SUSPENSIÓN DE ELECCIONES, ¿EN QUÉ CONDICIONES?

El añejo desgaste del sistema político guatemalteco se acentuó en los últimos meses tras el descubrimiento de los más escandalosos casos de corrupción que hayamos visto, aún en un país acostumbrado a que sus autoridades abusen del poder para beneficiarse a sí mismos. Muchos guatemaltecos hemos salido a las calles con reclamos dirigidos a una diversidad de actores. Al presidente, le hemos pedido que renuncie. A los diputados, que desarrollen una agenda reforma institucional que incluye, entre otros temas importantes, la reforma al régimen electoral y al sistema de partidos políticos. Esta última se relaciona con otra exigencia expresada hacia el órgano electoral por algunos manifestantes, y algunos grupos de intelectuales y académicos: La suspensión de las elecciones hasta la vigencia de las reformas solicitadas.

Se ha argumentado de sobra acerca de la inconveniencia de la suspensión de las elecciones. Uno de los casos más convincentes lo tiene Carlos Mendoza en esta columna publicada en Plaza Pública, en dónde recuerda que las elecciones constituyen hoy por hoy la única alternativa viable a la toma violenta del poder.

Quiero aportar a ese argumento.

Guillermo O’Donnell, quien estudió las transiciones de regímenes autoritarios a democráticos, particularmente en la América Latina de la última parte del siglo XX, al observar la consolidación de dichos regímenes, señaló la persistencia de instituciones informales como el particularismo y lo borroso de la frontera entre lo público y lo privado, que coexisten con las elecciones para crear lo que llama “democracias delegativas”. En el caso de Guatemala, esta combinación se manifiesta en dos males concretos, cuya existencia motiva a quienes desean que pospongamos las elecciones: El clientelismo y la corrupción.

Es natural entonces que exista una amplia insatisfacción con los resultados de la democracia. En su edición de 2014, el estudioCultura política de la democracia en las Américas utiliza dos variables de opinión pública para determinar el apoyo a la democracia en los países de América Latina: Tolerancia política y apoyo al sistema. La actitud de los ciudadanos hacia la democracia se evalúa en función del a combinación de esas dos variables. En los países en donde existe baja tolerancia política y bajo apoyo al sistema, se considera que el sistema democrático está en riesgo. El estudio indica que Guatemala tiene el menor porcentaje de ciudadanos con actitudes favorables a la democracia de toda América Latina. Menos que en Honduras, Haití, o Venezuela.

La pregunta que surge aquí es si los guatemaltecos estamos dirigiendo la crítica a las instituciones correctas. O si grupos distintos de ciudadanos –intelectuales y académicos por un lado, y ciudadanos de a pie por el otro- tienen visiones similares del problema y su camino de solución.

Es de suponer que quienes piden que se cambie la fecha de las elecciones buscan, con interés y vocación democrática, que estas se celebren en mejores condiciones. Sin embargo, la corrupción y el particularismo que señala O’Donnell no surgieron de la noche a la mañana, ni responden a un momento político particular, o a un determinado diseño de sistema electoral. La corrupción y el clientelismo son instituciones informales que persisten más allá de los cambios institucionales formales. Esto es, la modificación de la fecha de las elecciones no producirá la oportunidad para erradicar un conjunto de prácticas que existen independientes de ella.

Al contrario, la suspensión de elecciones en una sociedad en donde la gran mayoría no parece querer la democracia, abre la puerta para el autoritarismo. Si se considera que las manifestaciones en las que hemos participado en los últimos meses tienen algún peso porque comunican el sentir de los ciudadanos, y que esta presión ha tenido resultados en el comportamiento de la clase política guatemalteca, cabe preguntar sobre el tipo de resultados que podrán esperarse en el futuro de las movilizaciones de una ciudadanía con aparente vocación antidemocrática. ¿Qué ocurrirá cuando llegue la nueva fecha de las elecciones y nos enfrentemos ante la realidad de que lo que no cambió en 4 años (o en 30) tampoco cambió en dos meses? ¿Qué tipo de opciones se abren para una sociedad sin vocación democrática, una vez se libera de la camisa de fuerza que constituye la institución formal de las elecciones?

La democracia de baja calidad de Guatemala –con sus elecciones libres pero relativamente competitivas, con su apenas relativa existencia de medios independientes, con las limitaciones informales que existen a la libertad de expresión- es, al fin, una democracia y, como tal preferible a un régimen autoritario. Parte de su debilidad radica en su dependencia de la regularidad de las elecciones para sobrevivir. Si le quitamos a esta democracia las elecciones, la dejamos sin nada. El esfuerzo y la creatividad de quienes buscan cambiar la fecha de las elecciones servirían mejor a sus propias convicciones si se enfocasen en dos sentidos distintos, menos ambiciosos pero también menos arriesgados: Hacer estas elecciones mejores que las anteriores, mediante el apoyo a la purga de los candidatos corruptos en los listados actuales y la información a los demás ciudadanos sobre las consecuencias de elegir una u otra opción; y contribuir a la construcción futura de un sistema político menos clientelar y corrupto a través del apoyo y la exigencia de una reforma institucional profunda.

O’Donnell, Guillermo. Ilusiones sobre la consolidación. Nueva Sociedad, No. 144. Julio-Agosto de 1996, pp. 70-89

Azpuruh, D. y Zechmeister, E. Cultura política de la democracia en Guatemala y las Américas: Gobernabilidad democrática a través de 10 años del Barómetro de las Américas, 2014. Universidad Rafael Landívar, Americas Barometer, Latin American Public Opinion Project, Vanderbilt University. 2015.