POR SAIRA RAMOS
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Independientemente de que nuestra Constitución garantice la independencia de poderes, en Guatemala, nuestras cortes de justicia han estado en manos de políticos desde, al menos, el 2004 a la fecha. Todo con la intención de garantizar impunidad, algo que lograron los gobiernos de Berger y Colom, pero que falló en el de Pérez por el papel que han jugado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el nuevo Ministerio Público, que han denunciado y evidenciado complejas redes ilegales configuradas para enriquecerse con la corrupción.

Política y la corrupción no son sinónimos, porque el primer término se refiere a la actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos, y la segunda a la acción y efecto de corromper, es decir, alterar y trastocar la forma de algo, según el Diccionario Real Academia Española.

Sin embargo, en Guatemala ambos aspectos se han mezclado formando pactos de impunidad que han salido a la luz, tras las declaraciones de los actores y funcionarios que han sido parte de los mismos, además de los develados por la CICIG con la ayuda del Ministerio Público (MP).

Los analistas Edwin Xol, José Carlos Sanabria y Javier Monterroso (exsecretario del MP y candidato a diputado por TODOS) explican que las alianzas que se han confabulado en los últimos Gobiernos están ante la mirada del ente internacional que Iván Velásquez tiene a su cargo, pese a las manifestaciones y declaraciones en contra de esa labor.

LAS CORTES DE PP Y LIDER

Los aparentes acérrimos enemigos políticos, Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Lider), el 25 y 30 de septiembre del 2014, alcanzaron acuerdos para elegir a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a los 126 profesionales que están a cargo de la Sala de Apelaciones.

La intervención de la alianza bipartidista recibió el rechazo de las organizaciones sociales que vigilaron el proceso, así como también por ciudadanos que afirmaron que ese pacto garantizaría beneficios a las dos agrupaciones políticas tras las acciones de las que pudieran ser objetos, como se ha visto en las últimas semanas.

La decisión que dejó en firme la Corte de Constitucionalidad (CC) pese a las denuncias y pruebas presentadas por la exmagistrada Claudia Escobar Mejía, han comenzado a desvanecerse poco a poco, expresa el analista independiente Edwin Xol, resaltando que nada habría sido posible sin la intervención de la CICIG y la presión ciudadana.

“Hemos visto que el MP y la CICIG han solicitado antejuicios contra funcionarios que probablemente en otras circunstancias habrían salido beneficiados por las cortes que fueron electas por PP y Lider. Sin embargo, hoy, vemos que una acción viciada ocasionaría una respuesta negativa en la ciudadanía”, destacó Xol.

El analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), José Carlos Sanabria, opinó igual que Xol y añadió que los escándalos de corrupción habrían sido opacados por cualquier otra noticia que sucediera, por la postura del partido político o empleado público señalado, o bien, por una demanda contra el denunciante, pero la ciudadanía ya no aceptaría una actuación viciada.

A manera de ejemplo, el juez pesquisidor del diputado Baudilio Hichos, el vocal segundo de la Sala de Apelaciones del Ramo Penal del Organismo Judicial, fue electo por 117 votos, de los cuales 83 votos provinieron de Lider y Partido Patriota; 42 diputados de Lider y 41 diputados del PP, además de 13 de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); 7 de TODOS; 6 independientes; 4 de Compromiso, Renovación y Orden (CREO); 2 de la Gran Alianza Nacional (Gana), hoy miembros de Lider; y uno por el Partido Unionista y la Unión del Cambio Nacional (UCN).

LAS CORTES DE SANDRA

En la reciente elección de cortes, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) fue uno de los partidos políticos que más criticó las acciones del PP y Lider, sin embargo a dicha agrupación se le ha olvidado el papel que jugó en la elección de cortes del 2009 y que fue admitido por el mismo Manuel Barquín a la embajada de Estados Unidos, quien fue candidato a diputado de la alianza UNE-Gana.

La Hora reprodujo parte de ese cable el 27 de septiembre del 2011 (http://lahora.gt/hemeroteca-lh/barquin-confirma-que-sandra-torres-tuvo-su-lista-de-candidatos-a-magistrados/):

“Lo que en su momento fue algo que inició como un secreto a voces y que en aquellos días del 2009 salió a luz, en el sentido que Sandra Torres, César Fajardo, Roberto López Villatoro (El Rey del Tenis) y Gloria Torres incidieron de manera directa en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, es algo que hoy el diputado electo por alianza UNE-Gana, confirmó a la Embajada de los Estados Unidos en el 2009. La incidencia dejó en evidencia cómo se trazó una estrategia política de cara al plan de participación del oficialismo en las pasadas elecciones, al tiempo que desveló que la independencia de poderes es aún un concepto teórico incoherente con la realidad y sacó a luz pública la debilidad de un sistema de comisiones de postulación en el que prevalecen los poderes políticos, sobre los principios académicos y jurídicos”, se lee en la publicación.

La designación de los magistrados de la Corte de Apelaciones correspondió a una lista de juristas que fue consensuada entre las bancadas del Congreso, bajo la dirección de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y su lideresa, Sandra Torres, exesposa de Colom, con la aprobación del presidente Álvaro Colom.

El cable de WikiLeaks, fechado el 9 de noviembre del año dos mil nueve, establece en su parte conducente lo siguiente: “El Cosecretario General de la Gana, Manuel Barquín, dijo al personero de la embajada que él y el cosecretario general Jaime Martínez Lohayza reconocieron muy tarde, que en el proceso de selección de magistrados, fue un error haber apoyado la lista de candidatos de la Primera Dama, Sandra de Colom”. Además se lee en el cable que Barquín dijo que lo habían hecho en el espíritu de mantener la alianza de trabajo con el partido oficial UNE.

Aunque esto sucedió a finales del año 2009, dos años después, en la pasada campaña electoral, se pudo observar cómo estas designaciones en el Organismo Judicial respondían a los intereses partidarios oficialistas y a los deseos de la ex primera dama, Sandra Torres, por llegar a liderar la primera magistratura del país.

Lo expresado para José Carlos Sanabria solo tenía un objetivo: asegurar impunidad en las cortes y demás instituciones para que en el futuro, como sucede ahora, los aludidos pudieran verse beneficiados. Sin embargo, el entrevistado cree que ante las denuncias del MP y la CICIG la ciudadanía está vigilante al punto que no permitirá que los señalados, sean favorecidos o redimidos en el caso de que sus acciones lleguen a la corte.

EL PACTO DE LA CAMA

En Guatemala la forma en que los partidos como PP y Lider eligieron a magistrados del Organismo Judicial (OJ) en 2014 no es nueva, ya que diez años atrás, en 2004, los diputados al Congreso lo hicieron de igual manera y previo a ello, lo discutieron “alrededor de una cama”, según las declaraciones de la exvicepresidenta Roxana Baldetti publicadas en La Hora el 19 de septiembre del 2014 (http://lahora.gt/baldetti-alrededor-de-una-cama-se-discutio-la-eleccion-de-cortes-en-2004/)

Según la vicepresidenta Roxana Baldetti, hace diez años la forma de nombrar a jueces y magistrados para la Corte Suprema de Justicia y las Salas de las Cortes de Apelaciones para el período 2004-2009 fue “a dedo”, en secreto y en contubernio con otros jefes de bancada, dejando en evidencia el tráfico de influencias que ejercen operadores políticos en estos procesos.

“Esta es una anécdota la que le voy a contar. La primera vez que se eligió una Corte, la elegimos alrededor de una cama en el (hotel) Vista Real y yo estaba asustada, sorprendida. Yo era jefa de bloque del Partido Patriota y un día me llaman y me dicen que nos juntaríamos en el Quinta Real, que así se llamaba todavía, en la suite tal para ver lo de la Corte y les dije bueno”, expresó Baldetti.

La exfuncionaria prosiguió: “Cuando ya estaba ahí empezaron a decir cuántos diputados tenés tú, cuántos vos, cuántos vos… ¡Ah! bueno entonces así les toca y póngalo en esta lista. Todo fue alrededor de una cama, como no cabíamos en la salita, todo mundo nos sentamos y nos dijeron a vos te toca elegir tantos. A mí como teníamos ocho (diputados), me tocaba medio (voto), pero me dieron uno, pero dije que no estaba de acuerdo y porque no conozco a ninguno”.

LOS BENEFICIOS DE LIDER Y DEL PP

En la actual legislatura, varios han sido los señalamientos contra los diputados al Congreso. No obstante, estos habían quedado solo en denuncias hasta que la Comisión Internacional con equipo de audio y video evidenció los actos de corrupción que ahí se manejaban. Los señalamientos han sido contra siete legisladores, seis de ellos del Partido Lider y uno de Compromiso, Renovación y Orden (CREO).

Los primeros tres legisladores del grupo rojo: Mario Yanes, Luis Chávez y Mirza Arreaga son acusados de abuso de autoridad y tráfico de influencias. En las pruebas que presentó la CICIG se escucha cómo los aludidos negociaron en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), adjudicaciones a cambio de obtener beneficios sin importar que los recursos provinieran del Estado.

Según el analista Xol, las escuchas y videos evidencian la verdadera actuación de los diputados, además muestran con claridad que los señalamientos, golpes y gritos solo son parte de un “show político” porque en las pruebas se muestra cómo los diputados llegaron a acuerdos con Emilennee Mazariegos del PP con quien “tienen diferencias” y con Sofía Hernández del Partido Lider.

La acción de los congresistas, para Sanabria, no es nada nuevo, ya que recuerda cómo durante la última legislatura los diputados de Lider y PP unieron sus fuerzas aprobando el Presupuesto General de la Nación 2015, eligieron a las mencionadas cortes, designaron a Carlos Mencos como contralor general de cuentas, avalaron préstamos internacionales, dieron luz verde a leyes polémicas como la de telefonía, túmulos y vegetales.

“Todo esto han hecho para garantizarse impunidad. Todos los Gobiernos lo hacen, sin embargo, todo está quedando ante la lupa de la CICIG que previo a las elecciones está poniendo a la luz todos los actos de corrupción. Los guatemaltecos deben castigar a los políticos y una forma de hacerlo es no votando por ellos. El comisionado y la fiscal del MP -Thelma Aldana- ya lo dijeron en una oportunidad”, dice Sanabria.

LA DEMANDA Y PROPUESTA

Ante la desarticulación de redes dedicadas a la corrupción, la ciudadanía ha salido a las calles cada fin de semana para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y su gabinete de Gobierno, así como demandar reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para sanear el sistema político-electoral y retrasar las elecciones programadas para el 6 de septiembre.

A decir de los analistas Xol y Sanabria, los cambios son importantes y deben realizarse a la brevedad por el Congreso bajo la supervisión guatemalteca y de las organizaciones sociales, sin embargo, a esa modificación se debe agregar la del sector justicia que lleva a que las cortes sean independientes y que las mismas hagan valer las leyes sin importar quién sea el juzgado.

Pero para llegar a este objetivo, Javier Monterroso explica que se requiere de un solo cambio y es reformar la Carta Magna en la parte de justicia porque es algo que se demanda. El entrevistado indicó que si esa parte constitucional no recibe una reforma, será “obvio y legal que los distintos Gobiernos realicen pactos entre ellos para nombrar cortes” continuando con el círculo vicioso que se ha manifestado hasta ahora.

¿LE FALLAN AL OFICIALISTA QUE SALE?

Entre tanto, el experto cree que no todas las elecciones que se dan entre partidos políticos son beneficiosas para los oficialistas, ya que recuerda que pese a que Gloria Torres fue la operadora de la UNE para elegir magistrados, los mismos decidieron no inscribir a su hermana como candidata a la Presidencia.

Y ahora que las cortes fueron electas por PP y Lider, los magistrados de la CSJ no favorecieron al oficialismo, ya que dieron trámite a la solicitud de antejuicio contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti y contra el presidente Otto Pérez Molina tras una denuncia interpuesta por el diputado Amílcar Pop Ac, del Movimiento Winaq.

“Hemos visto que el MP y la CICIG han solicitado antejuicios contra funcionarios que probablemente en otras circunstancias habrían salido beneficiados por las cortes que fueron electas por PP y Lider. Sin embargo, hoy, vemos que una acción viciada ocasionaría una respuesta negativa en la ciudadanía”.
Edwin Xol
Analista

“Esta es una anécdota la que le voy a contar. La primera vez que se eligió una Corte, la elegimos alrededor de una cama en el (hotel) Vista Real y yo estaba asustada, sorprendida. Yo era jefa de bloque del Partido Patriota y un día me llaman y me dicen que nos juntaríamos en el Quinta Real, que así se llamaba todavía, en la suite tal para ver lo de la Corte y les dije bueno”.
Roxana Baldetti
Exvicepresidenta

“Todo esto han hecho para garantizarse impunidad. Todos los Gobiernos lo hacen, sin embargo, todo está quedando ante la lupa de la CICIG que previo a las elecciones está poniendo a la luz todos los actos de corrupción. Los guatemaltecos deben castigar a los políticos y una forma de hacerlo es no votando por ellos. El comisionado y la fiscal del MP -Thelma Aldana- ya lo dijeron en una oportunidad”.
José Carlos Sanabria
Asies