Una salud pública enferma

Esto permite concluir que los recursos destinados a la salud preventiva y curativa son claramente insuficientes. Una funcionaria del Ministerio de Salud indicaba la semana pasada que tenemos 994 puestos de salud, para atender a más de 7 millones que viven en alrededor de 14 mil comunidades rurales. El último hospital nacional –el Roosevelt – fue habilitado entre 1955 y 1960. Cierto que es más conveniente la medicina preventiva, pero en un pueblo atacado por las enfermedades de la pobreza y que ya está siendo afectado por las crónicas, producto del aumento de esperanza de vida, es indudable que no podemos continuar con la dotación hospitalaria actual. En 2011, según el Banco Mundial, teníamos 0.6 camas por cada mil habitantes, y Costa Rica 1.2. Desde cualquier ángulo que lo veamos, nos duplica. Y a esto agreguemos la gestión presupuestaria. Entre enero y agosto de 2014, al MSPAS solamente le trasladaron el 58% de los recursos solicitados (Q2,058 millones de Q3,545 millones).

El otro mal es el de las sanguijuelas, garrapatas y demás parásitos que le chupan la sangre. El mayor volumen se lo lleva la corrupción en la compra de medicinas, alimentos y demás insumos. En 2013, el 78%, y en 2014, el 66% de los contratos adjudicados fueron por procedimientos no competitivos. Le siguen el despilfarro en gastos y plazas superfluas –también se hacía referencia en estos días a las docenas de “asesores” de los anteriores ministros– que consumen parte importante de lo que corresponde al gasto en personal.

Buena parte de la artillería pesada ha sido dirigida al pacto colectivo que tiene abusos evidentes, como el aumento de feriados y permisos, incluyendo el exagerado número asignado para actividades sindicales, los viáticos que se recetó el ministro Villavicencio y los honorarios pagados al asesor del sindicato, pero el mal ejemplo de los funcionarios, sumada a la complacencia para asegurarse el frente interno, exacerban las demandas. Pero en el tema salarial, en una situación similar a la que ya señalamos sobre el magisterio, el pacto es analizado de forma superficial o malintencionada. De no ser por dicho pacto, una enfermera (clasificada como paramédico) ganaría un máximo de Q1,682 mensuales, y un profesional III con 7 horas Q3,287. Con los bonos de los pactos colectivos, según información que usted puede consultar, llegan, respectivamente, a la escandalosa suma de Q4,398 y Q8,336, y con 20 años de servicio el médico III llega a la ofensiva cifra de unos Q13 mil mensuales. Realmente algo inadmisible en un país que se pueda dar el lujo de pagar $18 mil mensuales, más todo incluido, al infortunado personaje que llega a ocupar la presidencia o Q29 mil, más extras, a un abnegado parlamentario.