Resulta interesante analizar el sistema de postulación de los candidatos a elección pública: normalmente los dirigentes argumentan ser proclamados por las bases y los afiliados del partido, con el interés de demostrar que las organizaciones partidarias son instancias democráticas y participativas, sin embargo son numerosas las voces de los ciudadanos que no se sienten escuchados en estas decisiones.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) contempla algunas bases mínimas de democracia a lo interno de los partidos políticos, estableciendo el sistema piramidal de asambleas municipales, departamentales y nacionales, en donde el órgano máximo del partido es la Asamblea Nacional, integrada por delegados de las asambleas municipales. Estas asambleas municipales nombran a su vez a los delegados para la asamblea departamental.

A la asamblea municipal le corresponde postular candidatos a alcalde; a la departamental, los candidatos a diputado distrital; y a la nacional, los candidatos a presidente y vicepresidente, diputados por lista nacional, y diputados al Parlacen. No obstante, estas asambleas suelen ser manipuladas por algunos dirigentes, de modo que los afiliados no tienen capacidad para influir en las decisiones que se toman. Asimismo, si los resultados no son satisfactorios para la dirigencia nacional del partido, esta puede cancelar la organización local y nombrar al candidato, sin tomar en cuenta a los afiliados.

En promedio, los partidos se organizan en el 20 por ciento del territorio nacional. Ello significa que los candidatos del restante 80 por ciento de municipios y departamentos, son nombrados por la asamblea nacional, controlada por la cúpula del partido. Estas prácticas sistemáticas evidencian la discrecionalidad y la centralización dentro de los partidos políticos, que afectan la legitimidad y la representatividad de los candidatos. De esa cuenta, las organizaciones partidarias se convierten en meras maquinarias electorales para llegar al poder, y son susceptibles de ser instrumentos en manos de agentes privados para su propio beneficio.

Este fenómeno se ilustra actualmente con el salto sorpresivo de algunos candidatos de un partido a otro, buscando aumentar sus posibilidades electorales. Algunas veces, el “salto” responde a fricciones y diferencias internas que no lograron ser resueltas. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, obedece a razones personales y oportunistas, más que a diferencias ideológicas o programáticas. Una efectiva democracia interna en los partidos facilitaría la resolución de conflictos internos, pero también impediría que candidatos advenedizos ingresen a las organizaciones desplazando a los liderazgos existentes.

Ahora que el proceso electoral inició y los partidos están inscribiendo a sus candidatos, es necesario promover el debate sobre la forma en que son electos, evidenciando las prácticas poco democráticas que utilizan. Las reformas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos que el TSE impulsará el próximo año deben incluir reglas para garantizar una real y activa participación de los afiliados, reducir el poder discrecional de la cúpula partidaria y organizaciones democráticas y que los afiliados tengan voz y voto.