¡Y dale con los salarios muertos de hambre! (I)

Pedí a varios amigos que mencionaran dos medidas acertadas tomadas por el presidente Morales en los primeros 40 días de su gobierno, y la primera expresión era de duda y sorpresa ante algo que, aparentemente, carece de respuesta.

Ninguno identificó algo relevante o trascendental, que también dé una pista sobre lo que podemos esperar en los próximos cuatro años. De mi parte, en esta columna, señalé hace dos semanas que era una acertada decisión dejar sin efecto los acuerdos gubernativos que fijaron los tristemente célebres “salarios mínimos diferenciados”.

Pero, como sucede muchas veces en la vida, lo que se hace con la mano se borra con el codo. Unos días después, el Ministro de Economía indicó que, atendiendo el clamor de los alcaldes de los cuatro municipios “beneficiados”, se haría una revisión del tema, para ofrecer soluciones a esos municipios y a otros en similares circunstancias. Viene a la mente otro dicho: “Piensa mal y acertarás”.

Puede uno suponer que la derogatoria de los acuerdos buscó evitar un fallo adverso de la Corte de Constitucionalidad, que enterraría definitivamente la malhadada idea.

Antes de que la bomba de la corrupción le estallara en las narices a Pérez Molina, dijimos que pasaría a la historia por haber tomado una de las medidas más regresivas en material laboral —si no es que la más regresiva— de los últimos 70 años.

También Maldonado Aguirre se sumó al cortejo, pues fuera de la perorata de Guastatoya, poco se recordará de su fugaz y anodino paso por la presidencia. Y, según se ve, es posible que el gobierno de Jimmy Morales vuelva a intentarlo.

Asombra la poca creatividad de los allegados al sector privado que promueven “soluciones” como esos salarios de hambre.

Me resisto a creer que los verdaderos empresarios y ejecutivos conscientes de los intolerables niveles de pobreza y desigualdad existentes en Guatemala —conozco la opinión de varios de ellos— piensen que se podrá aumentar el empleo y la formalidad con disposiciones que solamente conducen a la precariedad del trabajo, al incremento desmedido de las ganancias de unos cuantos empresarios y al cierre de posibilidades para el desarrollo de una genuina economía de mercado, socialmente responsable.

Y para implantarlos a rajatablas, a contrapelo de una opinión pública que, especialmente después de la disparatada defensa que hizo Maldonado Aguirre, les es desfavorable, resultan con el embuste de que surgieron por iniciativa de los alcaldes.

La idea –copiada de los salarios mínimos regionalizados, implantados en Honduras en 2007, en cinco departamentos de los 18 que tiene ese país —fue esbozada en la Política Nacional de Empleo– Generación de empleo seguro, decente y de calidad 2012-2012 del gobierno de Pérez Molina, que planteaba “garantizar la congruencia entre la realidad productiva y competitiva de la población y de las distintas regiones del país”.

Posteriormente, en una presentación del Ministerio de Economía, de septiembre de 2013, se mencionaban tres acciones para buscar el pleno empleo.

Una de ellas era crear un “régimen salarial de garantías” para llevar los beneficios del empleo formal al interior del país”, a través de las “zonas especiales de desarrollo económico” previstas en la iniciativa de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, presentada por Pérez Molina en enero de 2013.

O sea que todo era un plan fríamente calculado para ofrecer un paraíso a los inversionistas: bajos salarios, cero impuestos y, de ribete, una devaluación monetaria como lo que sugirieron recientemente (continuaremos).