenda del presidente Otto Pérez las reuniones con el personal de Jaguar.

Asimismo, procura que la construcción de la planta no se vea interrumpida, impidiendo el ingreso del cónsul de China, quien tendría que verificar las condiciones de un grupo de 15 empleados de ese país que fueron golpeados cuando laboraban en el lugar en diciembre de 2013 y posteriormente trasladados a un albergue en condiciones inhumanas.

“Se tiene documentación del pago de US$120 mil a Martínez y Medina como recompensa por esas acciones, dinero que recibieron por medio de Karen Paola Cancinos, quien fue contratada como testaferro para recibir los honorarios”,  dijo.

En ese caso se involucra también al ahora ex Viceministro de Energía y Minas Edwin Ramón Rodas Solares, quien en su momento fue contactado por Martínez para colaborar y liberar cualquier acción que impidiera el desarrollo de la construcción de la planta, que en total pudo haber costado US$900 millones.

La CICIG considera que producto de la intervención de Martínez, Jaguar Energy logró la neutralización de la orden de migración para liberar a los trabajadores chinos, asimismo, para que no ejecuten la fianza por incumplimiento de plazos en la entrega de la construcción y retrasar las resoluciones sobre tarifas portuarias.

Por este tema fueron capturados bajo los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias y falsedad ideológica, Medina Farfán; por asociación ilícita y tráfico de influencias a Martínez Luna; Rodas Solares por asociación ilícita, a Karen Cancinos por lavado de dinero u otros activos, y se girará orden de captura internacional por asociación ilícita contra Ernesto Córdova, quien ha sido ubicado en Estados Unidos.

El Superintendente y el juez

El otro hecho en el que los entes investigadores involucran a Medina Farfán, se trata del desistimiento de un proceso penal de estafa propia, abuso de autoridad, peculado, concusión y fraude que se ventilaba en el Juzgado Décimo de Instancia Penal, en contra de Carlos Muñoz Roldán, quien en ese entonces era titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y quien ahora guarda prisión preventiva sindicado de ser uno de los cabecillas internos de la estructura de defraudación aduanera llamada La Línea.

Según el relato de Thelma Aldana, fiscal general y jefa del MP, Muñoz se comunicó en julio de 2014 con Farfán, quien a su vez contacta a la abogada Sandra Elizabeth Vargas Aldana para que, aprovechándose de la relación cercana que mantenía con el juez José Luis Patán Piché, logró perdonar de los delitos que en ese momento se le imputaban.

A cambio de desestimar el caso, Patán Piché solicitó dos plazas en la SAT para sus cuñados, cuyas solicitudes fueron concedidas y partir de octubre de ese mismo año uno de sus familiares inicia labores en la entidad tributaria.

Por esa acción, el MP y la CICIG solicitaron el antejuicio en contra del juez Patán Piché, por cohecho pasivo, además, se ordena la aprehensión en contra de la abogada Vargas Aldana y a Muñoz se le incluyen los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y falsedad ideológica.

el Intendente de Aduanas

En el último de esos casos en el que también se involucra a César Medina Farfán y a Carlos Muñoz Roldán, se trata de una negociación para beneficiar a la empresa Zeta Gas de Centroamérica, S. A.

Farfán fue contactado por dos ejecutivos de dicha empresa para que les ayude en la creación de un depósito aduanero cercano al Puerto Quetzal.

El proyecto tenía que pagar como mínimo una fianza por una póliza de eventualidades o cobertura de accidentes que ascendía a US$5 millones, pero como producto de esa negociación, ese pago fue modificado y la empresa canceló Q5 millones (US$650 mil).

“En esa situación es donde se vincula a Filadelfo Reyes, quien fungía como intendente de Aduanas de la SAT y que además es el es subsecretario de Planificación del Ministerio de Energía y Minas, también a Lidia Lucrecia Roca Morales, jefe de Gestión Aduanera, y de Carlos Muñoz, con el fin de obtener los privilegios solicitados a cambio de recibir un soborno, que hasta el momento no se ha establecido de cuánto fue, pero que la transacción está debidamente documentada”, expresó el Comisionado.

Aldana mencionó que Reyes intentó evadir a la justicia amparándose en la candidatura a diputado por el partido Todos y la inmunidad que le ofrece la ley, sin embargo, declaró que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó que hasta el momento no ha sido inscrito.

Comisión se desliga

>La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), por medio de un comunicado de prensa, se desligó de toda o cualquier vinculación entre las negociaciones de Jaguar Energy, Deocsa y Deorsa, más de las que la ley le ordena realizar que van encaminadas en velar por la generación de la energía eléctrica, mantener las tarifas, cumplir con las fianzas y cuotas establecidas y velar por el cumplimiento de los contratos.

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